Un tribunal de apelaciones estadounidense dividido se ha negado a permitir que el Gobierno de Trump revoque las protecciones legales que permiten a más de 350.000 haitianos vivir y trabajar en Estados Unidos y evitar ser devueltos a su país, azotado por la violencia de las pandillas.
Un panel de 2-1 del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó el viernes por la noche la solicitud del Gobierno de suspender una sentencia del 2 de febrero que impedía al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití.
El TPS es un programa humanitario que protege a los migrantes que cumplen los requisitos de la deportación y les permite trabajar.
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Bajo la dirección de la secretaria de Seguridad Nacional saliente, Kristi Noem, el departamento ha tomado medidas para poner fin al TPS en una docena de países como parte de la campaña de Donald Trump contra la inmigración, argumentando que el programa nunca tuvo la intención de servir como una "amnistía de facto".
El Gobierno había solicitado al Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia que suspendiera la orden dictada en febrero por la jueza federal Ana Reyes mientras se resuelve el recurso. Su decisión se produjo en el marco de una demanda colectiva presentada por haitianos que pretendían impedir que el DHS los expusiera a la deportación.
Reyes consideró que la decisión de Noem de noviembre de poner fin a las protecciones legales de los haitianos probablemente violaba los procedimientos de terminación del TPS y la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la igualdad de protección ante la ley.
(Reportaje de Nate Raymond en Boston. Edición de Mark Potter, Editado en español por Juana Casas)
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