Ministros europeos adoptaron el viernes una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que podría facilitar algunas deportaciones de migrantes, incluso a "centros de retorno" en terceros países, pero que, según los críticos, debilitará la protección de los derechos humanos.
La declaración se produce tras quejas de los Estados miembros en los últimos años de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha impedido a los países expulsar por la fuerza a ciudadanos extranjeros condenados por delitos o a solicitantes de asilo rechazados.
La declaración, adoptada en la sesión anual del Comité de Ministros del Consejo de Europa en Moldavia, matiza los derechos recogidos en los artículos 3 y 8 del Convenio, que se refieren a la protección contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, y al derecho a la vida privada y familiar.
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Aprueba la cooperación con terceros países en materia de inmigración, incluidos los "centros de retorno", siempre que dichos países respeten el Convenio de Derechos Humanos.
Establece que la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes es absoluta, pero que "la evaluación del nivel mínimo de gravedad del maltrato que constituye un trato o pena inhumanos o degradantes es relativa y depende de todas las circunstancias del caso".
Veronika Fikfak, profesora de Derechos Humanos y Derecho Internacional en el University College London, dijo que la interpretación del artículo 3 que hace la declaración supone un cambio significativo y diluiría las protecciones contra la tortura.
"Dice que (la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes) es absoluta, pero luego utilizan palabras para equilibrar y ofrecer una interpretación relativa, lo cual es incompatible con el espíritu del artículo 3: un derecho absoluto no puede contener ningún elemento de relatividad o equilibrio", dijo.
En cuanto al artículo 8, la declaración establece que los Estados pueden expulsar a ciudadanos extranjeros a pesar de su derecho a la vida privada y familiar, siempre que ello se equilibre con un objetivo legítimo, como la seguridad nacional, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigiría "razones de peso" para anular la decisión de un Estado.
El Consejo de Europa, compuesto por 46 miembros, se creó tras la Segunda Guerra Mundial para defender los derechos humanos y el Estado de derecho.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, acogió con satisfacción la declaración y dijo que serviría de guía para la labor del Consejo, así como de las autoridades nacionales y los tribunales de cada país.
"Hemos logrado reunir a países de toda Europa, con diferentes puntos de vista y experiencias, para acordar una posición común sobre cómo debería funcionar mejor el sistema, especialmente en el difícil contexto de la migración", dijo en un comunicado.
Con información de Reuters
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