La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó para la semana que viene al Gobierno Nacional por una denuncia de sindicatos argentinos relacionada con la política oficial de retroceso en derecho laboral. Será el martes durante una audiencia en Washington a pedido del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y otros estamentos judiciales y de abogados. No es la primera vez que la normativa laboral de Javier Milei queda bajo la lupa en el extranjero: en mayo la Corte Internacional de las Naciones Unidas (ONU) consagró la protección del derecho de huelga, conculcado por la reforma argentina, y en junio la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó un convenio sobre trabajo decente en aplicaciones digitales a contramano del sentido de un capítulo relacionado en la nueva ley.
La comitiva de denunciantes estará integrada por Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pablo Biró, del gremio de pilotos (APLA), Clara Chevalier, de los docentes universitarios de Conadu, y Francisco Rabini (prensa, Sipreba). También estará representada la Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut) con los camaristas Juan Orsini (La Plata) y Lucía Assef (Rosario), y participarán Mariana Amartino y Matías Cremonte, por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), y Diego Morales por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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El Gobierno deberá acudir a la cita pero todavía no se informó a través de qué funcionario. Todo indica que debería hacerlo Carlos Foradori, representante diplomático de la Argentina ante organismos internacionales y quien saltó a la fama luego de que el servicio exterior británico revelara que en 2016 firmó un acuerdo por las Islas Malvinas con ese funcionario en aparente estado de ebriedad. Foradori acudió a la última conferencia anual de la OIT para defender la posición del Gobierno con la reforma laboral.
El encuentro del martes en Washington será parte de las audiencias públicas de la CIDH en las que se abordan problemáticas propuestas por la sociedad civil. Los responsables de la presentación destacaron que para haber concretado el encuentro la CIDH debió hallar argumentos válidos por parte de los denunciantes, basados en el retroceso en derechos individuales y colectivos que representó la nueva norma laboral y la reglamentación por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluso más restrictiva que el texto original de la ley.
La CIDH es un órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos y en la Argentina tuvo una actuación destacada cuando una delegación visitó la Argentina el 6 de septiembre de 1979 y se reunió con familiares de detenidos-desaparecidos y referentes de los organismos de derechos humanos en plena dictadura.
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En la presentación ante el órgano internacional, los denunciantes señalaron que la reforma que hizo aprobar Milei “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral”, al tiempo que “retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas”. Para gremialistas y judiciales la norma “restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical” y “deja aún más desprotegidas a las mujeres y los trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”.
A continuación destacó que toda la política laboral del Gobierno libertario “combina el shock con la represión” y denuncia que “las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con el único objetivo de evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”. También señaló que las represiones a la protesta social registraron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”.
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