Mientras los trabajadores estatales de Santa Cruz sufren las consecuencias de las medidas del gobernador Claudio Vidal, el sector privado también atraviesa un momento complicado. En este panorama, el Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables provincial decretó estado de alerta y movilización por la "negativa" de las empresas a revisar el periodo paritario vigente.
A través de un comunicado, la entidad gremial señaló que la medida se establece en un "contexto de profunda complejidad para la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz" y planteó que "la falta de voluntad para discutir una adecuación salarial resulta inadmisible".
El gremio que conduce Rafael Guenchenen indicó que los trabajadores realizan un "enorme esfuerzo para mitigar las consecuencias" de la salida de diferentes operadoras, una situación que provocó "caída de producción, pérdida de puestos de trabajo, desinversión y un deterioro general de las condiciones de la industria en la provincia".
"Frente a este escenario, sostener una pauta salarial que ya quedó desfasada por la realidad económica nacional y del sector significa trasladar el peso de la crisis a quienes todos los días sostienen la actividad", remarcaron las autoridades sindicales.
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En medio de la crisis a nivel nacional y provincial, sostuvieron que "la pauta salarial vigente ha resultado insuficiente frente al impacto de la economía real y el encarecimiento del costo de vida, y que la revisión paritaria no es un capricho: es un derecho previsto en los acuerdos y una herramienta básica para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores".
De esta forma, el estado de alerta y movilización seguirá hasta que "el sector empresarial se siente a discutir seriamente una recomposición acorde a la realidad actual".
Motosierra en Santa Cruz: ATE denunció "despidos encubiertos" en el Municipio de Río Gallegos
El sector estatal sufre el plan motosierra que el gobernador Vidal le copia al presidente Javier Milei: la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) provincial denunció "despidos encubiertos" de trabajadores del Municipio de Río Gallegos, realizados por el intendente Pablo Grasso bajo las figuras de "finalización de contrato" o la estigmatización como "ñoquis".
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio remarcó que las cesantías "no son administrativas ni técnicas, sino políticas", y responsabilizó directamente a la gestión de Grasso por adoptar "las mismas recetas de ajuste, exclusión y crueldad social que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei".
Desde el sindicato sostuvieron que la decisión no solo deja a familias sin sustento, sino que también debilita áreas esenciales del Estado, afecta la prestación de servicios públicos y profundiza la precarización laboral. "Atacar los puestos de trabajo es atacar directamente al pueblo", advirtieron.
En el mismo sentido, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, utilizó sus redes sociales para reforzar el reclamo gremial. "Nos solidarizamos con los despedidos de la Municipalidad y exigimos su reincorporación", expuso.
El gremio exigió el cese inmediato de los despidos y la reincorporación de todos los trabajadores, reiterando su rechazo a cualquier política que, a su entender, "descargue el peso de la crisis sobre quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado y las políticas públicas en el territorio".
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