Un grupo de abogados le reclamó a la Corte Suprema que cese la feria judicial y se reanuden las tareas en los tribunales en materia penal. No tuvo efecto, por ahora, ya que la Corte la extendió de acuerdo a la prórroga que dispuso el Gobierno. Sin embargo, vale la pena repasar quiénes son y a quiénes representan estos letrados, que van desde los grandes estudios de las corporaciones hasta representantes legales de represores y genocidas pasando por abogados vinculados al PRO y a Mauricio Macri.
Se presentaron como “Abogados y Abogadas independientes dedicados a litigar en materia penal” pero muchos de ellos están ligados al Colegio de Abogados de la calle Montevideo, la entidad de lobby de los estudios de la city porteña y defensores de genocidas. Como la definió Horacio Verbitsky, “el establishment jurídico que postró al país”.
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“En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando ‘había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico’. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó ‘la independencia con que han actuado los jueces’”, publicó Verbitsky. En 1955, tras el derrocamiento de Juan Perón, el mismo Colegio publicó: “Ha caído la dictadura (…) hombres de todas las tendencias, entre los que se destacan muchos socios de este Colegio, se ocupan de asegurar el imperio del Derecho (…) después de haber consagrado la tarea heroica y de terminar con el déspota y su sistema”. Hoy, buena parte de los que le insisten a la Corte que les permite volver a sus negocios pertenecen a esa entidad, especialmente a su comisión de Derecho Penal.
Uno de los firmantes que encabeza la petición elevada a la Corte Suprema es Alejandro Carrió. Integrante del estudio Carrió y Garay, fue abogado de Clarín durante la obstaculización que hizo el multimedios de la implementación de la Ley de Medios y fue representante legal de Marcela y Felipe Noble Herrera junto a Roxana Piña, otra de las firmantes de la misiva dirigida al Alto Tribunal.
En el último tiempo, Carrió encabezó la querella de AFIP contra Oil Combustibles, es decir, la persecución contra los empresarios Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa. Evidentemente, el macrismo no confiaba en los abogados del organismo para impulsar esa causa escandalosa. En diciembre le venció el contrato con la AFIP y no le fue renovado. Escribe columnas de opinión en el diario La Nación, como varios de los firmantes.
El abogado Ricardo Rosental, quien se ocupó personalmente de cuidar a Mauricio Macri y a sus hermanos en varias causas de corrupción y en los Panamá Papers, también firma el documento.
La quinta rúbrica que se lee en el pedido a la Corte es la de Ricardo Gil Lavedra, cuya pátina de integrante del Juicio a las Juntas ya quedó totalmente tapada por su defensa de intereses corporativos, su rol en la persecución a opositores durante su paso como funcionario de Macri y los millones a dedo que recibió en ese período. Basta recordar que Gil Lavedra defendió al ex juez José Luis Monti por sus fondos sin declarar en guaridas fiscales mientras él mismo guarda su dinero en Suiza; que, como reveló El Destape, recibió 4 millones de pesos a dedo para ser el abogado de la AFIP en la persecución contra López y De Sousa; que diseñó la estrategia inquisitoria contra Milagro Sala; que asesoró a Odebrecht en sus negociaciones para que sus ejecutivos declaren en Argentina sin que se les inicien procesos penales; y que obviamente es socio del Colegio de abogados de empresas y represores. El bautismo de la “conversión final” de este abogado fue la defensa del juez Ricardo Lona en un juicio en el que fue condenado por crímenes de lesa humanidad.
El otro nombre importante es José Alfredo Martínez de Hoz, hijo de su padre homónimo que fue el ejecutor del plan de miseria planificada de la última Dictadura cívico militar. Pero no es sólo el hijo. Fue, hasta hace poco, uno de los socios del poderoso estudio PAGBAM, siglas de los apellidos Jorge Pérez Alati, Mariano Grondona también hijo, Manuel Benites y Alan Arnsten. La M final era de Martínez de Hoz, que se abrió en 2018 para armar un nuevo buffete junto a Pablo Rueda. Su apuesta fueron los negocios energéticos, su especialidad. Pero vale recordar el PAGBAM fue uno de los arietes para recaudar fondos para las campañas de Macri así como el estudio que participó desde el acuerdo con el fondo NML de Paul Singer a la venta de Telecom al fondo Fintech.
Santiago Blanco Bermudez y Julián Subías son los abogados del ex Jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso, y se suman al reclamo para que se reanuden las tareas judiciales en plena pandemia. Entre otros casos, representan al espía en el D’Alessiogate. También firman el pedido Mauricio de Nuñez y Guido Sciarreta, los abogados del operador con patente de periodista Daniel Santoro por su participación en la red de espionaje ilegal en torno a Marcelo D’Alessio.
Firma también Denis Pitté Fletchner, que fue quien le inició una causa penal a Gustavo Beliz en 2004, cuando era ministro de Justicia y mostró la foto de Stiuso en el programa de Mariano Grondona. Hace poco escribió: “Hasta la figura del papa Bergoglio se ha encolumnado detrás de los malhechores antirepublicanos, abrazándose con los Castro, con Maduro, con Correa, con Morales, con Cristina Fernández, y con cuanto encumbrado ideólogo del socialismo se cruce en su camino”. También le pidió “al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que promueva una causa disciplinaria contra” Graciana Peñafort por haber tuiteado que la Corte debía resolver si el Congreso podía sesionar de manera virtual. Juan José Ávila, que también figura, es quien patrocina a los diputados de Juntos por el Cambio que denunciaron a Peñafort.
