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En el oficialismo salieron al cruce. Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich dijo que "lamenta" esas expresiones "porque son contradictorias con lo que siempre han pregonado, que es la defensa de la calidad institucional". Según el funcionario, los legisladores opositores "o pueden y no deben tener una conducta especulativa" ya que "está establecido el procedimiento que se debe seguir para el nombramiento de un nuevo miembro" del máximo tribunal.
Otro que salió con los tapones de punta fue el senador Aníbal Fernández. "Es una de las cosas más poco serias que he visto en años", sentenció, y agregó: "Que bochen de antemano a una persona de una enorme estatura solo porque quieren sacar una ventajita politiquera es tan horrible que da pena. No siento otra cosa".
En ese sentido, Fernández señaló: "Estamos hablando de cosas que, se supone, nos importan a todos más o menos por igual. Lo dice la Constitución, está en el marco de un mandato constitucional. Sacar una declaración así tiene intenciones politiqueras, no de decir que no a determinada persona. Eso se dice en el momento oportuno y conveniente basado en las cualidades de esa persona".
Según el senador, los opositores "no sea han tomado el trabajo ni siquiera de pensar quién puede ser" y remarcó que "hay 3 o 4 personas con el nivel suficiente y el respeto de los distintos bloques". "Suena ridículo que gente grande y comprometida con la democracia de este país diga semejante cosa. Suena triste. Son discusiones de enorme estatura que se miran por el agujero de la cerradura y no se entra a la discusión de fondo", enfatizó.
En tanto, la agrupación Justicia Legítima emitió un comunicado en el que califica de "sorprendente la actitud de referentes políticos y sociales que pretenden diferir la integración del tribunal" y recordó que "son los mismos que alabaron" el proceso de designación de jueces para la Corte que instauró Néstor Kirchner, que exigía que se publicaran los antecedentes del candidato y que ciudadanía y organizaciones sociales pueden presentar apoyos o impugnaciones.
"La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones a un menor número, tornando la discusión jurídica menos democrática. Cuantas más ideas, más democracia. En este caso, más es mejor", indicó la agrupación de magistrados.
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