La disputa entre el Gobierno nacional y Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) parece no tener fin. Por orden del secretario de Trabajo, Julio Cordero, el Ejecutivo presentó en la Justicia Laboral el pedido de intervención del sindicato que agrupa a los trabajadores de actividades rurales.
Desde el Ministerio de Capital Humano le indicaron a El Destape que tras un "análisis minucioso" de las denuncias e impugnaciones presentadas por irregularidades en la UATRE, se evaluó "conveniente elevar las mismas a la Justicia Laboral por ante la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo". De esta manera, aseguraron que la presentación judicial "se funda en la necesidad de garantizar la estabilidad institucional de la organización, como así también los derechos e intereses de los trabajadores agrupados en la referida entidad sindical".
El documento firmado por Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos, se presentó luego de que la Dirección de Asociaciones Sindicales dispusiera la suspensión del Congreso Anual del gremio en noviembre pasado.
Si bien la entidad gremial no logró acreditar la legalidad y la legitimidad de los congresales que iban a participar del encuentro en Puerto Madryn; el secretario General, José Voytenco, resolvió hacerlo de todas maneras y este accionar es tomado como una provocación por parte del funcionario. Para Cordero, ese Congreso no tenía las garantías suficientes porque no estaban formalmente convocados los representantes sindicales de todas las seccionales de la organización, hecho que había sido denunciado por los opositores.
Como respuesta a esta provocación del titular del gremio, se determinó designar a un nuevo interventor de la obra social de UATRE (OSPRERA). A través del Decreto 1054/2024, publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Virginia Montero como interventora de la obra social de UATRE y se designó en su cargo a Marcelo Petroni.
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Ahora, el secretario de Trabajo presentó un pedido en la Justicia que afecta el liderazgo de Voytenco y la Justicia deberá determinar si da curso a la intervención de uno de los gremios más importantes del país. “Se evidencia que dicho evento [el congreso en el que se eligieron autoridades] se llevó a cabo soslayando la suspensión dispuesta, incumpliéndolas resoluciones estatales, afectando la gobernabilidad del sindicato y la validez de las decisiones adoptadas en el mencionado Congreso", argumentaron los funcionarios en el documento.
Y agregaron: "Que esta autoridad de aplicación no ignora la autonomía de las organizaciones sindicales para darse sus instituciones, establecer sus procesos electorales y tomar todas las decisiones propias de la vida sindical, la que debe ser respetada a ultranza por los poderes públicos por tratarse de una manifestación esencial del principio de libertad sindical, pero ello debe armonizarse con la garantía que la Autoridad Laboral debe otorgar al respeto al principio de democracia sindical”.
La Resolución 2025-50 a la que accedió este medio será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial. En el pedido firmado por Cordero, se plantea: "La intervención que aquí se dispone, busca restablecer el orden interno en la UATRE, dado que actualmente se enfrenta a dificultades que impiden el normal desarrollo de sus actividades. Es fundamental restablecer la vigencia de la ley y de sus normas estatutarias". El pedido de Cordero recayó en la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ahora deberá resolver el futuro de la organización gremial. Dicha sala es presidida por Graciela Lucía Craig, ex esposa de Héctor Recalde.
Fuego cruzado entre el Gobierno de Milei y la UATRE
Voytenco llegó al poder en 2022, luego de ganarle la elección a Pablo Ansaloni, actualmente diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, el gremialista se encuentra en el ojo de la tormenta por una denuncia en la Justicia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Además, Osprera, la obra social del gremio, está bajo intervención de la Superintendencia de Servicios de la Salud, que reveló tras una auditoría que la prestadora adeuda $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”.
Además de esa auditoría, en las últimas horas el dirigente sindical Agustín Andrada solicitó la ampliación de la denuncia que presentó ante el juez Federico Villena (desplazado por la Cámara Federal de La Plata), ante la aparición de un presunto audio que se le atriuye a Pedro Peger, el segundo de Voytenco, en el que habla de un presunto acuerdo del líder gremial con un empresario a cambio “de un 4% que va a una caja negra”. El tono del audio, deja a entreveer una posible extorsión.
La intervención gubernamental, encabezada por Petroni, salió a mostrar una crisis financiera y estructural en la entidad, atribuyendo la responsabilidad al propio Voytenco. Desde UATRE aseguraron que se trató de una maniobra política y denunciaron las recientes designaciones que llevó adelante Petroni, nombrado allí por Lule Menem, asesor y armador político de Karina Milei.
Son tres cargos, uno de ellos para Sergio David Ansaloni, hermano del legislador nacional, quien ocupará un cargo como “delegado zonal de Pergamino con un sueldo de 3,5 millones de pesos”. Según el sindicato, esta medida implica “lisa y llanamente un acto violatorio de la autonomía sindical” y denuncian que no muestra experiencia en la materia.
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