Juan María del Sel encabeza la nómina con su firma. Integra el estudio Fontán Balestra & Asociados, que defendió a Paolo Rocca, CEO de Techint, en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Este estudio, según su página web, tiene por clientes a bancos primera línea, empresas nacionales y extranjeras, servicios de medicina prepaga e instituciones médicas, estudios jurídicos, compañías de televisión abierta y de cable, medios gráficos y radiales de comunicación, empresas de construcción, empresas de transporte aéreo, empresas de servicios públicos, compañías petroleras, etc. De Sel es presidente de la mesa directiva de la Comisión de Derecho Penal y Procesal del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Fernando Díaz Canton, del estudio Díaz Cantón, Sgro & Asociados, es vicepresidente de esa comisión y también suscribe la carta.
Casi todos los integrantes de esa comisión del Colegio de Montevideo suscribieron la misiva. Como el abogado Alejandro Freeland, del estudio Freeland, quien llegó a afirmar en declaraciones públicas que “Chocobar está justificado doblemente”, por matar a un delincuente por la espalda. En una entrevista con el diario La Prensa, intentó explicar: “Por actuar en legítima defensa y en cumplimiento de su deber”. En 2015 fue candidato a presidente del Jockey Club pero quedó tercero.
Firma el documento Zenón Alejandro Ceballos, el abogado de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, en la causa de las fotocopias de los cuadernos Fénix. También fue parte de la alianza entre el PRO y Gente de Derecho para el Colegio Público de Abogados de la Capital..
Otra de las firmas es Hernán Prepelitchi, abogado de la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura “Tecnicamente no es delito” Alonso en una denuncia contra el juez Luis Rodriguez, que procesó a la enamorada de Macri por su actuación en el conflicto de interés del ex ministro de Energía Juan José Aranguren.
Manuel J. Romero Victorica y Juan Pablo Vigliero, del estudio Casal, Romero Victoria y Vigliero Abogados, son otros dos abogados que se sumaron al reclamo a la Corte. El estudio representó a Sandra Arroyo Salgado en causa que se abrió por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Según la página del estudio, desde el año 1987 a 1991 Romero Victorica integró la Dirección de Asuntos Jurídicos de la empresa automotriz multinacional "Sevel Argentina S.A." (Fiat-Peugeot), llegando a ocupar la posición de Abogado senior de la firma. En 2001, Mauricio Macri fue procesado por contrabando, al ser considerado responsable de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de Sevel al Uruguay.
El ex juez Oscar Mario Salvi es otro nombre conocido en tribunales. En su estudio, que lleva su apellido, se formó la N°2 de la UIF macrista, María Eugenia Talerico. Es el estudio que defendió al banco HSBC. Salvi fue abogado de Carlos Menem, entre tantos otros.
Marta Nercellas, que también rubricó la petición, fue abogada de la DAIA. Estaba relacionada al policía Jorge “Fino” Palacios. Fue una de las personas que dijo públicamente que Nisman le contó que iba a denunciar a CFK por el Memorándum. También figura Jorge Kirszennsum, expresidente de la DAIA y quien fuera abogado del expresidente Fernando De la Rúa.
El capítulo de abogados de genocidas y represores que reclaman a la Corte por el cese de la feria es largo.
Firman Guillermo Arias, Santiago Vidal Albarracín, Juan Martín López Quesada, Diego Seitún, Justo Lo Prete y Nicolás Durrieu, todos del estudio fundado por Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de la última dictadura cívico militar, si es que ese cargo no era un oximorón. El periodista Walter Goobar publicó que, “en 1987, Durrieu fue uno de los firmantes de una escandalosa solicitada en la que expresaba solidaridad y reconocimiento con Videla, quien dos años antes había sido condenado en el Juicio a las Juntas”.
También Eduardo Sinforiano San Emeterio, abogado de genocidas. El portal desaparecidos.org informa que antes de dedicarse a la abogacía fue parte de los servicios de inteligencia y, a partir de 1976, de un Grupo de Tareas responsable de numerosos secuestros y asesinatos.
Fernando Goldaracena fue abogado del ex almirante Armando Lambruschini en el Juicio a las Juntas. Como no podía ser de otra forma, integra la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y firma.
También figura Guillermo Jesús Fanego, otro abogado de genocidas, de los más duros e inescrupulosos durante los juicios por delitos de Lesa Humanidad, retratado en esta nota sobre Los Abogados del Diablo por Félix Bruzzone y Mónica Zwaig en Anfibia.
Maximiliano Frola es hijo de Edgardo Frola, funcionario de la dictadura militar en la provincia de Buenos Aires. Milita en el estudio Saint Jean y Maggio. El primer apellido es de una de las familias más sanguinarias de la última dictadura y, de hecho, participan de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que se dedica a reivindicar el genocidio.
Edgar Schiavone, también abogado de represores, puso su nombre. Y Elena Rita Genise, que cumple la doble condición de defensora de represores y PRO. Macri la designó en la Agencia Nacional de Discapacidad cuando, según consignó Página /12, estaba “casada con un oficial del Ejército, a quien defendió hace un año y medio en Córdoba en un juicio de lesa humanidad”
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