En medio del impasse de hecho que sufrió la discusión por el impuesto nacional a la riqueza, algunos municipios tomaron manos en el asunto y crearon tributos locales. Para mejorar las alicaídas recaudaciones, un intendente del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio fueron pioneros en cobrarle un adicional extraordinario a los grandes contribuyentes. En Castelli se recaudó un 40% más que lo esperado, porque los terratenientes aportaron por encima de lo que el Estado había establecido. Pese a las presiones políticas del macrismo, General Lavalle también implementó una ordenanza en esa línea.
Los productores rurales de Castelli debían abonar un máximo de $ 44.000, pero uno decidió pagar $ 300.000 y otro $ 1 millón. Hubo varios así. "Algunos que no me votaron nunca están de acuerdo conceptualmente con que los que más tienen hagan un esfuerzo mayor", explicó a El Destape el intendente local, Francisco Echarren (FDT). El gobierno municipal planeaba juntar entre $ 12 y $ 15 millones, pero ante esta sorpresa esperan que cuando finalice la recaudación el resultado termine siendo un 40% más alto: entre $ 20 y $ 22 millones.
Echarren no cree que un achique del Estado sirva para salir de la crisis económica que generó el coronavirus, sino que el aporte deben realizarlo quienes tienen la posibilidad en un contexto de crisis. Por eso, creó un fondo de emergencia con aporte de su propio sueldo y el de los concejales y un impuesto extraordinario a los productores, sin tocar el salario de los empleados de planta, como reclamaba la oposición.
La iniciativa de Echarren surgió a raíz de las necesidades cada vez mayores en el marco de la pandemia y de las dificultades para hacerles frente. "Empezamos a notar que la recaudación ordinaria se desplomaba y nos anticipamos antes de que se produzca un colapso", argumentó. Los ingresos municipales cayeron 50% mientras se hacía necesario aumentar los gastos para auxiliar a los vulnerables.
El impuesto a la riqueza le brindará una bocanada de aire en medio de la pandemia, aportando el equivalente a un mes de recaudación ordinaria. Gracias a ese extra, se pudo acelerar la puesta a punto del único hospital del distrito y duplicar la cantidad de camas disponibles. Hace tres semanas, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, Echarren inauguró la primera unidad de terapia intensiva de la historia de Castelli.
A pesar de que muchos productores son solidarios y aportaron más que la modesta contribución planteada por el municipio, la dirigencia rural de la zona, encolumnada en la oposición política, intentó evitar que se aplique el impuesto extraordinario boicoteando la sesión del concejo en la que se votó la resolución, con ataques a través de las redes sociales y de la prensa local.
También intentaron judicializar el asunto. La jueza en lo Civil y Comercial de Dolores Daniela Galdós fue apartada de la causa por haber aceptado un recurso de amparo contra el impuesto por parte de un productor rural de la zona, a pesar de que ella misma es dueña de campos y también amiga personal de la familia del amparista. Ahora deberá afrontar un juri iniciado por el propio municipio.
Una medida cautelar presentada por el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, en tanto, fue rechazada por el juez en lo contencioso administrativo Antonio Escobar en una resolución donde establece que "en la tensión entre el derecho a la vida y la salud y la eventual igualdad ante las cargas públicas ha de prevalecer la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que ello denote un riesgo a su supervivencia económica”. El fallo sienta un antecedente favorable para cuando avance una legislación similar a nivel nacional.
"Una minoría nos atacó salvajemente, pero la mayoría del sector estuvo de acuerdo porque pagaron más de los que esperábamos", explicó Echarren, respecto a la postura de los productores rurales. Y lo proyectó al escenario nacional: "Los que salen en los medios no representan a los 11.000 que tienen que pagar el impuesto a la riqueza nacional. Muchos de esos deben estar a favor. Se arrogan una representatividad que no tienen, pero en realidad se representan a ellos mismos solamente", aseguró.
En ese sentido, explicó que es necesario mantener esta discusión sin caer en los trasos gruesos que atentan contra una resolución exitosa, como sucedió en el conflicto por las retenciones móviles. "Como espacio político hemos cometido algunos errores al no diferenciar eso. Si confrontamos con un sector entero, como fue con la 125, nos equivocamos", aconsejó Echarren, que conduce desde el kirchnerismo un distrito 100% rural.
Pero la necesidad es transversal. En General Lavalle, el intendente José Rodríguez Ponte (JPC) planteó un tributo progresivo de acuerdo a la capacidad del contribuyente. Aunque pudo avanzar, la ordenanza que sacó el Consejo Deliberante diluyó la propuesta por lobby del bloque de su propio partido. Finalmente, los productores pagarán importe fijo que para los empresarios del puerto equivale a $ 5.000 en dos cuotas, y para los productores agropecuarios un monto por hectárea.
El impuesto fue votado por los cuatro consejeros que posee Juntos por el Cambio, pero con modificiaciones regresivas. El proyecto original implicaba una tasa de mayor alcance que sólo debían pagar los dueños de 1.000 hectáreas con una tasa determinada, que aumentaba a partir de las 3.000. Se proyectaba recaudar más del doble de los $ 1,5 millón o $ 2 millones que se acopiarán con este tributo.
"Los cambios fueron fruto de las presiones de los empresarios rurales y del puerto", criticó Rodríguez Ponte a El Destape. Pese a que su partido a nivel nacional se opone fervientemente, llevó adelante la iniciativa de cobrarle a los más pudientes para poder atender las necesidades de la localidad. Antes de la pandemia, el municipio auxiliaba con subsidios a 150 familias y ahora a más de 600. "Recibimos ayuda alimentaria, el ingreso familiar de emergencia, pero no es suficiente ante este contexto", explicó.
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