El Día Mundial de la Salud, conmemorada cada 7 de abril, lejos de celebrarse con anuncios esperanzadores, se vive en Argentina bajo una creciente preocupación. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sector sanitario fue uno de los más golpeados por la motosierra del ajuste. Las consecuencias de estas decisiones ya se sienten en todo el país, incluyendo a Formosa, donde los efectos de los recortes se perciben con claridad en las zonas más vulnerables.
Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución real del presupuesto nacional para salud cayó un 32% en los primeros meses del año, en comparación con el mismo período de 2023. Este recorte drástico redujo la capacidad del Estado nacional para sostener programas esenciales y afectó de manera directa a instituciones clave como la Superintendencia de Servicios de Salud, que vio recortado su presupuesto en un 69%, y al Instituto Nacional del Cáncer, que antes de ser cerrado, sufrió una quita del 60%.
La situación es aún más grave en relación con los programas de prevención y atención de enfermedades crónicas y transmisibles. Iniciativas como la respuesta al VIH, las hepatitis virales y la tuberculosis fueron desfinanciadas con una reducción presupuestaria de hasta el 73%. A esto se suma la parálisis del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, que brindaba acceso gratuito a opioides fundamentales como la morfina y la metadona para pacientes con dolor severo. La eliminación del Instituto Nacional del Cáncer en marzo dejó a miles de pacientes sin acceso a tratamientos oncológicos y sin acompañamiento médico integral.
Los especialistas coinciden en que estas decisiones debilitan el sistema sanitario nacional de manera estructural. La oncóloga clínica Carolina Reinhardt advirtió que la eliminación del Instituto del Cáncer implica “el abandono de una política pública transversal” que era esencial tanto en campañas de prevención como en el tratamiento pediátrico y de adultos.
Pero no solo se trató de recortes económicos. El ajuste se tradujo también en despidos masivos de personal especializado, con más del 30% del equipo técnico del Ministerio de Salud cesanteado. Las direcciones de Enfermedades Inmunoprevenibles y de Respuesta al VIH y Tuberculosis fueron algunas de las más afectadas. Esta pérdida de recursos humanos impacta directamente en la capacidad del sistema para detectar, prevenir y controlar enfermedades, y debilita la vigilancia epidemiológica.
A nivel federal, las provincias como Formosa, con extensas zonas rurales y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, sufren con mayor intensidad el impacto de estas políticas. La reducción del 96% en el presupuesto para la atención sanitaria territorial deja a muchas regiones sin recursos básicos para responder a emergencias médicas o realizar controles de salud periódicos. En estos lugares, donde el acceso ya era limitado, la salud pública retrocede a pasos agigantados.
El panorama se agrava con decisiones de alto impacto simbólico e institucional. En febrero, Milei anunció que Argentina abandonaría la Organización Mundial de la Salud (OMS), citando “diferencias ideológicas”. Exfuncionarios como Adolfo Rubinstein y expertos en salud pública alertaron sobre las graves consecuencias que esto traería, desde la pérdida de cooperación internacional ante futuras pandemias hasta el aislamiento sanitario del país.
La salud mental tampoco fue ajena al ajuste. El Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, una institución fundamental para pacientes en situación de extrema vulnerabilidad, atraviesa una crisis sin precedentes. El psicólogo Alejandro Sapere, con más de 30 años en el hospital, denunció que el Gobierno está “ahogando de a poco” al Bonaparte para justificar su cierre. Desde los despidos del 15 de enero, trabajadores y usuarios del hospital mantienen reuniones y asambleas en defensa de su continuidad.
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