"VLLC ÑOQUI". Esa es la firma que dejaron los dos hombres que el 5 de marzo pasado entraron a la casa de una militante de la agrupación HIJOS, la golpearon, la amenazaron de muerte y la abusaron sexualmente. Quedó grabada en la pared de una de las habitaciones de la víctima, como se ve en la foto que hoy publica El Destape, en el espacio que dejan los posters de bandas de rock, ropa de artes marciales y una bandera Argentina con la lengua de los Rolling Stones intervenida con los colores de Racing. En su denuncia, ella contó le dijeron: "Sabemos quién sos, no te vamos a robar nada, a mi me pagan para esto, no hables nunca más”. Un Nunca Más al revés.
La firma "VLLC ÑOQUI" tiene una terminal ideológica evidente. "Viva la libertad carajo", la consigna detrás de la sigla VLLC, es el sello de Javier Milei y su fuerza política, La Libertad Avanza. El agregado de "ÑOQUI" reafirma la presencia de esa genealogía mileista: uno de los falsos axiomas de Milei es que los problemas económicos del país son culpa de los trabajadores estatales, a los que ataca simbólicamente con una motosierra y en la realidad con despidos y licuación de sus ingresos. "VLLC ÑOQUI" es un sello de época, producto de un contexto presente, que ataca en un punto clave: la memoria y los derechos humanos.
¿Si los atacantes firmaron con "VLLC ÑOQUI" se puede afirmar que el Gobierno está detrás de este ataque? No, pero es una hipótesis verosímil y no descartable para cualquier investigación judicial seria. De hecho Milei no lo repudió sino que a su forma, con sus "me gusta" en Twitter, abonó la operación de decir de que no ocurrió. Fernando Cerimedo, vocero paraoficial del gobierno, lanzó sus dispositivos en redes a implantar esa idea bajo la premisa que nadie firma sus crímenes. Poco conocimiento u obsceno silenciamiento de la historia argentina: los criminales que bombarearon la Plaza de Mayo en 1955 firmaron sus aviones con Cristo Vence. Lo cierto es que si los atacantes hubieran firmado con "Viva Perón" los dirigentes peronistas enseguida dirían que no en su nombre. Milei eligió no hacerlo.
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Otra opción es que sea una operación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), repoblada desde la llegada del nuevo gobierno con militares retirados, aunque de la casa de espías a la oficina presidencial no hay intermediarios y la teoría del cuentapropismo esgrimida por el macrismo ya se demostró falsa. Una tercera es que sea obra de dos fanáticos (e incluso tres, ya que la víctima los escuchó hablar de otro cómplice que los buscaba en un auto) legitimados por la llegada de un discurso otrora marginal a la Casa Rosada. Y en ese punto es que la terminal ideológica de "VLLC ÑOQUI" no puede escindirse de los discursos que hace años pululan en la sociedad y hoy son gobierno. Nadie se radicaliza solo.
El fallido magnifemicida Fernando Sabag Montiel fue producto de una década de deshumanización de Cristina Fernández de Kirchner, que incluyó su persecución judicial y la de su familia, ataques mediáticos por sus ideas políticas y por su condición de mujer que se enfrentó al poder económico dominado por hombres, apedreamiento a sus oficinas, todo un proceso que culminó en que un hombre creyera que era válido asesinarla frente a las cámaras de televisión. Es imposible no ver el paralelismo con el ataque a esta militante de HIJOS, como un resultado de un proceso de acumulación del negacionismo del cual Milei y Victoria Villarruel son voceros pero que tiene como ejecutores e impulsores a empresarios, estudios de abogados, medios y periodistas.
Decir que este ataque es un hecho aislado, "locos sueltos" como dijeron con los que casi matan a CFK, busca negar este contexto del proceso de acumulación del negacionismo. Que la víctima sea una mujer y de la agrupación HIJOS tiene una simbología difícil de eludir. Por un lado repite, como en la dictadura empresario militar argentina en particular y en las dictaduras y conflictos armados en general, la violencia sobre los cuerpos de las mujeres que son tomados como campo de batalla y botín de guerra donde dejar marcas. Por el otro, la elección de HIJOS como objetivo tampoco parece casual: es la agrupación que simboliza el trasvasamiento generacional de los organismos de derechos humanos y la garantía de la continuidad por Memoria, Verdad y Justicia. La biología es (lamentablemente) implacable aún con las Madres y las Abuelas, pero su herencia es ajena a esas reglas de la naturaleza.
