En medio de las vacilaciones y las internas en el oficialismo en torno al proyecto del Poder Ejecutivo que da luz verde a los aportes de empresas a las campañas electorales, un grupo de diputados nacionales de Cambiemos puja para que la iniciativa pueda ser votada antes de fin de año, con el objetivo de que sea aplicable en los comicios del año que viene.
El proyecto del Gobierno que bancariza todos los aportes y que legaliza las contribuciones de empresas ingresó a la Cámara baja en julio pasado, luego de la denuncia por los aportantes de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Tras la presentación, el debate se estancó y quedó cajoneado producto de las diferencias que brotaron al interior del interbloque oficialista.
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La Coalición Cívica y una fracción de la UCR, sumado a la totalidad de la oposición, expresaron sus reparos a la participación de empresas en los fondos electorales, lo que dejó en punto muerto la discusión.
Sin embargo, altas fuentes del oficialismo en la Cámara baja a las que NA tuvo acceso resaltaron que la discusión sobre el financiamiento electoral "es prioritaria" y que "no debería postergarse".
"Sino después de lo que pasó el año pasado y lo que está surgiendo este año de la causa de los cuadernos no vas a tener quién te firme las declaraciones juradas de los frentes", advirtieron.
Consciente de este riesgo, un reducido grupo de diputados de Cambiemos que integran la comisión de Asuntos Constitucionales, que es cabecera del proyecto, puso manos a la obra en la tarea de tejer los acuerdos necesarios para descongelar la iniciativa y que se ponga en tratamiento este año.
"Inmediatamente después del presupuesto vamos a buscar un proyecto de consenso", reveló en diálogo con esta agencia la diputada radical Karina Banfi, que integra la comisión de Asuntos Constitucionales y también el cónclave oficialista dedicado a reactivar el debate.
La legisladora destacó el "esfuerzo permanente" en la búsqueda de los consensos, pero reconoció que hay "inercias" que oponen "grupos de interés" que operan dentro del Palacio legislativo para "desacelerar" el tratamiento.
En este sentido, dejó entrever que la empresa no será sencilla y que si no llegara a prosperar la aprobación de la normativa en los meses que restan del actual período legislativo, se diluye seriamente la posibilidad de que haya un nuevo marco legal vigente en los comicios del año próximo.
En tanto, Banfi admitió que no hay uniformidad de criterio dentro del oficialismo, pero rescató que ese disenso hace a la virtud de Cambiemos, que no impone una "línea vertical" al conjunto.
"Hay una línea en común que es la transparencia en el uso de fondos para campañas electorales. En eso no va a haber grieta dentro de Cambiemos porque todos entendemos que tiene que darse la ley en el marco de la transparencia y la austeridad", señaló Banfi, que anticipó que una vez zanjada la discusión interna se va a avanzar en la búsqueda de acuerdos con sectores de la oposición que pueden tener una mirada "accesible" sobre el tema "como por ejemplo el peronismo federal".
Al ser consultada por NA por su parecer sobre las contribuciones de empresas a las campañas de partidos políticos, la diputada de la UCR se manifestó a favor de esta modalidad porque a su criterio la prohibición habilita "una doble puerta" por la que se filtra dinero ilegal.
Luego de la presentación del proyecto oficial, se produjo un efecto cascada en la oposición, que comenzó a presentar sus propias iniciativas.
En total son 13 las iniciativas impulsadas por las distintas bancadas: el que en su momento recibió mayor atención es el del diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner, que prohíbe los aportes de empresas, al tiempo que endurece las sanciones por incumplimientos a la norma.
También hay proyectos presentados por Graciela Camaño (Frente Renovador), Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda), Graciela Ocaña (Cambiemos) y Carla Carrizo (Evolución), entre otros.
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