FMI: pagar o no pagar, ¿esa es la cuestión?

22 de enero, 2022 | 19.00

La Argentina enfrenta multiplicidad de problemas que influyen decididamente en su gobernabilidad, aunque el tema de la deuda externa sigue teniendo una incidencia protagónica por sus proyecciones en todos los ámbitos y los serios condicionamientos que representa cualquiera sea la forma en que se la aborde.

Su historia lo condena

La adopción del “patrón oro” como sistema financiero internacional se consolida en el siglo XIX, el que consistía en que el valor de una unidad monetaria se establecía con relación a una determinada cantidad de oro que actuaba como respaldo y garantizaba que el poseedor de una moneda podía exigir al emisor de billetes su conversión en la cantidad de ese metal que se consignaba en aquéllos.

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Las exigencias de emisión que impuso la financiación de la Primera Guerra Mundial y los Acuerdos con la que se le puso término, agravado por la Crisis de 1929, llevó en los hechos al abandono de ese patrón financiero. Pero la “institucionalización” de esa situación resultó, primero, de los Acuerdos de Bretton Woods en 1944 y, luego, de una decisión unilateral de EEUU en 1971 en virtud del déficit comercial que atravesaba y de los costos que le representaba la guerra de Vietnam.

En 1944 John Maynard Keynes planteó establecer una divisa internacional (el “Bancor”), sin embargo, prevaleció la iniciativa de que tal condición se atribuyera al dólar estadounidense en tanto la Reserva Federal de ese país sostuviera su convertibilidad en oro. Que, como antes se señalara, esa exigencia formal fue anulada durante el gobierno de Richard Nixon al resolverse la suspensión definitiva de la convertibilidad directa del dólar con relación al oro, aunque continuó siendo la divisa norteamericana considerada “internacional”.    

En la referida Conferencia de Bretton Woods se parieron dos terribles criaturas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han funcionado desde su nacimiento como instrumentos de dominación planetario y que, más allá de los declamados loables propósitos que se le atribuyeron, demostraron que sus reales objetivos eran políticos -geopolíticos más precisamente- y en detrimento de la soberanía de los Estados que caen en sus redes.

El FMI, supuestamente, se ocupa de brindar estabilidad al sistema monetario internacional y funge de autoridad de supervisión con ese fin; para cumplir cometidos tales como promover la cooperación internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, generar elevadas tasas de empleo, propender a un crecimiento económico sostenible y a la reducción de la pobreza en el mundo.

Si imbuidos de una infantil ingenuidad diéramos crédito a ese ideario, obligado sería concluir en el absoluto fracaso de ese Organismo financiero multilateral a poco que lo contrastásemos con la realidad mundial y, mucho más, si lo juzgásemos por su comportamiento, sus programas de permanentes ajustes fiscales y los nefastos resultados obtenidos en los países sometidos a sus designios.

Especulaciones varias

La deuda contraída por el gobierno de Macri con el FMI motiva innumerables debates, tanto en orden a las razones por la cuales se tomó ese empréstito y el destino que se daría a esos fondos, como a las posturas a asumir frente al hecho consumado y el apretado calendario de vencimientos para su cancelación producto del irresponsable (¿?) modo en que fuera concertado.

Sin embargo, tres cuestiones emergen como indiscutibles. Que, en el ámbito nacional, se infringieron las normas constitucionales y legales que regulan el endeudamiento externo. Que se violaron los procedimientos y directivas internas del FMI, conforme su Convenio Constitutivo o carta orgánica. Y que, más allá de disquisiciones normativas con criterio de realidad, es una deuda impagable, generando una fuerte presunción de que ello no podía ser ignorado por quienes llevaron a cabo esa negociación.

Si bien la alternativa de desconocer integralmente -por ilegítima- esa deuda no pareciera posible, en virtud de la relación de fuerzas y los condicionamientos que importaría para el desenvolvimiento futuro de la economía argentina; tampoco cabe descartar de plano un análisis en tal sentido, considerando las graves irregularidades cometidas -que incluso surgen de documentos emanados del propio FMI- y la factibilidad de someter su juzgamiento en la jurisdicción internacional del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la medida que se endurece la posición del Fondo, se torna más necesario explorar otras vías que permitan -por dentro y por fuera de la negociación directa- determinar qué y cuánto se debe, tanto cómo y cuándo se paga lo que pudiera corresponder. 

Neoliberalismo libertario

Las consignas típicas neoliberales, que no sólo atienden a fenómenos económicos-financieros sino que determinan cosmovisiones sociales que naturalizan las más crueles desigualdades y consolidan un colonialismo cultural que les brinda sustento, se nutren hoy de lemas “libertarios” que exacerban el individualismo en detrimento de toda chance de una movilidad social ascendente y de cualquier compromiso colectivo con tal propósito.

Una entrevista a Milei que le hiciera el periodista Ernesto Tenembaum (Infobae, 16/01/2022), cuyo título -por demás ingenioso y sugerente- es “Breve expedición al extraño cerebro de Javier Milei”, se circunscribe al tema de la educación pública y su financiamiento, constituyendo una muestra acabada de esa corriente de pensamiento político, aunque ese personaje se defina “filosóficamente como anarco capitalista”.

