El presidente de Brasil, Michel Temer, se aferró ayer a su cargo en medio de crecientes presiones para que renuncie derivadas de un colosal escándalo que lo implica en hechos de corrupción y en supuestos intentos de obstruir a la Justicia.
"No renunciaré. Repito. No renunciaré y exijo una esclarecimiento pleno de todo"", declaró Temer en un mensaje a la nación durante una vertiginosa jornada que, a pesar de su firmeza, concluye contra las cuerdas.
La crisis comenzó con una información divulgada el miércoles por el diario O Globo, según la cual Temer fue grabado por un empresario que colabora con la Justicia en investigaciones sobre corrupción cuando avalaba un supuesto soborno a un ex diputado preso a cambio de su silencio.
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El objeto de la presunta coima es Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara Baja, antiguo aliado del gobernante y promotor del juicio político que condujo el año pasado a la destitución de Dilma Rousseff y llevó a Temer al poder.
Otras informaciones afirman que además Temer coordinó la entrega de otras coimas a políticos, todo lo cual supuestamente consta en documentos que están bajo secreto procesal pero serán divulgados por la Corte Suprema. Hasta anoche, se conoció el audio entre el diálogo de Temer y Joesley Batista, magnate de la carne.
Sobre esa decisión, Temer aseguró de forma enfática que esa investigación "será el territorio" en que probará su inocencia. En el audio se lo escucha avalar el pago de sobornos mensuales al diputado preso Cunha.
En este marco, con gritos de "Fuera Temer", miles de brasileños tomaron las calles de una decena de ciudades del país para pedir elecciones y exigir la renuncia de su presidente, en el ojo de huracán por un gigantesco escándalo de corrupción que ha provocado la enésima crisis política e institucional.
En el pronunciamiento que hizo unas 24 horas después del inicio de la crisis, también reconoció que su Gobierno vivió en estos últimos días "su mejor y su peor momento".
El primero, lo atribuyó a "la caída de los indicadores de la inflación, los números del retorno del crecimiento y la generación de empleo".
En segundo lugar, dijo que una grabación hecha "clandestinamente trajo de nuevo el fantasma de una crisis política en una dimensión aun desconocida", con lo que dio a entender que ni él imagina cómo puede acabar.
Para la oposición, el único fin posible es la "renuncia inmediata" de Temer, una demanda suscrita el jueves por parlamentarios de varios de los partidos de la base oficialista.
"Frente a la gravedad del escenario y con la responsabilidad de no dejar que Brasil se sumerja en lo imponderable, sólo nos resta la renuncia del presidente", declaró el senador Ronaldo Caiado, del partido Demócrata, que integra la coalición de Gobierno.
En ese misma dirección se pronunció el jefe del grupo del Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara Baja, Arnaldo Jordy, quien dijo sin ambages que el Gobierno de Temer "acabó" y se "debe pactar una salida institucional".
El escándalo impactó también al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los pilares del Gobierno y cuyo presidente, Aécio Neves, fue ayer blanco de una operación policial mientras el Supremo lo suspendía de su escaño de senador por sospechas de corrupción.
Esa formación admitió que evalúa si seguirá junto a Temer, quien perdió a uno de los dos ministros que el PSDB tenía en el Gobierno con la renuncia de Bruno Araújo, titular del despacho de Ciudades.
En fuentes políticas se afirma que al menos otros siete de los 28 ministros de Temer pudieran renunciar en los próximos días, lo que reduciría sensiblemente la base parlamentaria en que se respalda el mandatario para llevar adelante sus polémicas y liberales reformas estructurales.
En el Congreso, entre ayer y hoy fueron presentados tres pedidos de apertura de un proceso de destitución similares al que en agosto pasado desalojó a Rousseff y aupó a Temer al Gobierno.
Según la Constitución, si Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección indirecta para escoger a quien completará el período que inició Rousseff en 2015, que concluye el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, el propio Congreso podría aprobar una enmienda para convocar una elección directa este mismo año, un asunto sobre el que existen propuestas que ya tramitan en las cámaras.
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