Pocos días antes de que el Ministerio Público de la Defensa distribuya el folleto que convalida arrestos de la Policía de la Ciudad dentro de los colegios, el Ministerio de Seguridad porteño se había negado a regular la presencia de las fuerzas de seguridad en los establecimientos educativos. En esa línea, el martes, la Justicia volvió a poner en vigencia el protocolo que criminaliza la protesta estudiantil.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

Hoy se conoció una “guía práctica” que recibieron las escuelas, elaborada por el organismo que nuclea a los defensores porteños. Allí se naturaliza no sólo la presencia de agentes policiales en las instituciones, sino que habilita arrestos a menores dentro. Indica que “los únicos autorizados” para realizar procedimientos “con o sin orden judicial” pertenecen a los cuerpos de la Policía de la Ciudad y la Federal, Gendarmería y Prefectura Naval.

El espíritu del folleto resulta contrario al objetivo del MPD, que justamente trata de defender a los ciudadanos acusados de delitos y contravenciones. Más aún, les ordena a las autoridades educativas “no interferir con el accionar de las fuerzas de seguridad”.

El documento fue repudiado enérgicamente por UTE, que indicó en un comunicado que “se aborda lo educativo desde una mirada policial, donde los posibles comportamientos de los estudiantes son estigmatizados”. Pocos minutos después del masivo rechazo, el Ministerio de la Defensa anunció que retiró de circulación el instructivo.

La guía surgió poco después de que el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, se niegue a normar un procedimiento para el ingreso de los agentes a las escuelas, con lo que permite el libre accionar de la Policía de la Ciudad dentro de las primarias y secundarias. Así lo dejó plasmada en la Resolución 611/MJSGC/2018 publicada el 22 de junio en el Boletín Oficial.

El pedido había sido formulado por el asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno, para que el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta elabore e implemente una herramienta que permita guiar la actuación policial y delimite sus atribuciones. En especial, fue requerido para ordenar el proceder dentro de escuelas públicas, centros de primera infancia, paradores y cualquier otro dispositivo en el que se encontraren personas menores de edad.

Moreno había requerido que Ocampo redacte esta regulación junto al Ministerio de Educación, el de Desarrollo Humano, el de Salud y con el Consejo de los Derechos de los Niñas, además de junto a los centros de estudiantes y las organizaciones gremiales docentes. Una estrategia que le hubiera puesto fin al vacío legal existente, que había motivado a agentes policiales a intimidar estudiantes que iban a realizar una protesta en la puerta de su secundaria en abril del año pasado. En noviembre otros policías atemorizaron y maltrataron a docentes.

Para convalidar futuras incursiones de las fuerzas de seguridad en los establecimientos educativos, el ministro del PRO se escudó en que el pedido del Ministerio Público Tutelar excede sus potestades.

La decisión de Ocampo estuvo en sintonía con el fallo del martes de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario, que volvió efectiva la criminalización de la protesta estudiantil. Con las firmas de Esteban Centanaro y Mariana Díaz, la Sala 2 revocó la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que había invalidado la guía antitomas que responsabiliza a los menores y a sus padres.

El documento original fue emitido por la ministra de Educación, Soledad Acuña, mediante Resolución 643/2018. Las “pautas para la convivencia escolar” fueron cuestionadas por la asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva y por Moreno, por no adecuarse a estándares legales.

La Cámara de Apelaciones en lo CAyT no se pronunció sobre el contenido del protocolo, pero sostuvo que el planteo de los asesores tutelares debió haber sido formulado en un nuevo juicio y no en el mismo expediente donde se debatió el primer instructivo, de setiembre de 2017, que les ordenaba a las autoridades de secundarias denunciar a los alumnos.

Para los camaristas, no se acreditó “el cumplimiento de recaudos procesales indispensables para justificar la posibilidad de emitir un pronunciamiento” con relación a la resolución administrativa que aprobó el protocolo antitomas, en tanto “era necesario la promoción de un nuevo juicio en el que se cuestionara concretamente y sin limitaciones la mentada resolución, en el que se propendiera a una discusión adecuada y propia de un proceso colectivo de las características que representaría ese caso”.

Sumado a esto, Centanaro y Díaz excluyeron a Liberatori como magistrada en caso de que se inicie una nueva actuación, porque entienden que ya anticipó su juicio. Y por una decisión de la asesora general tutelar, Yael Bendel, ex funcionaria del PRO, tampoco podrá presentar ni acompañar esa demanda de primera instancia el asesor de cámara Gustavo Moreno.

Pedido de informes en la Legislatura

Por el escandaloso folleto del Ministerio Público de la Defensa, el legislador Patricio Del Corro anticipó a El Destape que el Frente de Izquierda presentará un pedido de informes en el Legislativo para dilucidar quién fue el responsable de la guía y con qué intención. El reclamo será presentado en los próximos días.

LEER MÁS: La maniobra de Larreta para justificar las pasantías gratuitas

En esta nota