Antes de la negociación, la Justicia evalúa la legalidad del acuerdo con el FMI

Mauricio Macri incumplió con el protocolo necesario para requerir el inédito préstamo, lo que puede derivar en consecuencias penales y patrimoniales para los exfuncionarios.

10 de agosto, 2020 | 18.15

Antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, comience las negociaciones con el FMI para crear un nuevo acuerdo por los malgastados U$S 46.000 millones, la Justicia evalúa la legalidad de lo firmado por la gestión de Mauricio Macri. El gobierno de Cambiemos incumplió por completo con los pasos legales necesarios para requerir el mayor préstamo en la historia, lo que puede derivar en consecuencias penales y patrimoniales para los exfuncionarios. No obstante, será un camino paralelo y que no interferirá con el diálogo que encabezará el Gobierno nacional, ya que los denunciantes tratan de que se enmiende el daño generado por el acuerdo pero fronteras adentro.

La pandemia que no nos igualó

El martes pasado, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) amplió la demanda promovida el 3 de diciembre del año pasado contra el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Se trata del expediente iniciado por Eduardo Murua de trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials.

Tal como había revelado El Destape en 2018, los informes y la documentación oficial emitida por el propio Ministerio de Hacienda y el Banco Central dan cuenta de que el crédito fue contraído en abierta violación a las normas legales y reglamentarias que determinan cómo deben tomarse las decisiones administrativas. En primer lugar, se llevó adelante sin un procedimiento administrativo ni expediente anterior. Segundo, sin dictámenes jurídicos previos, completos y emitidos por el órgano competente. Tampoco contó con el dictamen del BCRA exigido por el artículo 61 de la ley 24.156. El dinero se transfirió en base a memorandos que no se apoyan en informe, estudio o dictamen alguno que los sostengan. Por último, no se redactó ningún decreto presidencial que autorizase la firma de los funcionarios a las cartas de intención.

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Frente a tantas irregularidades en la toma del crédito más importante en la historia argentina y la del Fondo Monetario de acuerdo a su monto, el MNER solicitó al Poder Judicial que declare la nulidad con efectos modulados de todo lo actuado. Ante los desembolsos por U$S 46.000 millones de los U$S 57.000 millones del organismo multilateral, lo que imposibilita volver al estado inicial, la entidad de compañías recuperadas aclaró en su pedido que el magistrado declare la nulidad de todo lo actuado de cara al futuro para que ningún gobierno pueda tomar deuda sin cumplir con los requisitos legales. Además, solicitó que se juzgue la responsabilidad de los funcionarios que por acción y omisión permitieron que esto sucediera.

En caso de que el tribunal acceda, los exfuncionarios que participaron activa y pasivamente en el crédito multimillonario son susceptibles de consecuencias penales y patrimoniales si luego son encontrados responsables de un acuerdo concebido de forma ilegal. Principalmente por las consecuencias negativas para todo el país que generó ese préstamo, que hundió a Argentina en una deuda impagable de aún mayor cuantía, como demostró luego la renegociación de los bonos en dólares y del acuerdo con el Fondo por parte de Guzmán. Sin embargo, esta causa irá por una vía separada de los diálogos del ministro de Economía con Kristalina Georgieva, la reemplazante de Christine Lagarde.

La ampliación de demanda del martes pasado incorporó al proceso el reporte “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, publicado por la autoridad monetaria el 14 de mayo, y el informe “Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Investigación sobre la legalidad del origen del endeudamiento contraído en el año 2018. Desarrollo y resultados provisorio”, elaborado el 13 de marzo por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público.

Además, el MNER solicitó al Juzgado que habilite la intervención de amigos del tribunal (amicus curiae), así como también que cursara invitación a todos los decanatos de las universidades públicas argentinas para que los profesores de derecho constitucional y administrativo que deseen aportar al debate puedan presentarse en una temprana etapa del proceso judicial en curso. “La trascendencia jurídica, social, económica y política que reviste esta causa requiere que de una participación multisectorial, amplia y accesible. Es fundamental que todos y todas podamos comprender de qué hablamos cuando hablamos de la deuda con el FMI”, reflexionó el movimiento en un comunicado.

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