Caso Loan: fuerte revés judicial para los imputados por la desaparición

El fiscal general Carlos A. Schaefer se pronunció contra el planteo de las defensas y consideró que el proceso "está en un estado avanzado, con las partes citadas a juicio". Por esta razón, un cambio de fuero "llevaría a una nueva dilación del proceso, atentando contra el plazo razonable y el principio de celeridad", indicó.

Tras conocerse el pedido de los abogados defensores -para declarar la incompetencia del fuero federal a un año y medio de la desaparición-, la querella representada por Gustavo Noguera (en nombre de la madre, el padre y el hermano del pequeño) sostuvo que devolver la causa a la justicia provincial "supondría exponer el proceso a la parcialidad estructural de un fuero local comprometido con los imputados y en particular con un funcionario (el excomisario Maciel)".

"La desaparición sigue sin resolverse y mientras el niño no aparezca, subsiste el caso federal por tratarse de una grave violación de derechos humanos", amplió el abogado. Asimismo alertó que la intervención de funcionarios públicos del Estado -como Caillava, ex empleada municipal y el comisario- configuran "una desaparición forzada" y por ello, la competencia federal debe seguir vigente.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes -integrado por Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Ceroleni- rechazó en las últimas horas el pedido de las defensas para que la causa regrese a la justicia ordinaria provincial. Según los magistrados, se trató de una maniobra legal y un nuevo intento de "empantanar" el proceso.

Entre los principales argumentos de los abogados defensores, creían que la causa debía retornar a la órbita provincial por haberse descartado la hipótesis de trata de personas o crimen organizado. Los representantes de Benítez, Maciel, Millapi, Ramírez, Peña, Pérez y Caillava utilizaron el mismo argumento. "No existe el presunto, supuesto o posible delito de trata de personas; se debe declarar la incompetencia de este fuero", agregaron.

"La aceptación de la competencia para juzgar este caso dota de seguridad jurídica y economía procesal al litigio, considerando la situación procesal y evitando nuevos traslados y avocamiento innecesarios en el expediente, una vez que el proceso ha avanzado y está en etapa de ofrecimientos de prueba, y la inminente fijación de fecha para el debate", consideró el Tribunal.

Sobre el cierre de la resolución subrayaron que no corresponde "escudriñar la causa para seleccionar y extraer hechos y calificaciones" que puedan corresponder a un fuero y el otro; sino tener en cuenta la relación entre hechos. "Deben vincularse ambos proceso y realizarse un sólo debate respecto a toda la causa", sentenciaron.