La realidad social en los barrios de la provincia de Buenos Aires alcanzó un umbral crítico en mayo. En un escenario de profunda recesión, las estrategias de subsistencia de las familias bonaerenses se han visto severamente alteradas de cara al invierno. La pulverización del poder adquisitivo transformó los hábitos de consumo cotidianos, obligando a una enorme porción de la población a recortar la compra de alimentos y a contraer deudas de forma constante simplemente para poder comer. Tal es así que 9 de cada 10 hogares declaró llegar con la soga al cuello a fin de mes y cuatro de cada 10 sacrifica comidas para fortalecer sus ingresos.
El mapa de los ingresos familiares en el territorio bonaerense muestra signos inequívocos de agotamiento extrema ante la persistente desplome de los ingresos. Un monitoreo realizado sobre 1.301 hogares —con fuerte capilaridad en 30 distritos del Conurbano, La Plata, Mar del Plata y diversas localidades del interior provincial— expuso que la brecha entre los salarios y el costo de vida es prácticamente abismal.
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De acuerdo con el relevamiento estadístico presentado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), el 86% de los hogares bonaerenses se encuentra actualmente en una situación de estrés económico mensual. El desglose de las respuestas obtenidas a fines de mayo es contundente: la mitad de las familias (47%) admitió de forma directa que no puede llegar a fin de mes sin recurrir al endeudamiento.
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En paralelo, un 39% logra completar el período bajo una fuerte dificultad, recortando de manera obligada todos los gastos no esenciales, mientras que apenas un 2% del universo encuestado manifestó tener la capacidad de ahorrar o vivir con comodidad financiera.
Sacrificar la comida para pagar deudas
La urgencia por cancelar los compromisos financieros impactó de lleno en la estructura nutricional de la población de la región más poblada del país, modificando la dinámica de los comedores y las cocinas familiares. Las deudas, lejos de limitarse a créditos formales o bancarios, se trasladaron al mostrador del barrio, afectando directamente la calidad de la ingesta diaria.
El informe elaborado por el ISEPCI revela una de las facetas más dolorosas de la crisis: más de cuatro de cada 10 familias recortan sus porciones de comida para poder afrontar sus obligaciones económicas. En concreto, el 43% de los jefes de hogar encuestados afirmó que el peso de sus deudas actuales les impide comprar la totalidad de los alimentos necesarios para el sustento diario.
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Para poder garantizar un plato en la mesa, los bonaerenses han tenido que desplegar tácticas comerciales extremas. El 16% depende del "fiado" en los almacenes de cercanía, el 14% recurre al financiamiento con tarjeta de crédito en los supermercados sabiendo que no podrá cancelar el saldo total, y un preocupante 20% debe asistir de manera recurrente a comedores comunitarios, merenderos o solicitar ayuda directa a familiares para poder alimentarse.
Tener empleo registrado ya no garantiza el plato lleno
El fenómeno de la inseguridad alimentaria —definido técnicamente como la reducción involuntaria de porciones o la supresión de comidas— dejó de ser una problemática exclusiva de los sectores desocupados o informales. El monitoreo arrojó una advertencia alarmante para la estructura laboral tradicional: el 60% de los hogares cuyo principal sostén económico posee un empleo formal y registrado padece inseguridad alimentaria.
Esta realidad se traduce en privaciones físicas concretas. El 70% de las familias de la provincia de Buenos Aires redujo el tamaño de sus porciones en el último mes por falta de ingresos, mientras que un 66% directamente admitió haber salteado alguna de las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda o cena) para estirar los recursos del hogar. Asimismo, el 77% eliminó por completo de su dieta productos esenciales como lácteos, carnes, verduras y frutas debido a la imposibilidad de convalidar sus precios comerciales.
La vulnerabilidad se extiende de forma dramática hacia las niñeces. En los hogares con menores de 18 años, el 79% de los padres reconoció que se quedó sin recursos en lo que va del año, impidiendo que sus hijos accedan a una alimentación saludable y variada.
Los datos del ponen en evidencia un entramado social donde los ingresos fijos perdieron la batalla frente a las necesidades básicas, transformando el acto cotidiano de comer en una compleja ecuación de supervivencia financiera. Mientras tanto, en casi todas sus apariciones públicas, el presidente Javier Milei insiste en que el consumo masivo vuela y que los salarios crece a un ritmo veloz.
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