Desde que asumió Mauricio Macri como Presidente ya son 50 los condenados por participar en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que lograron salir de la prisión para cumplir con su condena desde el confort de su casa.

Así se viene sucediendo desde febrero pasado, donde juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación al diario Clarín. Todos ellos obtuvieron la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.

Tras los reiterados pedidos desde los editoriales del diario La Nación, que cumple durante el macrismo una función de lobbista para reivindicar la dictadura y pedir más poder para los militares y libertad para presos condenados, finalmente el Gobierno está cumpliendo al pie de la letra la mayoría de los reclamos.

Al momento hay 510 condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país, entre los que sobresalen Ezeiza, Marcos Paz ó Bower en Córdoba.

Según revela Clarín, el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó hace unas semanas a los represores encarcelados. Y en abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.