La audaz jugada política de Pedro Sánchez de disolver el Parlamento y adelantar las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre comenzó a dar sus primeros frutos en las encuestas. Según el Barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre, el PSOE vuelve a ubicarse en cabeza con un 34% de estimación de voto. La cifra implica un crecimiento de tres puntos respecto al mes anterior y permite al oficialismo duplicar su distancia sobre el Partido Popular (PP), que se desploma al 22,2% en su peor registro del último año.
A diferencia de otros momentos de estancamiento legislativo, la decisión de Sánchez de someter la gobernabilidad al mandato popular dio vuelta el escenario de bloques. Con un respaldo conjunto del 40,1% entre el PSOE y Sumar frente al 39,3% que suman PP y Vox, las fuerzas de la coalición gubernamental recuperan el liderazgo del mapa político tras tres meses seguidos por detrás de la derecha.
El estudio, elaborado sobre 5.025 entrevistas realizadas durante los primeros seis días de octubre, capta el pulso de un momento bisagra de la política española: los días posteriores a la derogación en el Congreso de los decretos gubernamentales sobre alquileres e inquilinato, y el periodo de reflexión que derivó en la convocatoria anticipada a las urnas.
Según el relevamiento, Sánchez aventaja por 11,8 puntos a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP desde abril de 2022, a diferencia más amplia registrada a favor del PSOE desde el mes de abril.
En voto directo ya decidido, uno de cada cuatro encuestados (25,3%) manifiesta su intención de apostar por la papeleta socialista, aventajando con holgura al 14,7% del PP y al 11,6% de Vox. La formación de extrema derecha, por su parte, continúa su tendencia ascendente marcando un 17,1% de estimación de voto, cinco puntos por encima de su desempeño en las generales de 2023.
Crisis habitacional y el caso Maricarmen
La popularidad de Sánchez venía en descenso por algunos escándalos que rodean a su círculo y por el manejo de la crisis migratoria de Ceuta. Si bien su gestión muestra sólidos indicadores macroeconómicos, como un crecimiento del PIB sostenido por encima del promedio europeo, cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y una moderación del proceso inflacionario, la crisis habitacional se encuentra en el centro de la agenda política.
Desde el Gobierno español señalaron que la vivienda constituye actualmente "el principal problema de la sociedad española" y mencionaron como punto de inflexión la traumática situación de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa de Retiro, en la ciudad de Madrid, en la que vivió durante casi siete décadas por no poder pagar el alquiler.
El desalojo desató manifestaciones multitudinarias en Madrid y acampes de protesta en lugares como la Puerta del Sol, con réplicas en otras ciudades como Barcelona, Sevilla y Valencia. Aunque en sus últimos días se logró un acuerdo extrajudicial para que pudiera regresar a su hogar, la solución llegó demasiado tarde: Maricarmen murió hace una semana como consecuencia de la situación angustiante que tuvo que atravesar.
La ofensiva parlamentaria del Gobierno frente al drama en las calles
Para intentar frenar la especulación e intentar descomprimir la creciente tensión social, la coalición de Gobierno (PSOE y Sumar) reaccionó con la activación de dos Reales Decretos ley de urgencia:
El primero pretendía disponer la prórroga automática de los contratos de alquiler vigentes hasta por dos años, fijar un tope estricto a los incrementos de precios y regular con severidad los alquileres de temporada y por habitaciones, una maniobra cada vez más utilizada por los propietarios para eludir los marcos regulatorios de la Ley de Vivienda.
El segundo apuntaba a congelar y suspender los desalojos de familias vulnerables hasta el año 2030, al tiempo que imponía severos límites y desincentivos a las transacciones especulativas impulsadas por los fondos de inversión en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, a comienzos de octubre, la estrategia del Ejecutivo chocó de frente con la realidad parlamentaria. El Congreso de los Diputados rechazó ambas iniciativas a partir de una inédita confluencia de votos en contra entre fuerzas de muy distinto arco ideológico: el bloque de la derecha y extrema derecha (PP y Vox) y el espacio de los nacionalistas e independentistas (Junts y PNV).
El naufragio legislativo de los decretos confirmó la fragmentación del frente parlamentario que sostenía a la coalición de Gobierno y precipitó la decisión de Sánchez de disolver las Cortes y someter la crisis de la vivienda a las urnas. La primera fotografía del CIS sugiere que la sociedad decodificó el llamado y le otorgó de momento al Presidente la iniciativa política en un clima de alta volatilidad.