El ataque a HIJOS no es el primero. En diálogo con El Destape Radio Agustín Cetrángolo, integrante de la agrupación, contó que él tuvo que ingresar hace años al programa de Protección de Testigos por amenazas en su contra, recordó la desaparición de Jorge Julio López y el secuestro de Oscar Gerez, los aprietes a militantes de derechos humanos con escuchas de sus reuniones, entre otros episodios. Pero marcó algo clave: en esos momentos tenían a quien recurrir. Ahora el ataque es firmado "VLLC ñoqui", sello del gobierno. ¿Como recurrir a un gobierno negacionista tanto de la dictadura como de la desigualdad de género cuando la atacada es una mujer integrante de un organismo de derechos humanos?
Poder y desaparición
El gobierno de Milei y Villarruel se ocupó de filtrar que difundirá una pieza audiovisual con su versión de la historia. La historia completa, según ellos, producida por el documentalista oficial Santiago Oría y con letra de Juan Bautista "Tata" Yofre, ex jefe de la SIDE durante el menemismo cuando se quedó con los archivos del Batallón de Inteligencia 601 y se dedicó primero a comercializarlos y luego a publicar libros basados en esos archivos del terror con el objetivo de instalar la idea de una guerra. En el medio, el "Tata" Yofre también armó un emprendimiento de espionaje a políticos, incluida CFK, cuyos materiales luego distrubuía entre periodistas como Carlos Pagni y Roberto García. Todos fueron procesados y luego salvados por la Corte Suprema apenas asumió Macri.
Como jefe de los espías el "Tata" Yofre puso al general de brigada retirado Carlos Alberto Martinez al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). La periodista Luciana Bertoia reveló que Martínez, que estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre 1976 y 1977, fue quien escribió el plan para dar la batalla comunicacional contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia cuyo mejor exponente fue Villarruel y su Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Todo se encadena. Hace rato que ese dispositivo existe y ahora llegó al gobierno.
Pero no se trata de versiones sino de documentos históricos que los desmienten. El propio Jorge Rafael Videla, entrevistado para el libro "El Dictador" de María Seoane y Vicente Muleiro, reconoció: "No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Pero, qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, donde, cómo".
El párrafo del dictador tiene infinitas aristas. Reconoce que la sociedad argentina no avalaba una masacre, que no puede hablarse de complicidad frente al terror; dice que la clandestinidad de los asesinatos fue planificada; que la táctica de las desapariciones fue diseñada con ese próposito, vale agregar que bien aprendida de que aplicaron los franceses en Argelia y traído a Latinoamérica por el general Alcides López Aufranc; y dice que tenían listas pero decidieron no darlas a conocer.
Milei y Villarruel atacan la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos. El presidente incluso hace una analogía cruel con los números de muertos durante la pandemia de COVID. "Si no hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, habríamos tenido 30.000 muertos de verdad", provocó por cadena nacional el pasado 1 de marzo. Ni siquiera fue original: en plena pandemia, el 28 de octubre de 2020, cuando se llegó a ese número de fallecidos, Eduardo Feinmann tuiteó "Ahora sí 30 mil". Ambos silencian la diferencia: en pandemia hubo listas de fallecidos; en dictadura no. También silencian una similitud: al inicio de la pandemia las familias no podían despedirse de sus seres queridos, pero para evitar contagios; en dictadura no pudieron porque fueron secuestrados, torturados en centros clandestinos de detención y desaparecidos.
La figura de Feinmann no es menor. Su discurso negacionista lleva años pero tenía un espacio marginal en los medios. En 2011 invitó a Villarruel a su programa en C5N, cuando la hoy vicepresidenta ya se presentaba como representante de las víctimas del terrorismo, como llama a las organizaciones políticas de los años 70. La operación de Villarruel apañada por Feinmann hace años es inteligente: no reivindica de forma directa el terrorismo de Estado, sino que aparece como representante de víctimas que ese Estado supuestamente no reconoce, deliveradamente las despolitiza y pone esas muertes en un plano moral cuando, tal como informó El Destape, los que le dan letra son asesinos, torturadores y violadores de mujeres.
"No son 30.000 desaparecidos, son 8.753", dice Milei. No aclaró de donde sacó el dato. Se acerca bastante a la cifra de 8.961 que dio la CONADEP en el libro Nunca Más. Pero el capítulo "Víctimas" comienza con una advertencia que dice que esa lista "es -inevitablemente- una lista abierta" y que "muchas desapariciones no han sido informadas, por carecer la víctima de familiares, por preferir éstos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos" y que "también es parcial la nómina de personas vistas en centros clandestinos de detención" y que "existen millares de desaparecidos que pasaron por esos centros y de los cuales los liberados solo ocnocieron apodos".
