El programa de subordinación del proyecto Milei a los designios de los Estados Unidos se sostiene con los condicionamientos impuestos por el FMI a partir de la deuda que tomó Macri en 2018 y con el brutal ajuste del gasto público ejecutado por La Libertad Avanza, que pasó de representar un 25% del PBI al 15%.
El escenario resulta mucho más gravoso si se tienen en cuenta los compromisos asumidos por las provincias –cómplices de este proceso histórico de miseria planificada- en el marco del Pacto de Mayo. De acuerdo al trabajo elaborado por el Informe de Coyuntura, bajo la coordinación de Roberto Feletti, las provincias y Nación se comprometieron a llevar adelante un ajuste adicional de 25.000 millones de dólares.
El ajuste representa un esquema de pauperización de la vida de los trabajadores, trabadoras, jubilados, universitarios e incluso la clase media. Del otro lado del péndulo, se encuentran los “dólares” que ingresan por las exportaciones hidrocarburíferas, mineras y algunos servicios, recursos que ya se encuentran totalmente repartidos entre los actores del poder económico vernáculo.
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“Es la intención de transformar al país en un mero exportador de materias primas que además se subordina a Estados Unidos en el objetivo de la potencia -hemisférica y global- de garantizarse cadenas de suministros”, puede leerse en el informe coordinado por Feletti, ex viceministro de Economía. Es decir, la constitución de una Argentina como un mero territorio de enclave.
Motosierra en las provincias
El ajuste fiscal de la administración Milei redujo el peso del gasto público desde el promedio de 25 puntos del PBI a 15 puntos en tan solo dos años. “Esta salvaje reducción de casi 50.000 millones de dólares implica una retirada de la inversión social y la inversión pública inédita”, puede leerse en el Informe de Coyuntura, coordinado por Feletti, con la participación de Érica Pinto, Diego Perrella, Fabiola Vela Velázquez, Graciela Tilca, Delfina Salerno, Antonio Mezmezian, Nair Cisneros y Horacio Rovelli.
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Esta es solo una parte de la película. En el Pacto de Mayo, Milei intercambió la aceptación de un mayor ajuste por la entrega de los recursos naturales (permitirles a las provincias hacer lo que quieran con los recursos) vía el proyecto “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, los cambios en la ley de glaciares y manejo del fuego.
El promedio histórico del gasto público consolidado de provincias y sus municipios es de 15 puntos del PIB. Milei, junto a los 18 gobernadores y un jefe de gobierno porteño que firmaron el acuerdo, pretenden llevarlo a 10 puntos del PBI. La reducción de estos 5 puntos equivaldría a 25.000 millones de dólares.
“Inducir el ajuste en las provincias es impactar entre los territorios en forma concreta. Las provincias son efectoras de salud, educación, seguridad y, en conjunto con los municipios, de bienes sociales diversos. El ajuste provincial tiene un impacto social muy definido y ciertamente conflictivo. La aplicación de los Pactos Fiscales I y II durante las reformas del mercado de los ´90 provocó una serie de convulsiones federales que derivó en crisis institucionales en diversas provincias, movilizaciones muy relevantes y la generalización de las denominadas cuasi monedas como medio de amortiguar el ajuste. Si bien esta perspectiva aparece aún lejana, las primeras tensiones en provincias y municipios han comenzado a emerger”, indicaron desde el Informe de Coyuntura.
La administración Milei manejó la billetera presupuestaria para premiar a los gobernadores que se alinearon con su política de ajuste (y violencia institucional) y castigar o postergar a los mandatarios colocados por el oficialismo en el coyuntural bando de “enemigos” como el caso de La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires. Según los datos analizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias durante el primer cuatrimestre del año se redujeron un 38%.
Dentro de este reparto discrecional, Catamarca tuvo un incremento real de las transferencias corrientes del 765%; en el caso de Entre Ríos, el alza fue del 125%; el avance real en Mendoza fue del 92%. El caso más destacado fue La Pampa, con una suba de los envíos de recursos en el orden del 3600%.
Primarización de la economía y alineamiento con Estados Unidos
El ajuste del gasto público estuvo acompañado por un disciplinamiento hacia los trabajadores y trabajadoras; ingresos que no alcanzan, endeudamiento de las familias y despidos.
Según las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo registrado en el país mostró una caída significativa entre noviembre de 2023 y enero de 2026, con una pérdida total de 526 mil trabajadores. El ajuste se concentró en los asalariados, tanto privados como públicos, y en el monotributo social, mientras que el monotributo común fue el único segmento que creció de manera sostenida.
Despidos mediante, el PBI avanza apalancado en la actividad de los hidrocarburos y la minería sin “derrame” para los trabajadores. Esto se alinea con las pretensiones de los Estados Unidos de garantizar su cadena de suministros en medio de una nueva Doctrina Monroe a lo Trump.
“Al promediar su segundo mandato, está claro que Trump -y detrás suyo la elite gobernante de EEUU- parece haber optado por una batería de acciones: por un lado, la generación de obstáculos en el abastecimiento energético por parte de China; por otro, la realización de un pacto con las tecnológicas del denominado ‘Silicon Valley’ que hegemonizan Palantir, Meta y OpenAI (a las que incorporó a la administración civil pero también al Pentágono)”, analizó el Informe de Coyuntura, antes de concluir:
“Más allá de sus enunciados, el ‘Make America Great Again’ (“MAGA”) busca reequilibrar a la economía de EEUU para recuperar industrialización en el propio territorio (el ‘reshoring’) y así revertir la deslocalización: para ello busca utilizar como palanca de competitividad el acceso preferencial a insumos básicos (recursos naturales) del hemisferio, convirtiendo a toda América latina como zona de influencia de EEUU”.
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