¿Hasta cuándo los industriales aceptarán que los tengan de hijos?

21 de junio, 2021 | 05.00

El domingo 20 de junio en Argentina se festeja el “Día del Padre”, este año coincide con el “Día de la Bandera” que rememora la fecha en que por primera vez flameó la insignia nacional nacida del genio de Manuel Belgrano, general sí pero también, y antes, abogado, periodista y economista. Es decir, un civil que tomó las armas en defensa de la Patria en ciernes, un patriota más allá de títulos, honores y circunstanciales roles que debiera asumir por la causa nacional. Familia, Patria -hoy deberíamos asimilarlo o conjugarlo con Matria-, ¿y la propiedad, su función?, bueno, de eso habría que hablar y definir cuánto tiene o no que ver con los valores fundamentales de la Comunidad que se organiza en relación a aquellos otros emblemas, sentimientos y convicciones.

La libertad sindical

Al lector le provocará lógica sorpresa que, con el título de esta nota y lo enunciado en la bajada, se plantee comenzar un recorrido por una temática que parecería reservarse para iniciados en Derecho. Pido entonces un poco de paciencia, para darle forma y sentido a las reflexiones que propongo.

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Libertad es una palabra que encierra múltiples significados y connotaciones, que no siempre se aclaran cuando le agregamos otro término que -cuanto menos- acote los alcances que pretendemos asignarle o el universo al cual nos referimos.

Algo parecido ocurre con la palabra “sindical”, porque una inmediata -y diría inexorable- inferencia es que se alude exclusivamente a la organización de las y los trabajadores, pero cuando la ligamos a “libertad” -y en una casi acrítica concepción constituida en axioma- se plantea abarcadora también de la agremiación de los empleadores.

En el plano internacional ese axiomático enunciado encuentra su máximo altar en el Convenio N°87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No sólo ratificado por la Argentina, sino que, después de la reforma constitucional de 1994 y en función de la incorporación con igual rango de ciertos Tratados sobre Derechos Humanos, las normas de ese Convenio se consideran de igual jerarquía que las de la Constitución Nacional.

Sucintamente, y en lo que aquí interesa, ese Convenio establece:

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”. (Art. 2°)

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores”. (Art. 5°)

La noción de libertad sindical, señala la doctrina y la jurisprudencia laboralista, comprende a la “democracia sindical” como manifestación necesaria de una legítima organización gremial. Aspecto, que es recurrentemente vinculado a los sindicatos -éstos sí indiscutiblemente formados por trabajadores- y no, justamente, para elogiar el modo en que se desenvuelve su vida interna.

Desde la “academia” pretendidamente cientificista, un “progresismo” animado por categorías eurocéntricas y hasta desde usinas que alimentan el acervo empresarial, suele atacarse el Modelo Sindical argentino -de clara raíz peronista- por “su falta de vocación democrática”. Que quedaría en evidencia por la supuesta opacidad de sus procesos electorales y, principalmente, por el escaso recambio de su dirigencia al no existir límites temporales para la renovación de los mandatos de quienes ocupan cargos en las comisiones directivas.

UIA, un récord para el Guinnees

La Unión Industrial Argentina (UIA) es una entidad que, por antonomasia, expresa esa organización de los empleadores que contempla el Convenio N°87 OIT y, desde esa perspectiva de -dudosas- equivalencias, se colocaría como tal a la par que los sindicatos en derechos y obligaciones.

Ahora bien, la libertad sindical que se le reconoce a las asociaciones patronales y, particularmente, a la antes mencionada: ¿Cuánto se corresponde con la “democracia sindical” que sería inherente a aquella?

Una característica que sin demasiado análisis las define, es la de ostentar un régimen predominantemente “plutocrático”, pues son los más ricos -los titulares de las grandes empresas- los que las gobiernan y deciden, en su caso, las alternancias que periódicamente registran sus formales conducciones.

Elecciones no, designaciones mediante procedimientos carentes de transparencia. Publicidad de esos actos y decisiones, ninguna, sólo trascendidos y la comunicación oficial de lo resuelto en las sombras por unos pocos. O sea, de democracia nada.

Bien podría pensarse que, aunque reprochable y demostrativo del sofisma de extender -salvo como eufemismo- la concepción de libertad sindical a las organizaciones de patronos, no representa novedad alguna. Sin embargo, la renovación de autoridades que hace pocos días se produjo en la UIA ha alcanzado una degradación lindante con el paroxismo.

Las reglas no escritas de dar cierta participación a representantes de sectores tradicionales se rompieron, el debate restringido pero abierto a los dirigentes históricos de esa entidad no existió, los reclamos por ser oídos ni siquiera fueron atendidos por teléfono. El empoderamiento extremista de los más poderosos fue absoluto, cerrando filas entre cuatro y dejando afuera de la toma de decisiones a todo el resto.

