Para conseguir que el FMI le arroje un salvavidas financiero, Mauricio Macri reforzó su compromiso de cambiar el sistema previsional. El primer paso lo tomará a mitad del año próximo, cuando los técnicos del Fondo le entregarán una revisión técnica al Gobierno con “sugerencias”. La modificación del régimen jubilatorio por uno de capitalización individual se encuentra entre los legados que planea el PRO desde su arribo en la Casa Rosada y se mantiene en la agenda 2019 desde entonces.

Tras incumplir con las metas establecidas en el primer acuerdo con el organismo multilateral tan solo un mes después de firmado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, perdió cualquier poder de negociación que pudo haber ostentado en un comienzo. Por esto el directorio del Fondo demoró dos meses la homologación del nuevo documento. En este, Christine Lagarde impuso serias restricciones al poder de acción del Gobierno.

No hubo fricciones en ninguno de los puntos entre el ente internacional y los funcionarios del PRO, menos aún en el séptimo, referido al sistema de seguridad social. Las visiones neoclásicas de ambos se oponen a un sistema de reparto, como el actual, por eso se comprometieron a dejarlo en el pasado. “En el próximo año continuaremos trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad (incluido comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria)”, reza la carta de intención, que lleva las firmas de Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

En los anexos aclaran que primero se enfocarán en un aparente inconveniente contable en el que incurrieron Néstor y Cristina Kirchner que “implica una cuestión metodológica compleja”. “Mientras que el presupuesto reportó un aumento inmediato en el gasto de pensiones después de 2008, nunca informó los ingresos (contribuciones) capitalizados en los activos de pensiones nacionalizados en 2008”, opinaron los funcionarios.

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Esta mera cuestión técnica tiene una interpretación sencilla. El régimen previsional argentino se fondea con aportes específicos e impuestos generales; y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se erige como un colchón dinerario para acudir temporalmente ante eventuales crisis.

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El PRO y el FMI intentan darle una vuelta al análisis y contabilizar sólo los recursos propios (contribuciones sociales) y el FGS como la base del financiamiento. De esta manera, es predecible la conclusión a la que arribarán en el informe que redactarán en junio del año próximo. Allí querrán imponer que el sistema argentino es inviable y debe reformarse hacia uno de AFJPs.

“El FMI tiene la visión de un sistema de capitalización administrado por el Estado”, graficó Emanuel Álvarez Agis. El ex viceministro de Economía entendió este punto como “otra excusa elegante para seguir reduciendo el gasto y generar superávit a costa de ajustes”. Si los tributos dejan de utilizarse también para el pago de jubilaciones, se achican las erogaciones y las posibilidades de mejoras en los haberes.

El segundo paso, por tanto, será el de proponer una nueva fórmula para la actualización jubilatoria, tras la de diciembre pasado, que perjudicó ampliamente a los adultos mayores, como le admitió la Justicia previsional al abogado Miguel Fernández Pastor. Esto recortará también las pensiones universales, que cobran a quienes el PRO les impide jubilarse por haber trabajado en negro. Hasta hace sólo un mes Dujovne intentó que los gobernadores lo apoyen para reducir estos ingresos del 80% al 70% del haber mínimo.

La siguiente observación será la de aumentar la edad jubilatoria de los 65 a los 70 años. Este “consejo” es uno de los centrales que les brinda el Fondo a todos los países a los que les dicta sus políticas económicas. Como el FMI considerará que el sistema argentino está quebrado, la frutilla del postre será “sugerir” el regreso de las AFJP, a lo que el PRO adherirá sin amparos.

El Gobierno ya trabajaba en esa agenda, como ha publicado El Destape hace más de un año. El más moderado de los funcionarios era el encargado de llevar adelante los cambios y renunció el 23 de agosto, en medio de las negociaciones. Se trata de Juan Carlos Paulucci, ex secretario de Seguridad Social, quien proponía una convivencia entre el sistema de reparto y las AFJP. Fue reemplazado por Gonzalo Estivariz, uno de los hombres fuertes de ANSES, dispuesto a que sólo queden en pie las segundas.

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