"Cara la jodita": la multa millonaria que deberá pagar un papá luego de que su hijo amenazara con un tiroteo escolar

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia notificó al primer responsable solidario tras una serie de intimidaciones en escuelas. Además, advirtió que se pueden embargar bienes o inhibir sueldos.

29 de abril, 2026 | 13.42

Las amenazas de tiroteos en escuelas se multiplicaron en los últimos meses. En Santa Fe, las autoridades decidieron actuar con firmeza no solo contra los menores autores de las intimidaciones, sino también contra sus padres.

Este miércoles, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó al primer responsable solidario: un padre deberá pagar $6.024.944 como indemnización por el costo del operativo de seguridad desplegado tras la amenaza de su hijo.

El monto no es una multa ni una sanción penal. La cartera a cargo de Pablo Cococcioni explicó que se trata de una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Eso significa que el Estado puede embargar sueldos o inhibir bienes para garantizar el cobro.

“Cara la jodita”: la reacción del padre ante la indemnización

La notificación fue realizada por personal policial. Según se informó, el padre firmó el documento y al conocer el monto, exclamó: “Cara la jodita”. Luego, se retiró del lugar sin hacer más comentarios.

El gobierno aclaró que se notificó a ambos padres del menor identificado como autor de la amenaza, y que durante el día se despacharían nuevas intimaciones.

Cómo se calcula el monto

Cococcioni detalló que la suma de $6.024.944 es el resultado del costo real del operativo policial. Incluye combustible, vehículos, horas de servicio de los efectivos y la participación de brigadas especializadas, como la de explosivos.

“No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, declaró el ministro.

Plazo y consecuencias

El padre tiene cinco días para abonar la indemnización. En caso de no hacerlo, los antecedentes serán girados a la Fiscalía de Estado, que iniciará el proceso de ejecución civil con posibles embargos.

La medida busca no solo resarcir al Estado, sino también desalentar este tipo de conductas en un contexto de creciente alarma social por las amenazas en escuelas.

“Es una deuda civil: se puede embargar sueldos o inhibir bienes”, insistió Cococcioni, quien anticipó que seguirán llegando notificaciones a otros padres en los próximos días.