El dilema de Guzmán: entre la macro y la vida cotidiana

Un pequeño empresario productor de rollos de papel para máquinas registradoras, comenzó a experimentar en el último tiempo una mayor demanda, lo cual le generó cierto optimismo sobre la reactivación del consumo interno. Pero su realidad contrastó con las cifras vertidas por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que recientemente informaron que el consumo en supermercados cumplió su noveno mes consecutivo de caída de la demanda, experimentándose en febrero una retracción del 13,2 por ciento interanual. La conclusión a la que llegó, es que la creciente pérdida de poder adquisitivo llevó a las personas a efectuar compras de menos ítems, lo que significa más impresiones del encabezado fiscal e informativo de cada ticket, en lo que es otra de las formas de advertir la crisis del consumo interno.

En rigor, los contrastes asoman hoy en toda la economía. Y es que mientras se sostiene el trabajoso y relativo equilibrio logrado en la macro, el grueso de la población experimenta cada vez mayores dificultades en su economía doméstica, elemento no menor para trabajadores y jubilados que experimentaron reducciones del 15,4 y 20 por ciento de su poder adquisitivo, respectivamente, desde el 2015.

Tras cuatro años de neoliberalismo y uno de pandemia, el precario, pero equilibrado al fin, panorama macroeconómico, tiene tanto componentes fortuitos como otros enteramente adjudicables al gobierno. Entre los primeros, destaca la fuerte suba de las materias primas, lo cual permitió una inesperada nueva entrada de divisas, que podría totalizar en 8.000 millones de dólares extra de continuar la tendencia. La llegada de estos dólares en un contexto de fuerte restricción externa, -la alianza Cambiemos agotó todo el financiamiento posible para la Argentina-, permitió al Banco Central dejar muy atrás su posición vendedora y convertirse en comprador de divisas por más de 1.500 millones de dólares, lo que le posibilitó tanto un mayor poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario, como despejar cualquier pronóstico de devaluación. Paralelamente, aciertos como la reestructuración de la deuda con los privados, permitieron alejar los fantasmas de default, a lo cual se sumó una política de estímulo a la reactivación de algunos sectores mano de obra intensiva como la industria y construcción, claves para la recuperación de 1,9 millones de empleos sobre los 3,9 perdidos por la pandemia. Si bien es real que todo este cuadro se pondrá en juego con las futuras negociaciones con el Club de Paris y el FMI, acreedores de la Argentina en este año por 2.400 y 5.200 millones de dólares respectivamente, por el momento ninguna variable parece desequilibrar significativamente la macro.

Pero del otro lado, se encuentra una ausencia de respuesta sobre los niveles de inflación, especialmente nocivos por el incentivo a los sindicatos para que limiten las subas salariales en sus paritarias. Un combo que está afectando sobre todo a las capas más desprotegidas de la sociedad, quienes gastan el 57 por ciento de sus ingresos en alimentos, justamente el rubro que más viene aumentando en el último trimestre, con cerca de 12 puntos acumulados.
El caso de la carne es paradigmático. Según Ciccra (Cámara de la Industria y Comercialización de Carnes y Derivados), el primer bimestre de este año implicó una reducción interanual en el consumo de carne del 10,5 por ciento, lo que anualizado arroja un consumo de carne de 49 kilos per capita, es decir casi 20 kilos menos que los 68,9 kilos anuales por habitante que se consumieron en el pico de 2008.

La falta de regulación frente a la creciente demanda china, como también sobre el precio del maíz, llevó a que los cortes populares de carne sufrieran aumentos de hasta el 45 por ciento, lo cual explica en gran parte la caída del consumo de este tradicional alimento argentino. Pero es solo una demostración de las dificultades que tiene el gobierno para intervenir en los precios, sobre todo de alimentos, y lograr frenar el tobogán descendente en la calidad de vida de millones. Por eso, hoy la principal apuesta del gobierno para frenar la inflación y permitir algún tipo de recomposición del salario real, pasa por reducir el ritmo de devaluación del dólar oficial, siempre atado a la suba de precios y en especial de los alimentos, e incrementar los controles sobre oligopolios y grandes empresas que buscan recuperar rápidamente la rentabilidad perdida durante el gobierno de la alianza Cambiemos y el 2020 de pandemia. La primera opción, de diseño económico, resulta a las claras mucho más sencilla de lograr. Si bien el retraso cambiario fomenta expectativas de futura devaluación e importaciones en un contexto de escases de divisas, alcanza con que el Banco Central tomé esa decisión, junto a una necesaria y hoy posible, intervención en los dólares paralelos, para que uno de los tres principales “precios de precios” (salarios y tarifas son los otros) no incida sobre la suba de costos.

La segunda, de diseño político, es una iniciativa en la que el gobierno ha exhibido serias dificultades, desde las fallidas convocatorias a un Pacto Social para acordar precios y salarios, hasta las imputaciones a once grandes empresas por no respetar precios y stocks de los "precios máximos" regulados por el gobierno, lo cual no inhibieron fuertes subas en otros artículos y desabastecimientos parciales en productos de primera necesidad como el aceite. Ahora, la nueva apuesta es la flamante implementación, por parte de la Secretaría de Comercio, del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), por medio del cual se le solicitará información sobre stocks y precios a mil grandes empresas del comercio, la construcción y la industria, con el objetivo de detectar faltantes o aumentos en algunos eslabones de la cadena de valor, e incidir de forma directa sobre estos dos aspectos.  

Se trata de una nueva apuesta para que exhibir que el gobierno no solo da respuestas para mejorar la macro, sino que también puede hacerlo para la mejora de la vida cotidiana del grueso de la sociedad. Ya sin el Ingreso Familiar de Emergencia, el combate contra la inflación y la posibilidad de revertir la caída del salario real, será clave de cara a las elecciones