De Mendiguren, antiguo dirigente de esa entidad que la presidió en dos oportunidades, denunció esas maniobras en un Zoom ante más de cien miembros del Consejo Federal de la UIA: “Sobre la fecha ya, donde no quedaban plazos para nada, se me dice que mi sector iba a ser vetado. ¿La causa?, pregunté. Perdón, mi sector es un sector tradicional, ochenta años en la UIA, es el sector que más valor agrega en la cadena textil (…) Terminemos con un grupo que asusta con la lapicera de dejar adentro o fuera de la lista y pretender dominar. Como una vez dijo el señor Paolo Rocca enfrente de mí: ‘Nosotros no queremos participar en las entidades. Queremos la gobernabilidad de las entidades. Queremos gobernarlas’”.

La nota de color que coronó el operativo de copamiento de la Central del empresariado industrial fue colocar como Presidente a Funes de Rioja que no es industrial y ni siquiera empresario, sino un abogado de empresas especialista en Derecho del Trabajo. Imaginen cual sería la reacción mediática -que en este caso no existió- si, por ejemplo, se nombrara como Secretario General de la CGT a un abogado, aunque se tratara de un abogado laboralista de la talla de Héctor Recalde.

De Mendiguren, en ese sentido, fue mucho más lapidario cuando en una entrevista televisiva señaló: “Es la primera vez que la UIA elige un abogado laboralista para que la presida, es como elegir a un sepulturero para manejar el quirófano, no sabe diferenciar un bulón de una tuerca”.

Esa paradoja posee un sentido claro en la lógica de los sectores concentrados transnacionales enfrentados con el Gobierno nacional, con miras a consolidar su posición de opositores políticos y combatir el desarrollo de un industrialismo nacional que pueda poner en riesgo sus privilegios monopólicos y oligopólicos.

El flamante secretario de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que no es industrial ni siquiera empresario. Junto a él, el secretario de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez.

A lo que se acomoda perfectamente el contar con una figura destacada en la prédica flexibilizadora, antisindical y neoliberal, con dotes de experimentado lobista; asumiendo la condición de mascarón de proa, que les permita esquivar -a quienes manejan los hilos- la exposición directa en su accionar depredatorio y representando, a su vez, un fusible del que tomar distancia ante un eventual cortocircuito.

Ya hemos visto mucho de esto último en la causa de las “fotocopias de los cuadernos”, donde los mandamás se hacían los desentendidos mandando al frente a sus “ceos-dependientes” para cumplir la parte que les tocaba en el montaje mediático judicial tras el premio mayor que los desvelaba, encarcelar a toda costa a Cristina Fernández de Kirchner.

Con toda razón Cristina Kirchner en su segunda Presidencia, cuando el gran empresariado se quejaba porque no los recibía, les decía -palabras más, palabas menos-: "No tengo problema en que nos reunamos, pero que vengan los dueños no los gerentes a sentarse a la mesa".

¿Existe la burguesía nacional?

En general se reconoce bajo esa denominación a un subproducto del proceso que se verificó, principalmente, entre dos grandes crisis del siglo XX: la de 1929 y la del petróleo a comienzos de los años 70’.

Su caracterización más extendida es ser fruto de una alianza con las representaciones obreras y empresarias -del sector industrial predominantemente- promovida por el Estado, también parte de la misma, que bregaba por un mayor grado de autonomía en el desarrollo de la economía en los países dependientes -o emergentes-, asentada en la sustitución de importaciones como también en dotar de valor agregado y ampliar los bienes exportables.

La clave en definitiva consistía para el empresariado, en acompañar -y beneficiarse- en la construcción de soberanía en diferentes ámbitos (fabril, comercial, tecnológico, financiero, agrícola, transporte -terrestre, aéreo, fluvial y marítimo-, energético), con el propósito de reemplazar -en todo o en parte- al capital transnacional concentrado, constituyéndose en una pieza relevante de esa estrategia, pero para la cual, era indispensable el empuje y compromiso del Estado.

Nuestro país reconoce distintos períodos en los cuales se registraron sinergias de esa índole, un crecimiento más equilibrado con una distribución de mayor equidad entre las fuerzas del Capital y el Trabajo, el crecimiento del mercado interno sostenido por distintos factores, entre ellos, el direccionamiento del gasto e inversión pública y el incremento de los salarios con el consiguiente efecto en el consumo, como la ampliación del mercado exterior.

El último, se registró luego de la crisis terminal del 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en los que hubo una apuesta fuerte por recuperar ese esquema de crecimiento con equidad, volcándose decididamente en una articulación regional para lograr, como bloque, más soberanía en las decisiones de política económica.

