Organizaciones, familias y prestadores, nucleados en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lleva a cabo una movilización frente al Congreso de la Nación este miércoles para exigir que avance con la extensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. El reclamo se produce en un contexto de actualizaciones insuficientes en los aranceles de prestaciones, que acumulan un atraso del 40% respecto de lo estipulado en la normativa vigente.
La marcha será de 11 a 13, en el marco de la sesión especial de Diputados. La concentración reunirá a organizaciones, personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores, con el objetivo de reclamar la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
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El proyecto de prórroga, identificado como Expediente 4018-D-2026, fue presentado con el acompañamiento de diputadas y diputados de distintos bloques parlamentarios. “La emergencia no terminó. El Congreso tiene que avanzar”, señalaron desde el Foro, al advertir que la situación sigue afectando a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras.
Crisis en el área de Discapacidad
El reclamo se produce en un contexto de actualizaciones insuficientes en los aranceles de prestaciones, que acumulan un atraso del 40% respecto de lo estipulado en la ley vigente. El Gobierno dispuso recientemente un aumento del 2,1% en agosto, en línea con la inflación de julio, mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Sin embargo, el Foro advirtió que estas subas mensuales no alcanzan para revertir el atraso histórico acumulado bajo la gestión de Javier Milei.
“Por no cumplirse con lo estipulado en la Ley de Emergencia, las prestaciones acumulan un 40% de atraso”, remarcaron desde la organización.
El esquema de actualización replica la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero no contempla mecanismos de recomposición más amplios. En julio ya se había aplicado una suba del 1,9%, correspondiente al IPC de junio, lo que evidencia una política de ajustes mínimos y tardíos.
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Los nuevos valores alcanzan a todas las prestaciones incluidas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, regulado por la Ley 24.901. La resolución también ratificó el adicional del 20% para la Patagonia, contemplando las condiciones particulares de los prestadores en esa región.
No obstante, el Foro insiste en que la falta de cumplimiento pleno de la Ley 27.793 deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad. “La emergencia continúa materialmente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones”, subrayaron los organizadores de la marcha.