Mientras Javier Milei pretende ser punta de lanza del remate de tierras, los países a los que él suele idolatrar y presentar como exponentes de la “libertad”, Estados Unidos e Israel, tienen fuertes restricciones a la compra por parte de extranjeros. El Presidente está obsesionado con ser el campeón mundial de la desregulación y, por eso, elige ignorar los ejemplos de sus principales aliados ideológicos y de la mayoría de países latinoamericanos.
El próximo jueves, el oficialismo quiere tratar su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual prevé modificaciones a distintas normativas vigentes que regulan la tenencia de tierras en manos de extranjeros y la puesta en venta de territorios estratégicos hasta ahora protegidos.
En el país, actualmente hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, casi el 5% del territorio nacional total. Sin embargo, ese número se concentra en zonas clave como ríos, lagos, bosques nativos, acuíferos y zonas cordilleranas con minerales críticos. Todas áreas que dejarían de estar reguladas y se convertirían en posibles negocios para capitales foráneos.
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El fin de los topes a la propiedad extranjera
La iniciativa de Milei pretende modificar parte de una ley sancionada en 2011 que pone un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Se trata de la Ley de Tierras Nº 26.737, que también prohíbe que ciudadanos de una misma nacionalidad puedan superar el 30% de ese cupo y que una persona extranjera no pueda adquirir más de 1.000 hectáreas en áreas clave como la pampa húmeda, la zona núcleo u otras regiones productivas del país.
Según el Gobierno, estos cambios implicarán la llegada de “inversiones” para distintas provincias, que se traducirían en capitales foráneos para la compra de extensos campos con el fin de montar proyectos turísticos exclusivos, de generación de energía o la instalación de grandes centros de datos.
"Con la reforma que propone el Gobierno, Argentina sería el país más liberal, los campeones nuevamente de la no regulación", alertó el coordinador del Observatorio de Tierras, Pablo Volkind, en diálogo con El Destape.
Además, la reforma modifica el artículo 4 del Decreto-Ley 15.385 de 1944 sobre tierras en zonas de frontera, con lo que se habilitaría la extranjerización de áreas limítrofes. Se trata de zonas sensibles para la soberanía nacional en las que se introduciría el "silencio administrativo positivo", una figura que establece que si el Estado no responde a tiempo, la autorización para vender en frontera opera automáticamente.
"Prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo Chile, limitan estrictamente la tenencia de capitales por parte de extranjeros. En la tierra de frontera, en algunos casos hasta 15 km y en otros hasta 50", agregó Volkind.
La desregulación argentina frente a países de la región
Según explicó el coordinador del Observatorio de Tierras, la lista de países que establecen límites explícitos a la adquisición de tierras rurales es enorme y se basa en "criterios de soberanía, seguridad territorial y control de recursos estratégicos".
En Brasil, la Ley Nº 5.709/1971 limita la compra de tierras y distintos dictámenes oficiales consideran a las empresas con participación de capital extranjero como sujetos extranjeros a los efectos de la propiedad de la tierra. Por su parte, en México, el artículo 27 de la Constitución establece que los extranjeros solo pueden adquirir tierras rurales con autorización del Estado y previa renuncia a la protección diplomática.
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En varios países de Centroamérica, en tanto, existen normas que prohíben la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en una franja ubicada entre 15 y 40 kilómetros de las fronteras. Restricciones de características similares también rigen en Colombia y Perú.
A su vez, en Paraguay, al mando del presidente Santiago Peña y al que Milei calificó como "un ejemplo a seguir", la Ley Nº 2.532/2005 impide a los extranjeros adquirir tierras situadas a menos de 50 kilómetros de los límites internacionales.
Por el contrario, en Chile no cuentan con una restricción general a la propiedad extranjera de tierras rurales. La herencia del dictador Augusto Pinochet dejó establecido que se pueden obtener inmuebles en zonas fronterizas, pero deben obtener autorización del Poder Ejecutivo nacional.
Por su parte, Uruguay tampoco tiene una ley que limite específicamente la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, aunque los Estados extranjeros tienen prohibido adquirirlas.
Límites y porcentajes: ¿qué hacen los países desarrollados?
Pese a que la retórica oficialista exagera las restricciones establecidas en las leyes que actualmente regulan la tierra, el esquema vigente es bastante moderado con relación al implementado por muchos países desarrollados. En Canadá, por ejemplo, tienen un marco legal mucho más duro cuando se trata de sus provincias agrícolas. En distritos como Saskatchewan, los extranjeros no pueden poseer más de 10 acres (0,0405 km²); mientras que en Alberta, el límite es de 20 acres (0,0809 km²) y, en Manitoba, de 40 acres (0,1619 km²).
El mismo fenómeno se produce incluso en aquellos más admirados por Milei como el caso de Estados Unidos e Israel. En el país presidido por Donald Trump, la decisión la toman los estados (el equivalente a las provincias en Argentina), no el gobierno federal. Actualmente, 30 de los 50 estados tienen leyes que restringen la compra de tierra agrícola por extranjeros. Además, es obligatorio registrar cualquier propiedad mayor a 40 acres (0,1619 km²).
La situación es aún más prohibitiva en Israel, uno de los países que el Presidente más adora. En ese país de Medio Oriente, el Estado es dueño del 93% del territorio. La ley prohíbe expresamente la venta de estas tierras; solo se permiten arriendos de largo plazo.
Más hacia el este del continente asiático, las leyes son mucho más duras. En China, toda la tierra pertenece al Estado o a colectivos. Los extranjeros sólo pueden adquirir un derecho de uso por tiempo limitado para una sola vivienda residencial, y tienen prohibido comprar tierra agrícola.
En países de Oceanía como Nueva Zelanda y Australia utilizan lo que se denomina "tests de beneficio nacional" y, en este último país, cualquier inversión estatal extranjera requiere aprobación, sin importar el monto, mientras que las privadas se revisan si superan los 15 millones de dólares.
Recursos estratégicos y crimen organizado en la mira
Otro de los elementos más preocupantes de la iniciativa es el riesgo que supone para los recursos hídricos de nuestro país. La norma actual prohíbe que extranjeros compren tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura.
Argentina posee una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, especialmente si se considera la Antártida, pero la reforma elimina esta protección específica, lo que deja este tipo de territorios estratégicos a merced de la actividad privada extranjera. Esto impacta sobre recursos estratégicos como ríos, lagos, acuíferos y zonas de alto valor ambiental.
Paralelamente, especialistas advierten que sin una trazabilidad del capital (que la ley actual garantiza mediante el Registro Nacional de Tierras Rurales), grupos criminales como el brasileño Primeiro Comando da Capital (PPC) podrían usar testaferros para controlar territorios estratégicos en fronteras porosas.
"Esta ley compromete la Seguridad Nacional, porque lleva a perder el destinatario final del bien y la trazabilidad de los capitales, por lo que estamos dando vía libre en zonas donde el propio Estado nos dice que hoy tenemos problemas en relación al crimen organizado, como la Triple Frontera", sostuvo Fabián Brown, General de Brigada y académico de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA).
En la misma línea se expresó Marcelo Bergman, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), en el marco del debate sobre el proyecto oficialista que se llevó en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por el legislador del peronismo Eduardo "Wado" de Pedro.
"Esta ley permite que un grupo extranjero, sin explicar el origen del dinero con el que adquieren las tierras, pueda controlar grandes espacios en las zonas de frontera, históricamente apetecibles para todo tipo de negocios del crimen organizado", advirtió Bergman, al referirse a las eventuales amenazas que traería la aprobación del capítulo de tierras que contiene la propuesta oficialista.
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