Jubilados entrerrianos temen una reforma previsional impulsada por Bordet

La primera luz de alerta se encendió febrero pasado. El gobernador había anunciado que impulsaría una reforma para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

21 de diciembre, 2020 | 20.37

Los jubilados entrerrianos no han tenido un buen 2020. Sin paritarias, el único incremento que han visto de sus haberes tuvo lugar por una suma fija, que además terminará en diciembre. A eso se le suma el fantasma de una reforma previsional, cuya puerta fue abierta por el propio gobernador a inicios de 2020 y que, denuncian, comenzó a consumarse con algunas decisiones polémicas que se han tomado en las últimas semanas en la provincia. Todo ello mientras como consecuencia de una Ley de Emergencia Económica se han empezado a aplicar nuevos descuentos al sector pasivo, que ha ido incluso a la Justicia a reclamar por ello.

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La primera luz de alerta se encendió el 15 de febrero. En el marco de la apertura del 141º Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, el gobernador Gustavo Bordet anunció que impulsaría una reforma para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. El mandatario aseguró, en ese sentido, que sin corregirse "inequidades, privilegios y desigualdades” no sería posible sostener el 82% móvil vigente en Entre Ríos, una de las grandes ventajas del sistema jubilatorio provincial, cuya caja nunca fue transferida a la Nación.

Para el mandatario, en aquel momento, el debate era "impostergable", habida cuenta de la "severa amenaza" que veía en las condiciones actuales: "La actual Ley de Jubilaciones cumple 27 años desde su sanción, siendo promulgada en un contexto distinto. El debate sobre la sostenibilidad del sistema entrerriano es impostergable. En los últimos 20 años la población de beneficiarios se ha duplicado y a fines de este año llegaremos a más de 60 mil beneficiarios. Se estará alcanzando una relación de activo-aportante de 2,10 por cada beneficiario, cuando la relación ideal es que el sistema tenga tres aportantes por beneficiario".

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En esa línea, Bordet aseguró que llamaría a un debate con una multisectorial, enfatizando: "Hago una convocatoria amplia. Sustentabilidad de ninguna manera quiere decir ajuste. Sustentabilidad significa garantizar los derechos que tienen hoy los jubilados a seguir cobrando el 82% móvil. Sustentabilidad quiere decir garantizar derechos para que los activos aportantes puedan jubilarse también con el 82% móvil. Pero sustentabilidad es que si no se corrigen inequidades, privilegios y desigualdades esto no va a ser posible. Hay que hablarlo con total claridad dejando de lado prejuicios, sentándonos en una mesa todos los sectores".

Rápidamente desde las principales organizaciones que nuclean a jubilados y entidades gremiales salieron al cruce del gobernador, aclarando que no aceptarían un retroceso en materia de derechos adquiridos. Un mes después comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus y el debate, como tantos, otros, se diluyó en la nueva realidad sanitaria y en el impacto económico que sufrieron las arcas de la Casa Gris. Como consecuencia de ello, y como oportunamente dio cuenta El Destape, el Poder Ejecutivo promovió a fines de junio una Ley de Emergencia Económica, con un tratamiento legislativo exprés, que también significó un encontronazo con el ala sindical y con las organizaciones de jubilados.

El artículo 6º del proyecto estableció un aporte extraordinario y solidario, durante la vigencia de la ley -un año desde su promulgación- que será liquidado de los haberes de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones. El objeto, indica la ley, es cubrir el déficit previsional. La escala consiste en un 4% en haberes de $75.001 a $100.000; 6% en aquellos que van de $100.001 a $200.000; 8% en la escala de $200.001 a $300.000 y 10% en ingresos de más de $300.000. Se aclara además que en el caso de percepción de más de un haber previsional otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ya sea pensión o jubilación, el monto total sobre el que se calculará el porcentaje aplicable "estará dado por la suma de ambos conceptos". Previamente, en el artículo 4º, se establecía un cálculo parecido en Aportes Personales de activos. La explicación oficial llegó de la mano del ministro de Economía, Hugo Ballay, que remarcó que la norma también corre para los funcionarios e involucra al 15% del total de la masa de asalariados provinciales, ya sean en actividad como pasivos.

Nuevamente el frente gremial y entidades de jubilados salieron al cruce: denunciaron falta de diálogo, un esfuerzo no correlativo -hecho por trabajadores y pasivos, pero no por por grandes grupos económicos- y decidieron ir a la Justicia. Hubo tres demandas, una promovida por una docente retirada y dos por jubilados del Poder Judicial. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia -STJ- no visualizó ninguna inconstitucionalidad. Por el contrario, los magistrados consideraron que la norma superaba el test de oportunidad -que exista una emergencia-; de finalidad -atender el bienestar general-; de legalidad -declarada por la Legislatura-; de temporalidad -no es para siempre, sino que coyuntural-; de proporcionalidad -con lineamientos razonables de acuerdo al escenario-; y de no discriminación -que impacta a un solo sector-.

La última luz roja se prendió con la Resolución Nº 077/20 de la Caja de Jubilaciones. La circular, firmada por su presidente Edgardo Scarione -recientemente asumido-, deroga dos resoluciones del 2001 -la 07 y 08-, que promovieron en aquel momento una concesión de derechos para que los trabajadores accedieran a los beneficios de una jubilación ordinaria especial, incorporando el "3 x 1", compensando tres años de exceso de servicio por un año de edad. Su objetivo era dar trato igualitario a los beneficiarios de jubilaciones ordinarias comunes y especiales, dentro de la Ley. 8.732 de Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el Personal Provincial y Municipal, vigente desde 1994.

