Representantes de instituciones, profesionales, transportistas, trabajadores, usuarios y familiares vinculados al sistema de atención a personas con discapacidad reclamaron al gobierno de Santa Fe una mayor intervención para enfrentar la crisis que atraviesa el sector. Durante un encuentro realizado en Rosario, advirtieron sobre el deterioro de las prestaciones y cuestionaron la falta de medidas concretas por parte de la gestión de Maximiliano Pullaro para acompañar una situación que amenaza la continuidad de numerosos servicios.
La reunión se desarrolló en la sede del Colegio de Psicólogos de Rosario y contó con la participación de funcionarios provinciales, legisladores y referentes de distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad. Allí, los distintos sectores coincidieron en señalar que las dificultades económicas se profundizaron en los últimos meses y que muchas instituciones enfrentan serios problemas para sostener su funcionamiento.
Según informó el medio Rosario Plus, la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, describió el escenario como una "situación agónica" para el sistema integral de prestaciones destinado a personas con discapacidad. En ese marco, reclamó un mayor compromiso de la administración provincial y pidió que el Ejecutivo santafesino asuma un rol más activo frente a la crisis.
Entre los planteos realizados durante el encuentro figuró la necesidad de que el Gobierno nacional implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en septiembre de 2025, además de una actualización de los aranceles que perciben los prestadores. Sin embargo, los participantes también reclamaron respuestas dentro del ámbito provincial y solicitaron acompañamiento para impulsar medidas legislativas que permitan asistir al sector.
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Uno de los proyectos mencionados fue la creación de un Fondo de Emergencia en Discapacidad, presentado por Carlos del Frade y actualmente en tratamiento legislativo. Desde las entidades sostienen que la falta de asistencia económica ya provocó el cierre de algunas instituciones y que otras se encuentran al borde de suspender prestaciones esenciales para cientos de familias.
Al finalizar la reunión, los representantes del sector reiteraron el pedido al gobernador Maximiliano Pullaro para que se pronuncie públicamente sobre la situación y acompañe los reclamos ante la Nación. Para las organizaciones, la gravedad del escenario exige una participación más activa del Estado provincial para evitar que continúe el deterioro de un sistema que consideran fundamental para garantizar derechos básicos de las personas con discapacidad.
La discusión nacional detrás de la crisis
La situación que denuncian las entidades santafesinas se da en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y las organizaciones vinculadas a la discapacidad. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Ejecutivo sostuvo que cualquier incremento de recursos para el sector debe ser compatible con el objetivo de alcanzar y sostener el equilibrio fiscal, una de las principales banderas de la administración libertaria.
La tensión escaló durante 2025, cuando Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad al considerar que implicaba un aumento del gasto público sin financiamiento definido. Sin embargo, el Congreso rechazó ese veto con una amplia mayoría y ratificó la norma, que declara la emergencia hasta fines de 2026 y prevé mecanismos para garantizar el financiamiento de prestaciones, pensiones y servicios destinados a personas con discapacidad.
Aunque la ley finalmente fue promulgada, el Gobierno nacional condicionó su aplicación a la definición de las partidas presupuestarias necesarias para sostenerla y mantuvo cuestionamientos sobre su impacto fiscal. En ese contexto, organizaciones, prestadores y familias continúan reclamando una implementación efectiva de las medidas previstas, mientras las provincias enfrentan una creciente presión para intervenir ante el deterioro de los servicios.
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