La provincia de Formosa logró otro respaldo por parte de la Cámara Federal de Resistencia que frenó una vez más el intento del Gobierno de Javier Milei de llevar la causa de las pensiones por discapacidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión se conoció este viernes durante una reunión organizada por la Defensoría del Pueblo, donde participaron autoridades provinciales, organizaciones vinculadas a la discapacidad y beneficiarios del sistema.
El fallo, firmado el 28 de mayo de 2026, se originó en la causa iniciada por la Defensoría del Pueblo de Formosa contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el objetivo de garantizar los derechos de los beneficiarios de pensiones por invalidez. En este sentido, los camaristas Rocío Alcalá, Patricia Beatriz García y Enrique Jorge Bosch rechazaron el recurso extraordinario federal que había presentado la actual Secretaría de Discapacidad (ex ANDIS).
Además, la resolución judicial consolida la estrategia impulsada por Formosa en un escenario donde otras provincias mantienen procesos similares aún sin definición como Catamarca y Santiago del Estero. En ese marco, el expediente formoseño comienza a ser observado como una referencia jurídica de peso para futuras acciones que puedan presentarse en otras jurisdicciones del país.
Qué implica el fallo
La Defensoría del Pueblo de Formosa promovió acciones judiciales para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar eventuales interrupciones en los pagos. Fue así que la Cámara Federal de Resistencia volvió a respaldar la posición sostenida por la Defensoría y mantuvo la vigencia de la medida judicial que protege a los beneficiarios formoseños.
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Cabe destacar que la causa se enmarca en la polémica generada por las auditorías, revisiones impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y las denuncias por corrupción en la que comprometió a Karina Milei, Martín Menem y el ex titular del organismo Diego Spagnuolo. Este último fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello el pasado febrero del 2026, quien lo consideró presunto líder de una asociación ilícita que operaba dentro de la agencia.
Si bien la disputa judicial aún no está cerrada de manera definitiva, el rechazo al recurso extraordinario representa una nueva instancia favorable. En este sentido, la resolución también refuerza el criterio adoptado previamente por la Justicia Federal respecto de la necesidad de preservar los derechos de los beneficiarios mientras continúan las actuaciones judiciales.
Desde distintos sectores se cuestionó la posibilidad de suspensiones o bajas masivas de beneficios, argumentando que podrían afectar derechos adquiridos de personas en situación de vulnerabilidad.
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