El Gobierno alemán se ve presionado para endurecer la legislación contra la violencia digital, después de que una conocida actriz de televisión acusara a su exmarido de publicar material pornográfico generado por IA que se le parecía en cuentas falsas en internet que fingían pertenecerle.
En un artículo publicado en el semanario Spiegel, la actriz Collien Fernandes acusó a su exmarido, el presentador de televisión y productor Christian Ulmen, de suplantar su identidad en internet durante años, lo que incluía compartir ultrafalsos de contenido sexual explícito —vídeos y fotos de ella generados mediante inteligencia artificial—.
El abogado de Ulmen, Christian Schertz, dijo en un comunicado que el actor emprendería acciones legales contra lo que calificó de "cobertura inadmisible basada en sospechas" y acusó a Spiegel de difundir "hechos falsos" basados en un relato parcial.
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Ulmen no ha hecho comentarios públicos. Schertz no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters. Fernandes no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios a través de sus redes sociales y sus agentes.
El caso ha desencadenado un debate nacional sobre nuevas formas de violencia contra las mujeres en el ámbito digital y ha ejercido una gran presión sobre el Gobierno del canciller Friedrich Merz para que cierre las lagunas legales.
MANIFESTANTES EXIGEN EL FIN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Más de 10.000 personas se reunieron el domingo en la Puerta de Brandeburgo de Berlín para pedir el fin de la violencia contra las mujeres y apoyar a Fernandes, portando pancartas con lemas como "Gracias, Collien" y "La IA no convertirá nuestros cuerpos en los suyos".
Otros llevaban carteles que decían "La vergüenza tiene que cambiar de bando", parte del título de las memorias de la francesa Gisèle Pelicot, que se ha convertido en sinónimo de la lucha mundial contra la violencia sexual tras el caso de 2024 en el que su marido fue condenado por invitar a decenas de hombres a violar su cuerpo inconsciente después de haberla drogado repetidamente.
La ministra de Justicia, Stefanie Hubig, dijo que su ministerio estaba elaborando un proyecto de ley que tipificaría como delito la producción de ultrafalsos pornográficos y grabaciones voyeurísticas, con penas de hasta dos años de prisión para los infractores.
"La tecnología es nueva. Pero el motivo subyacente es antiguo. Se trata de poder, humillación y control", dijo ante el Parlamento el miércoles durante un debate sobre la violencia contra las mujeres, en el que todas menos una de las 14 personas que intervinieron eran mujeres.
En la actualidad, solo la distribución de este tipo de contenido ultrafalseado es explícitamente ilegal.
LA MINISTRA INSTA A LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA A RENDIR CUENTAS
La propuesta también facilitaría a las víctimas identificar a los titulares de las cuentas responsables de contenidos ilegales, reclamar indemnizaciones y solicitar el bloqueo de las cuentas. Está previsto que el jueves se celebre otro debate en el Parlamento.
"La violencia digital no debe ser un modelo de negocio", dijo Hubig, instando a una mayor responsabilidad por parte de plataformas como X, de Elon Musk, cuyo chatbot de IA Grok se ha utilizado para inundar el sitio con imágenes sexualizadas manipuladas.
xAI ha impuesto algunas restricciones a la función de generación de imágenes de Grok en respuesta a la polémica suscitada por esas imágenes.
"Solo cuando los hombres también alcen la voz de forma sistemática cambiará verdaderamente la vergüenza", añadió Hubig.
Fernandes dijo que decidió presentar una denuncia en España, donde la pareja vivió en su día, debido a lo que considera una protección legal más sólida de los derechos de las mujeres que en Alemania.
"Alemania es un auténtico refugio para los agresores", dijo Fernandes al programa de noticias Tagesthemen.
España cuenta con tribunales especializados en la lucha contra la violencia de género y, desde 2025, esto incluye la violencia digital, como el acoso cibernético y la difusión no consentida de imágenes privadas.
Según la justicia de Mallorca, actualmente se están llevando a cabo las actuaciones preliminares iniciadas en diciembre.
La denuncia alega falsedad sobre el estado civil, revelación de secretos, difamación pública, maltrato habitual y amenazas graves, según se indicó.
Con información de Reuters
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