Argentina comenzó a transitar su programa con el FMI y los resultados no se hicieron esperar. Ya se inició la recesión producto de un ajuste estructural cuyas consecuencias son tan impredecibles como su fondo. En los próximos meses continuará la profundización de la caída de la actividad económica y en consecuencia aumentará el desempleo, se deteriorarán las condiciones de trabajo y, por supuesto, los indicadores sociales, con la pobreza e la indigencia a la cabeza. La información de la prensa será una catarata de datos abrumadores que serán atribuidos, prolijamente, a las secuelas de la sequía en el campo, a las turbulencias en los mercados emergentes y a la tremenda corrupción del pasado en modo circo las 24 horas y en todos los canales y persecución a opositores. Nada nuevo bajo el sol del Comando Sur.

Mientras tanto, el gobierno continuará con su shock de precios relativos. Con un dólar sin techo caerá el poder adquisitivo del salario y seguirán aumentando las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y el transporte. Aunque el programa económico esté rodeado de malas decisiones y peor instrumentación, especialmente evidentes en el plano financiero, la corriente principal por la que transcurre la política económica es el resultado de elecciones gubernamentales conscientes. Las políticas que se llevan adelante son producto del diagnóstico oficial y, en consecuencia, del sendero que el gobierno imagina para resolver los problemas.

Este diagnóstico es que todos los problemas de la economía argentina se originan en el déficit fiscal, es decir en el déficit interno de las cuentas públicas. Nadie en su sano juicio intelectual desconoce que la economía tiene un déficit externo, es decir que no genera los dólares suficientes para hacer frente a sus compromisos con el exterior, pero la explicación oficial es que el desbalance externo también es una consecuencia del desbalance interno. Se supone entonces que si se elimina el déficit fiscal se eliminará también, más temprano que tarde, el déficit de la cuenta corriente del Balance de Pagos.

La idea es la misma que ya llevó al fracaso económico en el pasado. No en el pasado remoto, sino en el de 2016-2017. Presupone que una economía sin déficit fiscal resulta tremendamente atractiva para los inversores, los que no acudieron en masa luego del shock desregulador “market friendly” provocado por el triunfo de Mauricio Macri por culpa del “gradualismo”, es decir, siguiendo el relato oficialista, por la opción de seguir endeudándose para no reducir de un saque el déficit fiscal. La corrección del presente sería que no alcanza con las políticas enemigas del populismo y amistosas con los mercados, sino que debe sumarse un nueva versión 2018 del “déficit cero” para que, ahora sí y finalmente, lluevan las inversiones.

El problema central del relato oficial y sus justificaciones teóricas se repite: no es así como funciona la economía. El déficit fiscal es una causa, no una consecuencia. En el mundo real aparece porque se reducen impuestos y se desarman los mecanismos de intervención pública, con lo que vuelve a caer la recaudación. Provocado el déficit se presenta entonces como un imperativo volver a reducir gastos. Por ejemplo, los presupuestos de ciencia y técnica, de educación y salud públicas, los recursos previsionales, las inversiones en infraestructura, como hacer caer los acuerdos con China (otra vez sol del Comando Sur) para la construcción de represas y centrales nucleares, hasta la supresión de nuevos contratos para firmas como INVAP. Y para completar, la caída de la obra pública y la destrucción de empresas locales producto de la atolondrada operación de inteligencia-judicial-mediática de “los cuadernos”.

Resulta particular la saña de Cambiemos con el sistema científico tecnológico y con las universidades públicas. Hoy los científicos protestan en las calles y se ven obligados a explicar la importancia de sus investigaciones (ridiculizadas en las redes sociales por los trolls gubernamentales), las universidades públicas no iniciaron el segundo cuatrimestre y esta semana volverán a sumarse los paros docentes en todos los niveles. Al corte en la distribución de medicamentos a jubilados o las pensiones a discapacitados, se sumaron ahora hasta las dosis de vacunas contra enfermedades infecciosas como la meningitis. Según se publica en la prensa, serían “los gobernadores”, incluidos los opositores, quienes propusieron reemplazar los fondos sojeros del Fondo Sojero, es decir un financiamiento destinado a obras públicas en todos los municipios del país que recaía sobre las exportaciones de la burguesía agraria, por recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, es decir de la famosa “plata de los jubilados”.

El enemigo, entonces, es claramente el Estado, su intervención, sus prestaciones sociales y la inversión pública. La justificación teórica es que si se reduce el peso del Estado, se pueden reducir los impuestos y que con ello se contribuye al aumento de las inversiones y, en consecuencia, al crecimiento y el desarrollo. Otra vez el mismo problema: no es así como funciona la economía. Como lo sabe hasta el propietario de un quiosco, las empresas invierten si tienen la perspectiva de vender su producción y no porque se paguen bajos salarios o menores impuestos, la mejora de la ecuación de rentabilidad demanda que primero exista rentabilidad. Sin perspectiva de mejores ventas no hay inversión. El achicamiento permanente de la economía en busca de un quimérico déficit cero espanta inversiones, no las atrae. La inversión fluye a las economías que crecen, no a las que se contraen y tensionan su vida social. Y el dato central: el déficit cero no se alcanzará porque el déficit es una función del producto, sí cae la actividad cae la recaudación. El objetivo del FMI, el organismo en el que el gobierno delegó la conducción económica, es la destrucción del Estado para que la producción del país se concentre en el agro y las actividades extractivas, es decir para asegurar su posición colonial. El drama social de deconstruir los remanentes de un Estado neodesarrollista es secundario, para eso están las fuerzas de seguridad.

Pero hagamos un ejercicio prospección imaginaria. Supongamos que efectivamente el gobierno consigue el equilibrio entre ingresos y gastos luego de reducirlos a su mínima expresión. ¿La economía tendrá entonces los dólares para hacer frente a sus compromisos externos, incluido el pago de los incrementados y crecientes servicios de la deuda en divisas (que dicho sea de paso y sin ánimo de preocupar ya se encuentra en niveles similares a los del año 2000)? ¿Qué imaginan los economistas oficialistas y paraoficialistas? Imaginan dos cosas. La primera es que a los dólares del agro, la famosa “cosecha” salvadora de la economía, se le sumarán otros recursos naturales al parecer tan renovables como los del agro, los de los hidrocarburos no convencionales, es decir las exportaciones de Vaca muerta, por ahora una quimera, pero estamos imaginando. La segunda es que esta masa de dólares, luego de restar los servicios de la deuda, debería equipararse a una “masa salarial de equilibrio”, es decir una suma total de salarios que no demande mayores importaciones que las que se puedan pagar con los dólares remanentes, el nuevo equilibrio externo. El objetivo de la administración Cambiemos no es más que un país chiquitito, chiquitito, un país dependiente e intrínsecamente inviable que la mayoría de la población, cuando finalmente lo descubra, no querrá ser.-