La Justicia excarceló este viernes a Candelaria Montes y ordenó la prisión domiciliaria de Alesia Abaigar, dos de las 5 personas que habían sido detenidas tras realizar presuntos actos de vandalismo contra el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, que incluyeron la colocación de excremento frente a su domicilio. Ambas habían sido arrestadas y trasladadas a una cárcel de máxima seguridad, a pesar de que la acción por la que se las imputa no superaría el marco de una contravención municipal.
En lo que respecta a la situación de Abaigar, quien había sido una de las primeras detenidas, se dispuso que en menos de una hora brinde los detalles de su domicilio para llevar adelante allí su arresto. Una vez concluido ese trámite, se odena su "traslado inmediato", de acuerdo al documento al que accedió El Destape. Fuentes judiciales confirmaron que Montes fue directamente excarcelada y que no hubo novedades sobre los otros tres detenidos.
Este viernes, los consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, Mariano Recalde y Vanesa Siley, habían presentado una denuncia formal "por mal desempeño en sus funciones" contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La acusación está relacionada con la detención arbitraria de los cinco militantes peronistas que, según los denunciantes, están siendo privados de su libertad "por ejercer una acción simbólica de carácter político sin que mediara violencia ni daño a la propiedad", argumentan.
"Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin violencia ni afectación a los bienes de nadie", tuiteó en X la consejera y diputada nacional.
Desde el entorno de los consejeros denunciantes aseguran que la detención constituye "un caso de persecución política", además que la mayoría de las personas detenidas "son mujeres, militantes del campo nacional y popular, y que fueron incomunicadas en condiciones inusualmente severas para el tipo de acusación que se les formula", aseguraron.
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que deberá analizar si existen elementos suficientes para abrir un proceso formal contra la jueza. De avanzar, podría derivar en un juicio político y, eventualmente, en su remoción.
“No vamos a naturalizar el uso del poder judicial para perseguir opositores”, afirmaron Siley y Recalde al momento de presentar la denuncia. La jueza aún no se pronunció públicamente sobre la denuncia ni sobre los cuestionamientos a su actuación.
El PJ pidió la liberación de las detenidas
El Partido Justicialista (PJ) nacional emitió un comunicado en el que exigieron "la liberación de los militantes políticos ilegalmente privados de su libertad y se investiguen penalmente los abusos e irregularidades cometidos por la juez Arroyo Salgado" Además, respaldaron la denuncia presentada por Siley y Recalde.
"El Presidente de la Nación asegura que no se odia lo suficiente a los periodistas o se vanagloria de ser cruel con los peronistas o los kirchneristas. Es necesario entender que, tiempo mas tiempo menos, irá poniendo a otros sujetos o colectivos de nuestra sociedad en el lugar de perseguidos y acusados", cerró el texto.
El texto recordó que la titular del PJ, Cristina Kirchner, "atraviesa una prisión injusta" en el marco de un "caso más grave y resonante de persecución" que denuncian. En ese marco, observaron que el país atraviesa "un proceso de terrorismo de estado de baja intensidad, impulsado por Milei y el poder económico".
El CELS pidió la excarcelación de todos los militantes detenidos por el escrache a Espert
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este jueves la excarcelación de los militantes detenidos por el Gobierno nacional tras realizar presuntos actos de vandalismo contra el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, que incluyeron la colocación de excremento frente a su domicilio.
"Nos presentamos ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en la causa contra Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, con argumentos jurídicos útiles para la excarcelación de estas personas, detenidas por un escrache", inició el comunicado del CELS, que siguió: "La acusación penal parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie. La calificación legal en la que avanzó el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro es forzada y desproporcionada. Al mismo tiempo el rechazo a la excarcelación tampoco cumple con los requisitos legales que se exigen para dictar la prisión preventiva".
"La decisión de encarcelar personas solo se puede basar en la existencia de riesgos procesales, es decir, pruebas de que van a fugarse o entorpecer la investigación. Si las personas imputadas tienen arraigo y ocupaciones estables, deben atravesar el proceso en libertad. Y en ningún caso este tipo de medidas puede tomarse por una contravención, que es lo que podría constituir este hecho, si se comprobara la participación de los acusados", agregaron desde el organismo.
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