Venezuela no procesa a personas por sus opiniones políticas y no tiene prisioneros políticos, dijo el fiscal general del país, Tarek Saab, días antes de las tensas elecciones presidenciales que, según él, deberían ser pacíficas.
La campaña para las elecciones presidenciales, en las que el presidente Nicolás Maduro busca su tercer mandato en medio de un notable apoyo al candidato de la coalición opositora Edmundo González, ha estado marcada por la detención de personas relacionadas con la oposición, acusaciones de conspiración y advertencias sobre posible fraude.
Los grupos de defensa de derechos humanos estiman que casi 290 personas están detenidas en todo el país por razones políticas, a menudo bajo cargos de terrorismo o conspiración.
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"Aquí hay más de 300 personas presas, no por motivos políticos, sino por estar vinculados a atentados terroristas", dijo Saab a Reuters en una entrevista al final de la tarde del martes en su oficina de Caracas.
"No procesamos a nadie, yo soy titular de la acción penal, por su opinión política", dijo Saab.
La oposición ha denunciado las detenciones y otras medidas de las autoridades como esfuerzos para dañar su campaña e impedir unas elecciones justas.
El jefe de seguridad de la líder opositora, María Corina Machado, fue detenido la semana pasada y posteriormente puesto en libertad. También han sido detenidos varias decenas de aliados de Machado.
"La gente no ha ido a votar y ya dicen que es fraude", dijo Saab, añadiendo que la elección del domingo, en la que unos 21,3 millones de personas tienen derecho a votar, será pacífica.
Observadores electorales, incluidos representantes del Centro Carter, estarán siguiendo el proceso, dijo.
"La mesa está servida para que esto sea un momento súper especial", dijo Saab. Hizo un llamado a que todo el proceso electoral transcurra "en paz, un clima de respeto, que se respeten los resultados electorales".
Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) reporta oficialmente un posible fraude, será investigado, dijo Saab, agregando que no ha ocurrido fraude electoral durante un cuarto de siglo, desde que el partido gobernante asumió el poder en 1999.
La oposición no participó en las elecciones presidenciales de 2018, donde Maduro, en el poder desde 2013, ganó su segundo mandato. Su victoria de ese año es considerada fraudulenta por Estados Unidos y otros países occidentales.
Los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron en marzo un recurso de Venezuela contra la reanudación de una investigación sobre presuntos abusos de derechos cometidos por funcionarios del gobierno.
"¿Qué tiene que investigar la CPI si aquí está la Fiscalía General?", dijo Saab, agregando que 615 policías y otros funcionarios estatales involucrados en abusos durante las protestas antigubernamentales en 2014 y 2017 han sido condenados.
Con información de Reuters
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