Un comunicado del Frente Gremial Docente fue el primero en criticar la medida, apuntando duramente a Bordet: "El gobernador de la provincia de Entre Ríos es un constructor especialista en levantar muros, un negacionista del diálogo, un convencido en que los trabajadores y los trabajadores somos una carga demasiado costosa y por tanto, variable de ajuste"

"Scarione fue puesto para hacer el ajuste que imagina Bordet", lanzó en contacto con El Destape, Marcelo Pagani, secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer-. Y agregó: "Acá está todo muy claro, hay un decreto que reglamentaba un artículo y donde se disponía que el beneficio 3 x 1 era para jubilaciones especiales y ordinarias. Eso estuvo vigente durante 19 años y ahora, de un plumazo, lo borraron. Es increíble, por eso presentamos un recurso de amparo y queremos que interceda la Justicia".

El sindicalista volvió a cargar contra la ausencia de diálogo por parte de la Administración provincial: "Nos reunimos dos veces con el presidente de la Caja y no nos anticipó nada. Le pedimos mantener contacto, establecer un lazo. Como respuesta, hacen esto. Nos enteramos por una compañera fue a hacer el trámite y no pudo acogerse al beneficio".

"Siempre pasa lo mismo. Llega un nuevo presidente y piensa que la Caja se fundó con él", indicó a El Destape, por su lado, Andrés Bessel, secretario General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica -AMET- en la provincia. Añadió luego: "Este año fuimos más veces a la Justicia que a paritarias. Vimos más veces a los jueces que al gobernador". Las palabras del sindicalista fueron vertidas a poco de haber concurrido con un relevamiento de escuelas en mal estado que, sin embargo, se habían habilitado para que tuvieran clases presenciales en el marco del operativo del regreso al aula encarado por el Consejo General de Educación -CGE-. Dicho reclamo fue oportunamente descripto por El Destape en el marco de las manifestaciones del sector docente por la ausencia de paritarias y un 2021 que se avizora, a priori, conflictivo.

Scarione, por su parte, defendió la Resolución. En una entrevista concedida a Cara y Ceca (Radio UNER), el presidente de la Caja de Jubilaciones sostuvo que "lo único que se hizo desde la Caja es eliminar un punto que distorsiona el sistema previsional". Y explicó: "Para gestionar debemos tomar decisiones, sobre agujeros que afectan a la Ley 8.732. Estamos interesados en preservar el sistema. Acá no hay una mano negra que quiere perjudicar a nadie y no se dio marcha atrás con ningún derecho". El funcionario consideró que la decisión fue un "acto de justicia", dando a entender que la reglamentación no implicaba un beneficio, sino que un perjuicio para aquellos que accedían a un tipo de jubilación especial y eran equiparados por quienes debían ir hacia una ordinaria.

Todos estos conflictos tuvieron lugar en un año en el que los incrementos salariales han estado ausentes. Al no haber paritarias -los aumentos de activos impactan en pasivos- los haberes no se han movido de su lugar, en un contexto donde la inflación alcanzará, probablemente, el 36% al cerrar 2020. En octubre, luego de una fallida mesa salarial con los gremios -que no aceptaron una oferta de la Casa Gris- el Poder Ejecutivo decretó una suba proporcional a la brindada para trabajadores en actividad: 4 mil pesos para salarios nominales que no superen el monto de 35 mil pesos; 3.500 pesos para sueldos mayores a 35 mil pero menores a 55 mil pesos; y 3 mil pesos para aquellos que perciben más de 55 mil pesos y menos de 120 mil pesos. La medida, asimismo, rige hasta diciembre. Es decir, en enero, queda sin efecto.

El déficit de la caja: un problema real

Ciertamente es preocupante el déficit de la Caja de Jubilaciones, en franco ascenso en los últimos años. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos -CEER- realizó un informe con un diagnóstico al respecto. Con 120 mil aportantes y 55 mil beneficiarios relevado, el promedio es de 2,18 activos por cada pasivo. En el estudio, en línea con lo expresado en febrero por el gobernador, se expresa que esa cifra debería ser de tres, acorde a su sistema de reparto -los fondos se sacan de aportes corrientes de activos-, el pago del 82% móvil y alícuotas de aportes del 32%

"La Caja ya entró en zona de déficit demográfico. El déficit demográfico se traduce en déficit prestacional. Esto es, el desequilibrio entre lo que la Caja debe pagar de pasividades respecto a lo que recibe de aportes salariales. En el año 2018, este déficit fue de $7,8 mil millones. Parte de este déficit es financiado por Anses, donde se estima que las transferencias por este concepto habrían sido de $3,2 mil millones. Así, entonces, el déficit prestacional de la Caja (estimado) ascendió en el 2018 a $4,6 mil millones o 23% del pago de las pasividades", resaltó el informe de la entidad.

Desde CEER alertaron además sobre el peso del déficit en la estructura de gastos corrientes de la Casa Gris: "En el Proyecto de Presupuesto 2020, el déficit de la Caja (estimado en $13.500 millones) representa un 11%, del gasto público provincial, cuando a comienzo de la década era de 8%". Pero también resaltaron una dinámica que ha ido variando con el correr del tiempo, en cuanto a la expectativa de vida: "El 48% del total de los jubilados y pensionados son menores de 60 años de edad y 16% son menores de 50 años. En la Argentina, a los 60 años de edad, las personas tienen una expectativa de vida de 24 años . Si más de la mitad de los jubilados se jubila antes de los 60 años, quiere decir que la mayoría va a cobrar durante 30 años o más. Si los activos de la Caja aportan entre 25 y 30 años promedio para jubilarse, la dinámica demográfica hace que el financiamiento de la Caja de Jubilaciones sea insostenible".

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