La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 con respecto a los niveles de 1990, lo que implica la compra de créditos de carbono extranjeros para cubrir el 5% de los recortes, según informó el miércoles el Parlamento Europeo.
El acuerdo exigirá que las industrias de la UE reduzcan sus emisiones en un 85% y, a partir de 2036, que los países de la UE paguen a terceros países para que reduzcan las emisiones en su nombre y compensen el resto.
El Parlamento Europeo y los países de la UE deben aprobar cada uno el objetivo para que se convierta en ley, lo que suele ser una formalidad que se salda con acuerdos previos.
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El acuerdo supera los compromisos de reducción de emisiones de la mayoría de las grandes economías. Aun así, el objetivo no llega al recomendado por los asesores científicos de la UE en materia de cambio climático y es más débil que el original, lo que refleja el desacuerdo entre los Estados de la UE sobre la velocidad y el coste de su programa ecológico.
"Este acuerdo demuestra que clima, competitividad e independencia van de la mano y envía un poderoso mensaje a nuestros socios mundiales. Hemos llegado a un acuerdo sobre una legislación climática firme, pero realista", dijo en un comunicado el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra.
El objetivo representa un compromiso político tras meses de negociaciones en las que Gobiernos como los de Polonia, Eslovaquia y Hungría se opusieron a mayores recortes de dióxido de carbono por considerarlos demasiado extenuantes para las industrias de cada Estado miembro que luchan contra los altos costes energéticos, las importaciones chinas más baratas y los aranceles estadounidenses.
Otros miembros de la UE, como Países Bajos, España y Suecia, adujeron el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de alcanzar a China en la fabricación de tecnología ecológica como razones para el elevado objetivo.
Para ganarse a sus detractores, la UE también acordó debilitar otras políticas climáticas políticamente sensibles, como retrasar un año, hasta 2028, la puesta en marcha de un precio del carbono para los combustibles.
Con información de Reuters
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