La causa propofol, por presunta sustracción ilegal de medicamentos en el Hospital Italiano, comenzó una etapa decisiva. Mientras la fiscalía pidió que se confirmen los procesamientos del médico anestesista Hernán Boveri y de la residente Delfina “Fini” Lanusse, sus defensas solicitaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que se anulen y se deje sin efecto el embargo de $70.929.520 dispuesto por la Justicia.
Los planteos de las defensas fueron presentados después de que el fiscal general Ricardo Sáenz respaldara la resolución del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien en abril procesó a los dos médicos al considerar que existían elementos para sospechar que desviaron dicho agente anestésico y sedante, junto a otros insumos hospitalarios para fines ajenos a la medicina.
Los abogados de los imputados, entre sus argumentos, afirmaron que la investigación no logró demostrar ni la existencia de faltantes ni la forma en que se habría el supuesto robo; al menos, hasta el momento.
La estrategia de Boveri: cuestionar la base de la acusación
Los abogados Matías Cúneo Libarona y Rocío Maldonado sostuvieron que el procesamiento del reconocido médico anestesista se apoyaba en testimonios indirectos, comentarios de terceros y valoraciones personales, pero no en pruebas concretas que acrediten un delito real.
Según los letrados, ninguno de los testigos declaró haber presenciado una sustracción de medicamentos ni una conducta irregular atribuible al propio Boveri. Además, remarcaron que gran parte de los testimonios incorporados al expediente se originaron en supuestas manifestaciones previas de Lanusse, quien posteriormente negó ante la Justicia haber realizado esos comentarios.
La defensa también señaló "la existencia de un perjuicio económico para el Hospital Italiano". En esa línea, destacaron que en el expediente figuran informes que indican que no se detectaron diferencias de stock ni inconsistencias en los registros de descarte de medicamentos.
Para los abogados, la acusación incurre en una contradicción al sostener que hubo un daño patrimonial sin poder demostrar ni cuantificar ese perjuicio. También cuestionaron la aplicación del delito de administración fraudulenta, al argumentar que Boveri utilizaba los medicamentos como parte de su actividad profesional, pero no tenía funciones de administración sobre los recursos del hospital.
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Lanusse: "No hubo faltantes ni irregularidades"
Por otra parte, la defensa de Delfina Lanusse, encabezada por la abogada Claudia Patricia Balbín, presentó argumentos similares. Según su planteo, no existen pruebas directas que vinculen a la residente con la sustracción de medicamentos ni registros que acrediten faltantes en la farmacia hospitalaria.
La letrada destacó que el Hospital Italiano y los responsables del área de farmacia informaron que no encontraron diferencias de stock, alteraciones en los inventarios ni irregularidades asociadas a la médica.
Además, cuestionó que el procesamiento haya sido dictado antes de que finalizara el análisis de información extraída de dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. Para la defensa, esa circunstancia demuestra que la acusación se formuló sin contar con todos los elementos probatorios disponibles.
Balbín también incorporó declaraciones de anestesiólogos y cirujanos que compartieron tareas con Lanusse y que afirmaron no haber observado comportamientos irregulares durante su desempeño profesional.
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