La Justicia Federal falló en contra de una denuncia impulsada por la ex diputada provincial aliada de La Libertad Avanza, Gabriela Neme, quién acusaba al Gobierno de Gildo Insfrán de realizar presuntas transferencias irregulares hacia el Partido Justicialista. Una vez más, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la demanda y dio por concluido el proceso judicial tras años de litigio judicial.
La decisión fue tomada por mayoría por la Sala III del máximo tribunal penal del país integrada por los jueces Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, quienes confirmaron el archivo de la causa, en el que se diferenció el voto es disidencia del magistrado Juan Carlos Gemignani. De esta manera, dejaron resuelto las instancias anteriores y cerró definitivamente el expediente judicial que analizaba las transferencias cuestionadas.
La denuncia que circuló en redes sociales y en medios de comunicación locales señalaba la supuesta transferencia de más de 1.660 millones de pesos desde una cuenta oficial del Gobierno de Formosa radicada en el Banco de Formosa hacia una cuenta del Partido Justicialista local. La misma se habría realizado entre el 2 y el 7 de octubre del 2024.
Resultado judicial
En diálogo con Infoqom, Neme había advertido que el caso revela una grave incompatibilidad institucional, pero según el fallo judicial "el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias". Es decir, que las transferencias de dinero tendrían origen y trazabilidad bancaria documentada por lo que no fueron consideradas un “desvío ilegal” de fondos públicos como denunció la ex legiladora.
Frente al argumento de "inexistencia de delito", la Justicia estableció que la operatoria estaba respaldada además por normativas vigentes, tales como las leyes nacionales de partidos políticos y una ley provincial. Además la Carta Orgánica del PJ de Formosa establece que el patrimonio de partidos se forma con el 10% de las retribuciones de los funcionarios políticos del Estado.
Los movimientos supuestamente cuestionados consistieron en deducciones legítimas sobre los haberes de funcionarios jerárquicos afiliados al PJ y estaban respaldados por normas provinciales y nacionales, además de por documentación bancaria, según informó el diario La Nación. En este sentido, la Cámara concluyó que no existió delito en esas operaciones financieras y dio por concluida la causa judicial.
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