Fuerte repudio de periodistas acreditados contra la censura de Milei: “Ni siquiera los gobiernos de facto lo hicieron"

Luego de que el Gobierno no permitiera el ingreso de la prensa a Casa Rosada, reporteros y referentes políticos rechazaron la medida. 

23 de abril, 2026 | 12.06

Periodistas acreditados, referentes políticos, sindicatos y organizaciones civiles repudiaron en redes sociales la censura del Gobierno Nacional, luego de que impidiera el ingreso a la prensa a Casa Rosada. Ante una medida sin precedentes, reporteros perjudicados señalaron que una medida de este calibre no se produjo ni siquiera durante los gobiernos de facto.

“Primera vez en la historia un Gobierno cierra la Sala de Prensa de la Casa Rosada. Sucedió hoy. Ni la dictadura de Videla lo hizo. No dejan entrar a ningún periodista. Un día más de censura en la Argentina de Javier Milei”, denunció Jonathan Heguier, periodista de El Destape, quien fue víctima de la censura del gobierno libertario. 

En la misma línea se manifestó Javier Slucki, representante de este medio ante la Casa de Gobierno, al asegurar que la “sensatez” del Ejecutivo duró poco tiempo, ya que la administración mileista había tomado una medida similar hace semanas, para luego restituir las acreditaciones. 

“Nunca ocurrió nada semejante desde el retorno de la democracia, y dicen los memoriosos que ni siquiera durante la dictadura. Siguen las medidas injustificables que atentan contra la libertad de prensa”, enfatizó Slucki en redes sociales. 

Según relató Tatiana Scorciapino, periodista acreditada de Tiempo Argentino, la medida de cercenamiento a la libertad de prensa es por “tiempo indefinido” y tiene como finalidad que los trabajadores de prensa no puedan contar lo que hacen quienes gobiernan. “Otra vez, sin comunicaciones oficiales. La libertad avanza y coso”, ironizó. 

“Otra mañana de armoniosa coexistencia con este Gobierno que tanto estima al periodismo. Es grotesco todo”, sentenció Sofía Rojas, de Infobae y Noticias Argentinas. Mientras que Jaime Rosemberg, de La Nación, consideró que poder ingresar a Casa Rosada a trabajar “no es una gracia” que pueda ser concedida por la gestión liberal, sino “un derecho básico de la democracia, que ni siquiera gobiernos de facto se atrevieron a cercenar”.

La única voz favorable a la desproporcionada medida que tomó la administración liberal fue la de Antonio Laje, quien al aire de A24 calificó como una “vergüenza” lo que pasó con el periodista que filmó el interior de la Rosada. “No podés entrar a la Casa de Gobierno con anteojos filmando, tenés que pedir autorización. Además, es probable que te dejen filmar en algunos lugares para mostrar cómo es la Casa Rosada por dentro. Anda a hacer eso a Estados Unidos. Es una locura, no se puede entrar a filmar de forma ilegal”, consideró Laje. 

La reivindicación por parte del conductor de la señal de noticias fue respaldada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. Además, el mandatario compartió numerosas publicaciones que justifican el accionar gubernamental con la denuncia que realizara Casa Militar sobre los periodistas que filmaron sectores de la Casa Rosada accesibles a la prensa.    

"NOL$ALP. Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis. CIAO!", escribió Milei en redes sociales. 

Referentes políticos condenaron la censura 

Referentes políticos y entidades periodísticas cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno de restringir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y cerrar la Sala de Periodistas, al considerar que la medida afecta la libertad de prensa y el acceso a la información pública.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro reclamó la restitución inmediata de las credenciales y el ingreso de los trabajadores de prensa. A través de redes sociales, sostuvo que no existió “ningún espionaje ilegal” y calificó la decisión como “un ataque más del Gobierno contra el periodismo, la libertad de expresión y la libertad de prensa”. Además, vinculó la medida con versiones sobre presiones oficiales a medios críticos.

En la misma línea, la diputada Romina Del Plá denunció una “avanzada autoritaria” y afirmó que el cierre de la sala de prensa busca “silenciar, ocultar y operar sin testigos”. La legisladora del Frente de Izquierda adelantó que impulsará presentaciones en el Congreso junto a su bloque para cuestionar la medida y expresó respaldo a los trabajadores de prensa afectados.

Por su parte, el legislador porteño Hernán Reyes también repudió la decisión oficial y advirtió que no debe naturalizarse la exclusión de periodistas de la sede gubernamental. En ese marco, relacionó la medida con la visita del empresario Peter Thiel, invitado por el presidente Milei.

FOPEA y Sipreba se sumaron a las críticas al Gobierno

A las críticas políticas se sumó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que manifestó su rechazo a la prohibición de ingreso para los acreditados. La entidad consideró que se trata de una decisión de “extrema gravedad institucional”, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del Poder Ejecutivo y afecta el derecho de la ciudadanía a informarse sobre los actos de gobierno.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, por su parte, también repudió la decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y cerrar la Sala de Periodistas, al considerar que se trata de un nuevo intento de “silenciar a la prensa”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el gremio sostuvo que la medida fue adoptada bajo la excusa de un presunto caso de espionaje y la encuadró como un “ ataque” contra el trabajo periodístico. Además, el sindicato denunció un “clima hostil” hacia la prensa y afirmó que, en los últimos meses, esa hostilidad se expresó mediante denuncias judiciales, agresiones a cronistas, fotógrafos y equipos móviles durante coberturas de protestas sociales, y campañas de desprestigio contra periodistas.

En ese sentido, SiPreBA aseguró que la política comunicacional oficial busca “debilitar la libertad de expresión” en un contexto atravesado por denuncias de corrupción y el deterioro de la situación económica. Por último, la organización expresó su solidaridad con las periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y se puso a disposición de los trabajadores acreditados y de los más de 50 medios afectados por el cierre de la sala de prensa.