El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un pilar fundamental del desarrollo rural en Argentina, atraviesa una de las peores crisis de su historia. Así lo advirtió Maximiliano Giannini, delegado de ATE-INTA en La Rioja, quien denunció que las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei amenazan con desmantelar una estructura clave para el desarrollo tecnológico, productivo y social de las provincias.
“La estructura del INTA es descentralizada, con estaciones experimentales, centros regionales y más de 300 agencias de extensión rural distribuidas en todo el país que trabajan directamente con los productores”, explicó Giannini en comunicación con medios locales. En La Rioja, el organismo cuenta con sedes en Chamical, Chilecito y varias agencias en Los Llanos y los Valles, brindando asistencia técnica tanto a pequeños productores como a grandes empresas agropecuarias.
Según el delegado, el ajuste previsto por el Gobierno nacional contempla el cierre de agencias y el despido de becarios, personal contratado y de planta no permanente, lo que representaría una reducción del 30% en la estructura laboral del organismo. “Se está vaciando la capacidad de asesoramiento técnico, investigación y desarrollo de tecnología que el INTA lleva adelante desde hace más de 70 años”, denunció, y remarcó el impacto directo que esto tendrá sobre el crecimiento del sector agropecuario.
En La Rioja, el rol del INTA es estratégico, sobre todo en lo vinculado al manejo del agua, uno de los recursos más escasos de la región. Giannini detalló que el organismo impulsa la construcción de reservorios, perforaciones y acueductos, mejora genética de ganado bovino y caprino, asesoramiento al sector hortícola, desarrollo del turismo rural y agregado de valor a productos regionales. “Sin INTA, muchos de estos proyectos quedan truncos, y con ellos la posibilidad de arraigo de las familias rurales”, advirtió.
También recordó que ya se cerró el programa ProHuerta, que promovía la creación de huertas familiares y comunitarias, fundamentales para asegurar el acceso a alimentos frescos y proteínas en hogares vulnerables. “No se trata solo de despidos: si se interrumpe el trabajo del INTA, se interrumpe la producción y se pone en riesgo la seguridad alimentaria”, alertó.
Pese a haber presentado alternativas internas de reestructuración para evitar cesantías, desde el gobierno nacional no dieron señales de diálogo. Giannini advirtió que todo avanza hacia la firma de un decreto presidencial que amenaza con desarticular el organismo. “Nuestros cargos son técnicos, concursados y evaluados anualmente. No existe la figura del ‘ñoqui’ en el INTA, como se intenta instalar desde el oficialismo”, remarcó.
Finalmente, Giannini confirmó que las acciones de visibilización continuarán, al igual que las gestiones ante el Congreso, con el objetivo de frenar el decreto y proteger a la institución. “Defender al INTA es defender al sistema científico nacional y a miles de familias productoras que dependen de esta asistencia técnica para sostener sus economías y sus vidas en el interior del país”, concluyó.
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