Medio año y cinco millones de infectados después de las primeras alarmas sobre neumonías atípicas causadas por un nuevo virus en la ciudad china de Wuhan, literalmente al otro lado del mundo, el epicentro de la pandemia llegó a Sudamérica, que esta semana acumuló más casos nuevos que la suma de Europa y Estados Unidos. Se viven jornadas críticas, justo cuando el invierno empieza a mostrar su filo en el hemisferio sur.
Brasil se consume en una espiral de desgobierno e impotencia: ya es el segundo país del mundo con más casos y ni siquiera puede articular una política sanitaria. Los gobernadores, el Congreso y la Corte Suprema no logran torcerle la mano al Presidente, que se aferra más al poder a medida que se deschavan sus actos de violencia y corrupción. Es difícil que ese país vuelva a ser el mismo después del coronavirus y Jair Messias Bolsonaro.
En Chile, el hambre alentó violentos saqueos y protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, que fungieron, a su vez, como excusa para que el gobierno vuelva a reprimir. El presidente, que estaba en jaque antes de que comenzara la pandemia, otra vez es fuertemente cuestionado. Se están detectando cinco mil casos por día y ya son más de 60 mil en total. El sistema de salud alcanzó el tope de su capacidad.
Anoche, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, firmó un decreto por el que delegó sus funciones al Secretario General de Gabinete, Juan Roldán. Se trata de una renuncia encubierta, para evitar que el poder recaiga en su vice, en el que no confía. En Bolivia, la pandemia resultó la excusa perfecta para que la presidenta de facto, Jeanine Añez, posponga las elecciones.
En una región donde la inestabilidad política es una constante a lo largo de la historia, el coronavirus funciona como un catalizador que magnifica peligros preexistentes. La combinación de colapso sanitario y tensión sobre las instituciones en un marco de desigualdad extrema, economías en negro y hacinamiento de un sector importante de la población puede proyectar la crisis a niveles que no se vieron todavía.
La Argentina aún está lejos de esa realidad: a pesar de los debates, que por otra parte se repiten, en términos similares, en todo el mundo, es difícil discutir los resultados objetivos de la estrategia que adoptó el presidente Alberto Fernández. No solamente se ganaron semanas valiosísimas, sino que durante esas semanas se reforzó, a consciencia, el sistema de salud. Ayer, en 19 provincias hubo cero nuevos infectados.
El área metropolitana es otra cosa. De los 704 casos reportados ayer, el 98 por ciento están en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Es el nudo gordiano de la pandemia: poco más del 0,1 por ciento del territorio vive donde uno de cada tres argentinos y se produce la mitad del PBI. Aunque el resto del país pueda normalizar la vida cotidiana, no está preparado, productiva ni estructuralmente, para seguir adelante mientras la metrópolis esté parada.
La sintonía fina con la que se deciden los detalles del aislamiento también debe aplicarse a las medidas de ayuda económica. En ese sentido, esta semana se dio un paso importante al excluir del programa ATP a las empresas que distribuyan dividendos, compren dólares bolsa u operen en guaridas fiscales. Está a la firma una regulación para excluir también del beneficio los sueldos gerenciales o mayores a cierta cifra.
Son correcciones virtuosas y necesarias, que no responden a prejuicios ideológicos sino todo lo contrario. No solamente los recursos son escasos y deben distribuirse con criterio progresivo. La plata que va a los bolsillos equivocados causa más problemas. Por caso: cuando se interrumpió el crédito barato a productores agropecuarios que acopiaban su producción, bajó inmediatamente el precio del dólar en el mercado negro.
No fue noticia, como no lo fue el audio de la expresidenta Gabriela Michetti apretando al titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, para exculpar al fiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento; ni la confesión del jefe de campaña de José Luis Espert de que su lance electoral fue financiado por el PRO porteño; ni la cantidad cada vez mayor de represores beneficiados con prisión domiciliaria.