Frente al desastre que resultó para el país la experiencia neoliberal iniciada en los 90’, la reconstrucción de entre esos escombros fue pensada por Néstor Kirchner alentando la idea de un “capitalismo nacional”. Decía al respecto, que ello era indispensable para “rescatar a la economía argentina de las ruinas del neoliberalismo” y, además, entendía que “es imposible construir un proyecto nacional si no consolidamos la ‘burguesía nacional’”.

El dilema sigue siendo si esa categoría socio-empresaria es realmente válida y, en tanto se la tenga por cierta, si es posible sostenerla en el tiempo más allá de las etapas de bonanza y si les interesa verdaderamente a quienes puedan así ser catalogados integrarse en un Proyecto Nacional al que deberán necesariamente aportar, no sólo invertir para sacar ganancias.

Una fecha … un mes, para reflexionar

El 3 de junio, fecha en que naciera Manuel Belgrano, “no estaría mal que celebremos (…), como el Día de la Industria”, dice Felipe Pigna, señalando que fue “nuestro primer y entusiasta industrialista”. De quien recuerda, entre otras, las siguientes palabras: “Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y ponen todo su empeño en conseguir, no sólo darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo. Y después venderlas”.

El 7 de junio de 1810 apareció la “Gazeta de Buenos Ayres”, en la que también colaboró Manuel Belgrano, un periódico impreso creado para difundir los actos de la Primera Junta, nuestro primer gobierno patrio, y por ello es que el 7 de junio ha sido elegido como el “Día del Periodista”.

El 10 de junio fue declarado el “Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico”, durante la tercera Presidencia de Juan D. Perón en noviembre de 1973 (Ley 20.561), en conmemoración de la asunción en ese día de 1829 del primer Gobernador argentino en dicho territorio.

El 16 de junio de 1955 fue la antesala del sangriento golpe de Estado que derrocara, en ese mismo año (el 16 de septiembre), al Presidente Perón, y consistió en el bombardeo criminal y genocida que aviones de las Fuerzas Armadas efectuaron en horas del mediodía sobre la Plaza de Mayo y sus adyacencias, con el propósito de asesinar al primer mandatario, y que produjo la muerte de más de 300 personas y heridas a otras 800, toda población civil.

Ese luctuoso episodio que quedara impune fue ocultado por décadas por el periodismo y por la historia oficial que, en las Manuales de enseñanza primaria y secundaria, se omitía sin en el menor pudor.

No es ocioso recordar que en el derrocamiento de Perón participaron muchos y lo festejaron otros tantos de los “industriales” que llegaron a ser tales o a desarrollar sus empresas como nunca antes gracias a las políticas de los gobiernos peronistas.

Sin equipararse, obviamente, por lo incruento -inicial- del gobierno de Macri, es innegable que su acceso a la Presidencia también fue favorecido, financiado y apoyado con el voto de muchos “industriales” que habían sido tributarios de las políticas desarrollistas de Néstor y Cristina Kirchner. Al igual que guardaron silencios cómplices, o de una prudencia rayana en la cobardía, ante los embates del macrismo contra todo lo construido en favor de ese sector en los gobiernos que lo precedieran. 

Pareciera que es hora que esa “burguesía”, en gran medida hija de las políticas peronistas y de la movilidad social ascendente que generaron, abandone esas conductas maniqueas y distinga -cualquiera sea la filiación o inclinación partidaria- entre el poder concentrado de la economía aliado a intereses foráneos y los propios indisolublemente unidos al destino común de la Patria, a su efectiva soberanía e independencia económica. 

La figura de Manuel Belgrano es polifacética, así como se desenvolvió en el campo político y militar también desarrolló una vasta actividad periodística en la que puso de manifiesto la profundidad de su pensamiento económico. “Ni la agricultura ni el comercio serían, así en ningún caso, suficiente a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”, sostenía en un artículo publicado en el Correo de Comercio (N°2 del 10 de marzo de 2010).

Unos meses después, en esa misma publicación (N°27 del 1° de septiembre de 1810), afirmaba: “Ninguna cosa tiene su valor real, ni efectivo en sí mismo, sólo tiene el que nosotros le queremos dar; y éste se liga precisamente a la necesidad que tengamos de ella; a los medios de satisfacer esta inclinación; a los deseos de lograrla y a su escasez y abundancia …”.

Esto último si bien dirigido a un área específica de la economía, la trasciende y es dable proyectarlo a un espectro más amplio, abarcador de diversas situaciones en las que deben establecerse objetivos, definirse posiciones, determinarse alianzas y despejarse de obstáculos el camino elegido.

Por cierto, que también impone lealtades, un obrar consecuente no exento de sacrificios y estar dispuesto a abordar el tren para hacer el viaje completo hasta el destino fijado en común, desechando toda licencia de abandonarlo en alguna estación intermedia ante la primera dificultad que se presente o cuando la travesía no reporte todos los beneficios que se imaginaban. 

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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