El gobernador Ricardo Quintela anunció una “profunda reestructuración del Estado” en La Rioja, con una revisión de ministerios y secretarías, junto a un paquete de restricciones para funcionarios que apunta a recortar gastos operativos en medio de la asfixia financiera que provoca la retención de fondos por parte del Gobierno nacional.
Entre las medidas anunciadas, Quintela limitó viáticos y salidas al exterior a casos excepcionales con autorización expresa del Ejecutivo y prohibió las vacaciones fuera del país para funcionarios durante su mandato: "No quiero que ningún funcionario salga fuera del país. Y si a alguno no le gusta, que presente la renuncia y que se vaya. Es una señal fuerte a la sociedad".
Otra de las medidas es que, desde el rango de subsecretario hacia arriba, no se utilicen vehículos oficiales y que los traslados se realicen en autos particulares; en viajes de gestión, solo ministros y algunos secretarios podrán volar debido a la necesidad de no dejar sus carteras por mucho tiempo, mientras el resto deberá usar viajar en transporte terrestre.
En paralelo, el mandatario adelantó que su administración trabaja en el “congelamiento y posible eliminación de vacantes” en el sector público, una decisión vinculada a la alta cantidad de trabajadores precarizados con reclamos históricos de regularización, hoy frenados por las limitaciones económicas.
La deuda de Nación con La Rioja
El anuncio de Quintela se da frente a la deuda que Nación mantiene con la provincia, donde el Gobierno nacional mantiene una deuda superior a los 1.400 millones de dólares con la Provincia de La Rioja por fondos de coparticipación retenidos desde noviembre de 2023, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia de conciliación obligatoria. Allí, la provincia expuso su reclamo por el punto de coparticipación no reconocido, en un conflicto de alto impacto político e institucional que se sustenta en el incumplimiento del Presupuesto nacional.
En diálogo con El Destape, antes del fallo en horas de la tarde de la Corte Suprema, Quintela explicó que lo que se presentó en 2017, por el exgobernador Sergio Casas, fue un reclamo para que la Nación reconozca e incluya cada año esos fondos en el Presupuesto nacional, como compensación por los que se quitaron en 1988.
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Por otro lado, subrayó que otro de los reclamos de la Provincia ante la Corte Suprema es la deuda que mantiene la Nación por el no reconocimiento de lo que estaba establecido en los distintos presupuestos nacionales, incluido el Presupuesto 2023.
En ese sentido, el gobernador aseguró que desde la provincia siempre hubo “voluntad de diálogo”, aunque advirtió que debe tratarse de “un diálogo constructivo, que respete las circunstancias y mantenga firme la posición de la provincia, como se hizo hasta la fecha”.
Cómo fue la reunión de conciliación
Por parte de los legisladores, la reunión tuvo la presencia de los diputados nacionales Gabriela Pedrali, Sergio Casas, Hilda Aguirre de Soria, Ricardo Herrera y Gino Visconti; y los senadores Fernando Rejal, Florencia López y Juan Carlos Pagotto. También estuvo presente en representación del Gobierno de La Rioja el jefe de Gabinete, Juan Luna, mientras que por parte del Gobierno nacional participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Menem.
La convocatoria partió del Gobierno de La Rioja como una señal clara de voluntad de diálogo institucional y responsabilidad política frente a la falta de respuesta por parte de Nación en el envío de estos fondos. En este sentido, se remarcó que el hecho constituye un incumplimiento de una obligación histórica que fue reconocida durante más de dos décadas por sucesivos gobiernos nacionales, como respuesta al reclamo que se origina en la quita del punto de coparticipación en 1988.
En la reunión, las autoridades riojanas insistieron en la necesidad de que el Presupuesto nacional actualmente en debate reincorpore la compensación correspondiente, dado que se trata de recursos esenciales para el funcionamiento del Estado provincial. Asimismo, subrayaron que estos fondos no representan un beneficio coyuntural para una gestión, sino un derecho que pertenece al conjunto de las riojanas y los riojanos.
Por otra parte, se remarcó que la deuda incide directamente en la estabilidad financiera de la Provincia, destacando la importancia de sostener una postura unificada más allá de las diferencias partidarias o pertenencia política, lo que exige una acción coordinada. En este punto, se reafirmó que La Rioja necesita previsibilidad y acompañamiento institucional, y que la definición respecto de la inclusión de los recursos en el Presupuesto recae en quienes ocupan posiciones claves dentro del proceso legislativo nacional.
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