Organizaciones, prestadores de servicios y familiares personas con discapacidad marcharon este martes por la noche por el centro de la ciudad de Corrientes para evidenciar la crítica situación del sector. En ese sentido, pidieron a los legisladores nacionales que acompañen la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre de este año.
La movilización comenzó a las 20:30 en la plaza Juan de Vera, donde muchas personas se concentraron con carteles, bombos y parlantes para hacerse oír y profundizar sus reclamos contra la falta de respuestas del presidente Javier Milei y del gobernador Juan Pablo Valdés.
El reclamo se produce en un contexto de actualizaciones insuficientes en los aranceles de prestaciones, que acumulan un atraso del 40% respecto de lo estipulado en la normativa vigente. Las familias cuestionan a la administración de La Libertad Avanza (LLA) por el manejo y recortes de los recursos destinados al sector, al tiempo que se exige mayor respuesta y acción a las gestiones locales y provinciales alineadas con el ajuste libertario.
Una madre de una niña con discapacidad afirmó que la movilización se justificó en los serios retrasos en los cobros mensuales de los prestadores. Estas demoras están vinculadas a obras sociales que dependen del Gobierno nacional, como así también a obras sociales de sindicatos.
La damnificada calificó la situación como "caótica y asfixiante". "Los prestadores están sacando créditos del crédito para poder sobrevivir", aseguró de acuerdo a lo detallado por Diario Época.
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En ese sentido, señaló que las familias "están preocupadas por las terapias, ya que garantizan una vida digna y autónoma de cara al futuro". Si se mantiene este contexto crítico, la mujer vaticinó que la prestación de servicios dedicados para personas con discapacidad será un lujo al que solo accederán quienes estén mejor posicionados económicamente.
Por su parte, Alejandra Gueri, del Espacio Mombáy, expresó: "Es increíble que estemos en septiembre de 2026 con el mismo pedido, que es la recomposición salarial". La especialista sostuvo que los aranceles de las distintas prestaciones están por debajo del salario mínimo, vital y móvil. Además, detalló que los retrasos en los pagos llegan hasta cuatro meses.
La trabajadora contó que en la actualidad las familias deben elegir las prestaciones cuidadosamente o bien poner de su propio bolsillo para sostener los servicios, una situación que repercute negativamente en la calidad de vida de los pacientes.
La oposición emplazó la Emergencia en Discapacidad
Mientras organizaciones, familias y prestadores, nucleados en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizan frente al Congreso, la oposición logró el quórum en la Cámara de Diputados para aprobar emplazamientos a comisiones y acelerar el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia.
El objetivo era fijar plazos para que las comisiones emitan dictamen sobre cerca de 50 iniciativas vinculadas con la morosidad y sobre la extensión de la emergencia, que vence a fin de año.
Por 249 votos se convocará a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para el 16 de septiembre y para el 23 se dictaminará. La Libertad Avanza votó con la oposición, pero su jefe de bancada, Gabriel Bornoroni, aclaró que los otros bloques "utilizan este tema como una cuestión política" y que "comisión de Discapacidad está trabajando en un cronograma".
El proyecto de prórroga, identificado como Expediente 4018-D-2026, fue presentado con el acompañamiento de diputadas y diputados de distintos bloques parlamentarios. “La emergencia no terminó. El Congreso tiene que avanzar”, señalaron desde el Foro, al advertir que la situación sigue afectando a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras.