Mauricio Macri sigue limpiando el camino judicial para salir bien parado del escándalo de Correo Argentino. Ahora logró el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, que interviene en la causa penal iniciada tras el intento de condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial y en la Macri que está imputado. La movida lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, alineado con las directrices del Gobierno, y se produce a los pocos días de que Zoni pidiera una serie de medidas para reimpulsar la investigación.

La excusa para desplazar al fiscal Zoni es que su concurso fue para una fiscalía en Santiago del Estero. Fiscalía que aún no está operativa. Tras su concurso, Zoni le envió una nota a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó donde se puso a disposición para "que me asigne en carácter de subrogante en cualquier otra Fiscalía vacante, hasta tanto sea habilitada la dependencia para la cual fui designado”. El 29 de diciembre de 2014, Gils Carbó lo asignó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N 8, que estaba vacante tras el pase del fiscal Gerardo Ramón Di Masi a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital. El 27 de agosto de 2015, Gils Carbo dispuso el traslado definitivo de Zoni a Comodoro Py.

Estos son los antecedentes del caso que, a partir de la trascendencia institucional que ha tenido, imponen su atención y análisis por parte del suscripto”, afirmó el procurador interino Casal en la resolución 69/18, que dispone la salida de Zoni. El propio Casal reconoce que el Procurador tiene la potestad de trasladar fiscales, pero afirma que el traslado es de una fiscalía a otra. Como, en el caso de Zoni, no había asumido en Santiago del Estado ya que no funcionaba (ni funciona hasta hoy), para Casal esto implica que no fue un “auténtico traslado sino una designación. Otro dato curioso: como la fiscalía de Santiago del Estero no funciona, Casal envía a Zoni de forma interina a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 a partir del 16 de abril, “ello hasta la habilitación de la Fiscalía n°2 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero o razones de otra índole aconsejen adoptar un temperamento distinto”. O sea, lo traslada y deja abierta la posibilidad de otro traslado.

El de Zoni uno de los traslados que hizo Gils Carbó, utilizando las potestades que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público y por los que fue duramente criticada. El actual procurador interino Casal utilizó el mismo mecanismo y copió textual los fundamentos para hacer traslados. En los fundamentos de Gils Carbó para el traslado de Zoni se lee: “Que corresponde a la Procuradora General de la Nación adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar”. En un reciente traslado dispuesto por el procurador interino Casal, que designa a Juan Carlos Paulucci a como fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dice textual: “Que corresponde a quien esté a cargo de la Procuración General de la Nación adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar”. Exactamente lo mismo. Y peor en el caso de Paulucci. Su padre, Juan Carlos Paulucci Malvis, es secretario de la Seguridad Social. El hijo deberá intervenir en todos los casos de acuerdos salariales o despidos que se judicialicen.

Lo que le criticaban a Gils Carbó hoy pasa desapercibido. Y esta doble vara muestra que el fiscal Zoni no es desplazado por un traslado irregular sino para despejar el camino del caso Correo Argentino. Tal vez uno de los últimos favores del interino Casal a Macri antes de que el presidente vaya por el nombramiento de Ines Weinberg de Roca al frente de los fiscales.

Zoni interviene en la causa penal que se inició tras conocerse el intento de Macri de condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia. Ese día hubo varias denuncias penales en Comodoro Py, que fueron unificadas por el juez Lijo. El fiscal Zoni imputó a Macri, al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su entonces director de asuntos jurídicos Juan Manuel Mocoroa y los directivos de SIDECO, SOCMA y Correo Argentino. A las pocas semanas amplió la imputación a los que aún hoy actúan en la causa por la deuda de la familia presidencial con el Estado y que fueron señalados por la fiscala Gabriela Boquin, la funcionaria judicial que más impulsa las investigaciones sobre este caso, como parte funcional del vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. Son la jueza Marta Cirulli y los síndicos del concurso de acreedores de Correo Argentino. Entre ellos, Julio César Rivera, propuesto por Macri para conjuez de la Corte Suprema y para encabezar la reforma al Código Civil y Comercial.

A mediados de marzo, el fiscal Zoni pidió una serie de medidas para intentar que avance la investigación. Lo hizo con pedido de secreto de sumario y aún espera la respuesta del juez Lijo. La intervención de Zoni siempre fue limitada por la sombra latente de este traslado que ahora se concreta y por los manejos del juez Lijo, hábil titiritero de expedientes. El resultado: demoras y operaciones cruzadas entre el Gobierno y Lijo, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py. El diario La Nación llegó a publicar que Macri se reunió con el jefe de los espías Gustavo Arribas y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”.