Durante la semana que concluye, en cambio, el latiguillo de moda en los medios opositores fue que el país, a partir de esta nueva prórroga, tiene la cuarentena más larga del mundo. Según el mensaje, repetido por comunicadores variopintos en canales de distintos dueños pero con una línea editorial curiosamente uniforme, la medida fue exitosa pero ya se agotó y es hora por reemplazarla por otra. Hasta ahora ninguno sugirió esa alternativa superadora.
La premisa ignora que las restricciones se flexibilizaron de manera significativa durante estos dos meses, pero sobre todo parte de un dato falso: ni siquiera tenemos la más extensa del continente. Perú comenzó el 16 de marzo, cuatro días antes, y el presidente Martín Vizcarra acaba de prorrogarla hasta el 30 de junio. A pesar de eso, es el segundo país más afectado en la región, después de Brasil. Tiene más de 115 mil casos y 3300 muertes.
No es conveniente medir las cuarentenas por su extensión sino por sus resultados. En ese sentido, resulta evidente que durante las primeras semanas de aislamiento social en Argentina, la medida tuvo éxito en todo el país, y que luego algo falló en CABA. En las villas los casos comenzaron a escalar rápidamente. El 21 de abril se denunciaba el primero en la 31; hoy son más de mil. Se duplicaron once veces: una vuelta cada menos de tres días.
El repunte de la curva de contagios coincidió con los cortes de agua en varias manzanas del barrio. La responsabilidad del gobierno porteño es ineludible. La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, tiene un pie afuera de su despacho. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sólo espera el momento adecuado para el enroque. Quiere reemplazarla por una figura con más volúmen político.
Puede que no sea el único cambio en un gabinete donde varios funcionarios están inquietos porque tienen miedo de perder su cargo. Se trata de dirigentes que llegaron de la mano de Mauricio Macri. La interna del PRO pone en riesgo hasta el color que eligieron hace más de diez años: hace varias semanas que el GCBA reemplazó la escenografía amarilla por un sobrio fondo blanco para sus conferencias de prensa diarias sobre la situación del Covid-19.
La unidad opositora volverán a ponerse a prueba a partir de esta semana, cuando finalmente comience a discutirse en el Congreso el impuesto a las principales fortunas del país para financiar la salida de la crisis. En la cámara baja, hay diputados del radicalismo y otros que responden a Rodríguez Larreta que ya le manifestaron a sus pares del Frente de Todos que están dispuestos a acompañar la iniciativa. Los porotos dan para aprobar la ley.
Otros legisladores opositores buscarán evitar que salga, como sea. Una muestra de lo que puede suceder cuando el debate suba de temperatura la dio esta semana la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, que después de la sesión del jueves denunció que no pudo votar por un problema de conectividad. A través de su cuenta de twitter, Frade pidió que se impugne el resultado de la votación y que se implementen sesiones presenciales.
“Un escándalo. Hoy sesionamos en HCDN, mi voto positivo, fue computado como negativo. Se me considero ausente por no poder acceder al dispositivo por inconvenientes entre Fibertel y la HCDN, o sea, razones ajenas a mi. Democracia pandémica. Good show. Massa me silencio el micrófono. Este es el Congreso que quieren. ¿Se entiende por qué no sesiones presenciales?”, posteó la diputada.
El detalle es que Frade nunca contó con que el sistema lleva un registro de los ingresos y salidas, por lo que no resultó difícil comprobar que la diputada no había intentado conectarse durante la sesión a la app que permite chequear los datos biométricos de los legisladores para habilitarlos a dar quórum y votar, según reveló Nicolás Fiorentino en el portal Letra P. Hasta Elisa Carrió, su amiga personal y referente política, quitó el retuit que había dado al posteo con la denuncia.
Esa maniobra absurda desnuda la realidad de que existe un sector de la oposición, con terminales políticas, periodísticas y empresariales, que no está dispuesta a ceñirse a las reglas de la democracia. Los riesgos, en un contexto global y regional convulsionado, se multiplican. La salud y la economía no son lo único en juego. El desafío en las próximas semanas será el más grande que un gobierno argentino haya tenido que enfrentar, jamás.
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