Por Victoria Waldersee y Corina Pons
1 jul (Reuters) - La ley española de reparaciones, que concede a los descendientes de españoles el derecho a la nacionalidad, ha desatado un acalorado debate político, en el que figuras de la oposición de derechas acusan al Gobierno de intentar influir en las elecciones del año que viene con nuevos votantes.
Hasta la fecha, al menos 544.722 personas han obtenido la ciudadanía en virtud de la ley aprobada en 2022, y 306.000 se han inscrito en el censo electoral, según datos del Gobierno. Quedan por tramitar unas 650.000 solicitudes.
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Esta semana, políticos de derechas acusaron a los socialistas, sin aportar pruebas, de interferir en las solicitudes procedentes de países cuyos ciudadanos eran menos propensos a apoyarlos, y de inscribir a nuevos votantes en zonas clave para asegurarse más escaños. El partido de extrema derecha Vox pidió el martes que se suspendieran todos los votos por correo procedentes del extranjero.
Esta retórica, que replica las afirmaciones de Jair Bolsonaro en Brasil y de las acusaciones del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre sistemas electorales amañados antes de las principales votaciones, surge en un momento en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a presiones para convocar elecciones anticipadas antes de agosto de 2027, en un contexto de bloqueo parlamentario y escándalos de corrupción en su círculo más cercano.
Las encuestas apuntan a que el Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, será la formación más votada, pero necesitará el apoyo de Vox para gobernar.
"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. (...) Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", dijo el lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una emisora de radio española.
El Gobierno español rechazó la acusación de Feijóo, calificándola de profundamente irresponsable, y señaló que no tiene competencia sobre el lugar en el que los nuevos ciudadanos se inscriben para votar. El plazo de solicitud se cerró el pasado mes de octubre.
Asimismo, acusó a figuras de la oposición de confundir la ley con la campaña de amnistía de tres meses de España, que concede la residencia legal —pero no la nacionalidad ni el derecho al voto— a los inmigrantes indocumentados, después de que Vox alegara que dicho plan era otro intento encubierto de alterar el equilibrio electoral.
AMPLIACIÓN DE LAS REPARACIONES
La ley de Memoria Democrática se basa en una medida de 2007 que concedía la nacionalidad a los nietos de aproximadamente medio millón de exiliados de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco, así como a los descendientes de primera generación de españoles en el extranjero.
En 2022, el Gobierno de Sánchez amplió los derechos de nacionalidad a los hijos mayores de edad de quienes la obtuvieron en virtud de la ley de 2007, a los descendientes de personas perseguidas por su sexualidad o sus creencias y a las mujeres que perdieron su ciudadanía tras casarse con extranjeros durante la época de Franco.
Varios países europeos ofrecen la ciudadanía a los descendientes de nacionales exiliados. Italia, Irlanda, Polonia y Hungría, entre otros, también la conceden a los nietos, independientemente de su historial político.
Solo el 9% de la diáspora española, que asciende a 2,3 millones de personas, votó en las elecciones de 2023, según datos oficiales.
Los votos del extranjero se han inclinado hacia los socialistas en algunas votaciones regionales de este año, aunque el partido ha sufrido una dura derrota en el territorio nacional.
Con información de Reuters
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