El emblemático local “casita Azul” de la ciudad de Mar del Plata será transformado en un espacio abierto al público para fomentar la reflexión acerca del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El Municipio de General Pueyrredón pasará a ser el titular del inmueble ubicado en la calle 20 de septiembre 57, que se convertirá en el Centro Marplatense de Memoria y de Lucha contra la trata de personas. Este proceso, impulsado por la Mesa Interinstitucional de la lucha contra la trata, se apoya en la ley 14.592 de la provincia de Buenos Aires que ordena la expropiación.
El prostíbulo casita Azul funcionó durante más de 20 años en la ciudad balnearia y, si bien en los allanamientos fueron encontradas más de 10 mujeres que eran reclutadas y acogidas para ser explotadas sexualmente, se estima que por allí pasaron muchas más víctimas. El local estaba ubicado estratégicamente en el barrio de La Perla, a 200 metros de la playa y a tan solo 2 kilómetros de la peatonal San Martin.
Cómo funcionaba la red
Los tratantes reclutaban mujeres –en su mayoría oriundas de Paraguay y República Dominicana en situación de vulnerabilidad socioeconómica– a través de falsas ofertas laborales que aparecían en diversos diarios. Una vez allí, las víctimas vivían en el mismo prostíbulo y/o en un hotel cercano, en una situación de extrema precariedad y bajo estricto control.
El local funcionaba de lunes a lunes y contaba con personal de seguridad en la puerta que no solo controlaba la entrada y salida de los denominados “clientes”, sino que también supervisaba los movimientos de las mujeres. A las víctimas se les retenía un monto en concepto de alquiler, seguridad e inclusive papel higiénico y preservativos. Además, recibían numerosas sanciones por diversos motivos.
Entre el 2009 y el 2011, casita Azul fue allanado y clausurado en reiteradas oportunidades, pero los dueños se las ingeniaban, a través de diversos mecanismos, para volver a abrir y continuar en funcionamiento.
El lugar estaba regenteado por un matrimonio y su hijo. Las tres personas fueron condenadas mediante dos juicios abreviados. En el primero de ellos, que transcurrió durante el 2011, el Tribunal Oral Federal Nº1 dictó una pena de 4 años para la pareja, por considerarlos autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Al año siguiente, en el segundo juicio, se comprobó la participación de su hijo, acusado de cumplir el rol de “reclutador”, quien fue condenado a tres años de prisión efectiva.
Hoy en día el local se encuentra en ruinas tras dos incendios, usurpaciones y años de abandono. Hace pocos días, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Diaz, participó de un recorrido por el lugar.
Daniel Adler, Fiscal General ante la Cámara Federal de Mar del Plata y que participó en la etapa de instrucción del caso, sostuvo: “El objetivo es que (casita Azul) se convierta en un lugar donde las personas puedan reflexionar sobre estas cuestiones referidas al delito de trata de personas y sus víctimas, y donde también se puedan proyectar políticas públicas. La trata de personas no se terminó”. Y agregó: “Sigue habiendo muchos casos y es un tema que atraviesa a la sociedad”.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, casita Azul fue un caso emblemático, ya que funcionaba con total impunidad y ostentación. “Un ejemplo de ello era que los tratantes solían trasladar a las víctimas en un Mini Cooper”, subrayó.
Sin embargo, casita Azul no fue una excepción. La particularidad de ser una ciudad portuaria y con una gran afluencia turística durante todo el año, convirtió a Mar del Plata en uno de los grandes centros de explotación sexual.
Belén Cano, periodista y miembro de la Mesa Interinstitucional de la Lucha contra la trata, anticipó que ese espacio se encuentra trabajando para rescatar los detalles de la causa, con el fin de armar el contenido del Centro marplatense de Memoria y Lucha contra la trata. La Mesa Interinstitucional –en la que confluyen distintas expresiones políticas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos municipales– está realizando esta tarea en coordinación con el municipio y con el Ministerio de las Mujeres de la Provincia.
La Ley de Fondo Fiduciario
Vale destacar que la ley de expropiación de la Provincia de Buenos Aires (2014) fue sancionada con anterioridad a la Ley del Fondo Fiduciario para víctimas de trata de personas, del año 2019. Esta última norma establece que los bienes y dinero decomisados en casos de trata de personas y delitos conexos deben destinarse a un fondo para la asistencia económica directa a víctimas.
En diálogo con El Destape, el fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, declaró: “Nuestra posición es que todo capital o bien decomisable o expropiado tiene que ir a parar a manos de las víctimas del caso y/o de otros casos cuyos resultados de decomiso no hubieren resultado prósperos. Incluso en este caso de casita Azul, más allá de que la expropiación se logró por ley provincial”.
El fiscal opinó que este tipo de acciones, aunque pueden ser valiosas, deben ser realizadas con recursos propios del Estado y no a través de un bien que podría ser objeto de decomiso y por ende una fuente de ingreso para las víctimas.
Por último, Colombo anunció que “el Estado está en camino de crear una secretaría ejecutiva precisamente para la administración de esos fondos”.
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