Flávio Bolsonaro afronta cinco causas judiciales en su país, que van desde la presunta financiación ilegal con fondos de Estados Unidos hasta lavado de dinero en el extranjero, pero escapó de Brasil este martes y aterrizó en suelo estadounidense, según medios brasileños. La huida se dio luego de que Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), le ordenara al senador federal que entregue su pasaporte y tras ser derrotado en las urnas por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal canceló al mediodía los pasaportes comunes y diplomáticos del senador en el sistema de la corporación, ya que el excandidato presidencial del Partido Liberal (PL) no presentara la documentación requerida por el Tribunal Supremo Federal, plazo que vencía a las 11 de la mañana de hoy.
La derrota en el balotaje presidencial del último domingo truncó el proyecto político de bolsonarismo de regresar al Palacio de Planalto y a su vez impidió que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro pudiera acceder a una ampliación de fueros -lo que en Brasil se conoce como jurisdicción privilegiada- ya que su cargo actual de senador vence el 31 de enero de 2027.
Ahora, la Justicia brasileña aceleró las medidas cautelares y peritajes que apuntan directamente al entorno político, personal y financiero de Flávio.
Las cincos causas contra Flávio Bolsonaro
La primera de las causas es la del blanqueo de capitales y apuestas, conocida en Brasil como caso Willer Tomaz, bajo la órbita del ministro Moraes. Está centrada en una presunta red de lavado de dinero, evasión fiscal y maniobras financieras irregulares a través de plataformas digitales de apuestas (bets) y sistemas de pago.
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Según medios locales, la pieza central del expedientes surgió cuando peritos descubrieron un acceso de "usuario maestro" a nombre de Flávio Bolsonaro en cuentas bancarias offshore de Alcazar Holdings, empresa controlada por su influyente amigo, el abogado Willer Tomaz.
En las últimas horas, la Policía Federal intensificó las diligencias financieras tras detectar movimientos multimillonarios no declarados y saques en efectivo que coinciden con periodos clave de la contienda política. El juez evalúa levantar de manera formal el secreto bancario y fiscal de las firmas vinculadas para determinar la existencia de un esquema sistemático de desvío hacia patrimonios personales.
Operación "Dark Horse"
Otra de las causas contra el hijo de Jair es una investigación que rastrea el presunto origen ilícito de fondos provenientes el exbanquero Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master. Se estima que son unos 134 millones de reales, un poco más de 24 millones de dólares.
Según la investigación supervisada por el ministro André Mendonça, el dinero habría sido desviado mediante un fondo inmobiliario en Estados Unidos para financiar una superproducción audiovisual sobre la vida y trayectoria de Jair Bolsonaro.
Tras el avance de la Operación Compliance Zero, Vorcaro se encuentra en prisión preventiva y un empresario clave declaró entregas de dinero en maletas a pedido del exbanquero. Si bien Flávio argumentó públicamente que se trató de un "patrocinio privado legal" para una película privada denominada "Dark Horse", un homenaje a Bolsonaro padre, los peritajes de la Policía Federal investigan posibles contraprestaciones políticas, por lo que sospecha de corrupción pasiva, lavado de divisas y también fraude financiero.
Si Flávio hubiera sido elegido presidente este domingo, el caso podría haber sido desestimado, ya que la Constitución Federal establece que el jefe del Poder Ejecutivo “no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones”.
Injerencia extranjera y financiamiento ilícito durante la campaña
Una tercera causa que lleva la firma del ministro Flávio Dino en el STF, la causa abrió un severo expediente sobre un posible financiamiento ilegal proveniente del exterior y manipulación algorítmica deliberante durante el último proceso electoral. La justicia examina una presunta inyección de capitales procedentes del grupo conservador estadounidense Rockbridge Network, asociado al entorno del presidente Donald Trump, intermediados por empresarios brasileños para erosionar la imagen de Lula da Silva en plataformas como Meta y X (ex Twitter), y también para favorecer la candidatura de Bolsonaro.
El juez Dino ordenó de manera formal a la Policía Federal abrir las investigaciones para determinar si existió una violación directa a la soberanía de la legislación electoral brasileña, que prohíbe categóricamente la financiación extranjera en elecciones nacionales. También se pesquisan apuestas en la plataforma Polymarket y publicidad no declarada en redes.
Difamación contra Lula da Silva
Esta causa comenzó luego de las publicaciones realizadas por el senador en sus redes sociales oficiales en enero de este año, en las que vinculó al presidente reelecto de Brasil con declaraciones del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, en un intento por reinstalar la narrativa del "eje de izquierda regional".
La denuncia fue aceptada por el fuero penal y tiene por objetivo sancionar la propagación coordinada de desinformación e injurias graves en el marco de la contienda electoral. Por el momento, el expediente se encuentra en la etapa de alegatos defensivos, donde la presentación legal del Da Silva sostiene que las afirmaciones de Bolsonaro hijo traspasaron la inmunidad parlamentaria y pretendían alterar el orden electoral.
El esquema lo empezó todo: "Rachadinhas"
El Ministerio Público de Río de Janeiro (MP-RJ) denunció en 2020 la supuesta retención ilegal de salarios a empleados fantasma (rachadinhas) cuando Flávio se desempeñaba como diputado estadual en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj).
Dada las reiteradas anulaciones parciales obtenidas por su defensa en tribunales superiores, su reapertura y el reenvío del expediente a las instancias ordinarias volvió a cobrar ímpetu. Los fiscales de Río evalúan la formulación de nuevas denuncias fundamentadas en rastreos patrimoniales no alcanzados por las nulidades previas.
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¿Cómo funcionan los "fueros" en Brasil?
Flávio Bolsonaro perderá su jurisdicción privilegiada por primera vez en 24 años y las tres causas que se tramitan en el STF deberán seguir siendo juzgadas.
La inmunidad parlamentaria garantiza que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado sean juzgados por tribunales superiores, como el TSF, por delitos cometidos durante su mandato o en relación con él.
El propósito del fuero brasileño es preservar la independencia del Poder Legislativo frente a la persecución política, y no generar impunidad. De acuerdo a la Constitución Federal de 1988, se establece prerrogativas e inmunidades específicas para el Jefe del Poder Ejecutivo, normas que sirven para garantizar la independencia y la estabilidad del ejercicio de la presidencia del país.
Según la ley, " el Presidente de la República, durante su mandato, no puede ser considerado responsable de actos ajenos al ejercicio de sus funciones ".