Enemigo declarado del Estado y de la clase política, a pesar de registrar pasajes sombríos en el ámbito estatal (asesor del genocida Antonio D. Bussi en el Congreso) y en la actualidad haberse incorporado como diputado a esa “casta” que desprecia, sostiene en ese reportaje:

“La existencia de la escuela pública es un derivado del Estado de Bienestar. En mi concepción, el Estado es una organización criminal y violenta que se financia a través de una fuente coactiva que son los impuestos. Por lo tanto, los impuestos son un robo y cualquier cosa que utilices de un robo es ser cómplice de ese delito. Si vos querés que haya educación pública, ¿por qué eso debería estar financiado a punta de pistola, por un método violento? Eso es fuertemente inmoral. Si la sociedad está de acuerdo en que quiere tener un sistema que cubra las necesidades educativas de toda la población, podría generar voluntariamente un fondo. De allí se financiaría un sistema de vouchers. Por lo tanto, todas las personas dispondrían de dinero para educarse e irían a la institución que mejor les guste”.

Agrega luego: “Vos me preguntas qué pasa si lo aportado voluntariamente por la sociedad no es suficiente para financiar determinada cantidad de educación. Bueno, eso significa que los agentes están expresando que no quieren tanta educación. Entonces, ¿por qué habría que robarle a la gente ese dinero para financiar ese gasto? (…)  No me parece algo malo que haya ricos y haya pobres mientras el proceso por el cual una persona se enriquece sea honesto, lo haga ofreciendo bienes de mejor calidad y mejor precio, no se lo robe a nadie. Por eso, en principio los ricos serían benefactores sociales, en función de lo que han generado”.

Claro está, que ni el entrevistador ni el entrevistado ahondan en el punto de partida de esa división entre “ricos y pobres”, en cómo algunos se han enriquecido a la par que otros -los más- se han empobrecido ni, mucho menos, en el origen -a veces remoto y con frecuencia sin anclaje alguno con sus actuales titulares- de esas fortunas.

En una renovada y descarnada manifestación de la franqueza brutal de María Eugenia Vidal, cuando afirmara como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, disertando en un almuerzo organizado por el Rotary Club en junio de 2018: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la Universidad?”; hace pocos días se pronunció, nada menos que la ministra de Educación de la CABA, Soledad Acuña, sobre las consecuencias de la pandemia en el sistema educativo público -cuyo sostenimiento configura una responsabilidad funcional propia-, acerca de la búsqueda de caminos para la reinserción de los más postergados, sosteniendo: “Ya es tarde (…) esos chicos seguramente estarán perdidos en los pasillos de una villa o ya cayeron en actividades del narcotráfico”.

Consiste en una misma concepción ideológica que la que subyace a las posturas de ese sector de la oposición frente al fabuloso endeudamiento pergeñado con el FMI, desentendiéndose de la responsabilidad que les cabe en ese negociado, postulando que el Estado debe “honrar” la deuda espuria contraída con fines políticos -y con la complicidad del prestamista, en connivencia con su principal mentor (EEUU) animado por similares propósitos- y menospreciando el costo social que implicaría admitir acríticamente las imposiciones del Fondo.

Dilemas de difícil resolución

Encontrar no el, sino, los modos de enfrentar el tema de la deuda, es para nada sencillo, pero tampoco puede resultar de la mera disyuntiva de “pagar o no” que conduciría, en cualquiera de esas alternativas, a un laberinto sin salida, ni siquiera “por arriba” como suele plantearse coloquialmente.

El ministro Guzmán señala como un contrasentido, que el FMI se creara para socorrer países con problemas en sus balanzas de pago y, ahora, el problema de la balanza de pago en Argentina sea, justamente, la deuda con el FMI. Ratificando, en sintonía con lo expresado por el Presidente Alberto Fernández, el principio de no pagar a costa del crecimiento con inclusión.

Ahora bien, admitir sin beneficio de inventario los 44.000 millones de dólares desembolsados por el FMI, que sin control alguno -que era su responsabilidad primaria- fugaron los bancos y Grupos Económicos concentrados, no reportando beneficio ni inversión alguna en el país y contraviniendo expresas normativas de ese Organismo financiero, es inexorablemente contrario a aquel enunciado “principio” rector e indefectiblemente conllevará a una crisis política que supone un grave peligro para el sistema democrático.

Las postergaciones de vencimientos ni las alquimias en materia de intereses, sin mediar una reducción sustancial de ese descomunal empréstito -sin precedentes, por su cuantía y modalidad de otorgamiento, en la historia del FMI-, no importará una solución sino una acentuación indefinida del problema que impedirá el despegue de la Argentina en pos de una sociedad más justa, igualitaria y con mayor calidad institucional que se asiente en una soberanía indispensable para hacerlo factible.

Está claro que el origen de ese endeudamiento no tuvo raíces económicas ni financieras, sino una ostensible decisión política imperial para condicionar la permanencia de la Argentina en el esquema neoliberal tributario de una estrategia regional de coloniaje. Entonces, las salidas también deben ser políticas, construyendo las alianzas nacionales e internacionales que honren la principal deuda que la Nación tiene, que es con su Pueblo.     

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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