Como en otras áreas, el discurso de Milei y Villarruel es mentiroso y choca con la realidad. Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos revelaron que los militares argentinos del Batallón de Inteligencia 601 le revelaron a su par chileno Enrique Arancibio Clavel que entre 1975 y 1978 habían matado o desaparecido a unas 22.000 personas.
En esa disputa por las memorias juegan también las corporaciones editoriales. En el caso de Villarruel, la multinacional Random House Mondadori que controla Editorial Sudamericana fue la que le publicó su Nunca Más al revés: el libro "Los otros muertos: las víctimas civiles del terrorismo guerillero de los 70", que escribió junto a Carlos Manfroni, hoy funcionario de la mesa chica de Patricia Bullrich. En un artículo publicado en la Revista Crisis, Ximena Tordini muestra como "el libro fue parte de un auténtico programa de transformación cultural craneado y puesto a rodar por Pablo Avelluto, quien dirigió entre 2005 y 2012 la editorial Random House Mondadori, una de las productoras de libros más grandes del mundo". Cita que "En su reciente libro ¿Cómo se fabrica un best seller político?", Ezequiel Saferstein hace una reconstrucción detallista de cómo Avelluto "tomó los discursos procesistas, la versión militar de lo ocurrido en los setenta, que hasta entonces circulaban en los márgenes y los hizo ingresar al mainstream. Los sacó de la revista Cabildo y los puso en la librería El Ateneo de la calle Florida". Y agrega: "El sello Sudamericana produjo un stock de libros que cuestionaron el relato que predominaba en el espacio público: no hay nada que justifique la violencia estatal de la dictadura y esa violencia debe ser castigada con encarcelamiento". Avelluto luego pasó a trabajar con Mauricio Macri como su Ministro y luego degradado a Secretario de Cultura y es su escriba en los libros que firma el ex presidente. Ahora es uno de los que se dice sorprendido por lo que ayudó a llevar a la Casa Rosada.
El escritor Martín Kohan, por el contrario, desarmó esa operación en una frase donde sintetizó: "La cifra de 30.000 es abierta en el sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación al Estado, es una exigencia indeclinable de respuesta. Hay algo que increíblemente ha ocurrido en este retroceso ocurrido en estos años que son las características particulares que tuvo la represión y el terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas: no tenemos muertos, tenemos desaparecidos. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos en un colectivo y en un momento determinado, se postula e insisto en la idea de postulación porque no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación. Porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no la dio la cifra abierta no es sólo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente"
Lo cierto es que la operación de hablar del número es para evitar hablar de todo lo demás: del robo de bebés a madres que parían encadenadas, de las violaciones a mujeres secuestradas, del robo de propiedades y empresas a los detenidos, de las torturas y vejaciones, todo lo que relataron los sobrevivientes en el Juicio a las Juntas. Para ocultar que para el 24 de marzo de 1976 la capacidad operativa tanto de Montoneros como del PRT ya estaba prácticamente desarticulada, que la dictadura apuntó contra trabajadores, científicos, periodistas, artistas, militantes sociales que pudieran cuestionar la implantación del modelo Martínez de Hoz. Que, tal como relata Pilar Calveiro en su imprescindible libro "Poder y Desaparición", incluso hubo algunos casos de desaparecidos sin ninguna vinculación política ni sindical, simplemente para que el terror se capilarizara en toda la sociedad. A cualquiera le podía pasar, el terror se expandió a todos.
Milei, Villarruel y el aparato empresarial/mediático que quiere discutir el número de desaparecidos lo hace para esconder los números que sí se conocen con certeza: los del endeudamiento dictatorial (propio y por la estatización de deuda privada), la caída en la participación de los trabajadores en el ingreso, la destrucción del aparato industrial. Números que hoy vuelven a querer ocultar. La ministra de Seguridad Bullrich y el de Defensa Luis Petri quieren volver a operar como fórmula y fusionar esas áreas separadas desde el retorno a la democracia, en un show mediático que no busca resolver la cuestión narco sino desplegar de nuevo el terror para silenciar, al igual que en 1976 y como lo reveló Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar, su peor crimen: la implantación de un nuevo modelo económico de miseria y caos planificado.
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