El Gobierno de Formosa salió al cruce de un reciente informe de Greenpeace sobre desmontes en el norte argentino y sostuvo que la situación de la provincia no puede analizarse a partir de estadísticas generales que agrupan distintas jurisdicciones. Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente afirmaron que Formosa mantiene un sistema permanente de monitoreo, fiscalización y sanciones que permite controlar las intervenciones sobre los bosques nativos y evitar que los desmontes ilegales avancen de manera descontrolada.
La respuesta oficial surgió luego de la publicación de un relevamiento de la organización ambientalista, que alertó sobre la pérdida de más de 40.000 hectáreas de bosques durante el primer semestre del año en provincias como Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero.
Sin embargo, desde la cartera provincial señalaron que el informe presenta los datos de manera conjunta, sin distinguir la realidad específica de cada provincia ni los mecanismos de control que aplica cada jurisdicción.
"Se mete a todas las provincias en la misma bolsa", cuestionaron desde el organismo en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), al sostener que ese enfoque impide conocer con precisión cuál es la situación particular de Formosa y cómo se distribuyen realmente las superficies intervenidas.
En ese marco, el Ministerio de la Producción y Ambiente aseguró que el control sobre el uso del suelo forma parte de una política permanente que combina la preservación de los recursos naturales con el desarrollo productivo regulado.
Las autoridades explicaron que todas las intervenciones sobre bosques nativos están sujetas a evaluaciones ambientales y a un sistema de autorizaciones previo, mientras que las actuaciones irregulares derivan en inspecciones, investigaciones administrativas y la aplicación de sanciones.
El director del Registro, Control y Fiscalización, el ingeniero agrónomo Wilson Dutra, aportó datos oficiales para contextualizar las cifras difundidas públicamente. Según indicó, de las 4.375 hectáreas mencionadas en distintos informes, alrededor de 3.078 hectáreas, equivalentes a casi el 70% del total, corresponden a desarrollos productivos que cuentan con autorización provincial.
De acuerdo con los registros del organismo, esas superficies obtuvieron previamente el correspondiente Permiso de Cambio de Uso de Suelo (PCUS), luego de atravesar las evaluaciones de impacto ambiental previstas por la normativa vigente. Asimismo, precisó que esas autorizaciones se distribuyen en 21 permisos, con un promedio cercano a las 146 hectáreas por proyecto.
Desde el Ministerio remarcaron que estos datos permiten diferenciar las intervenciones autorizadas de aquellas que efectivamente constituyen desmontes ilegales, aspecto que, según sostienen, no queda reflejado cuando las estadísticas son presentadas de manera agregada para toda la región.
Un esquema de control para frenar los desmontes
Otro de los aspectos destacados por la cartera ambiental es el sistema de monitoreo satelital que utiliza la provincia para detectar cambios en la cobertura vegetal.
Según explicó Dutra, parte de las 1.297 hectáreas identificadas fuera de los permisos autorizados corresponde a los denominados "microdesmontes", intervenciones de menor escala detectadas mediante imágenes obtenidas por los satélites Landsat y Sentinel.
La información satelital permite identificar modificaciones en el uso del suelo, verificar si cuentan con autorización y, en caso contrario, iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
Desde el Gobierno provincial señalaron además que, en los últimos años, se llevaron adelante distintos procedimientos de fiscalización ambiental que derivaron en multas y sanciones contra quienes realizaron desmontes sin autorización, como parte de una política orientada a reforzar el cumplimiento de la legislación sobre bosques nativos.
En ese sentido, sostuvieron que la discusión no debe centrarse únicamente en la cantidad de hectáreas detectadas, sino también en la capacidad del Estado para monitorear el territorio, identificar irregularidades y aplicar las medidas previstas por la normativa vigente.
Para las autoridades provinciales, el debate sobre los desmontes requiere un análisis más preciso y con información desagregada, que permita distinguir entre las superficies autorizadas para actividades productivas, las intervenciones ilegales y los mecanismos de control implementados en cada jurisdicción.
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