Luego que se registraran aumentos de hasta 150% y que vecinos de distintas localidades recibieran montos de entre $380 mil y $600 mil en sus boletas de luz, el defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, solicitó un informe a la empresa EC Sapem y elevó una presentación al Ministerio de Desarrollo Productivo.
En medio de la crisis que atraviesa la provincia por las medidas del gobernador Raúl Jalil, Mera dejó en claro que "hay un número de usuarios que no pueden pagar la tarifa”. El funcionario aclaró que todavía debe determinarse si los montos responden exclusivamente al nuevo cuadro tarifario, al mayor consumo registrado durante junio y julio, o a casos puntuales de sobrefacturación y errores de lectura.
La semana pasada, vecinos de la localidad de Belén marcharon contra la fuerte suba de las tarifas de energía y anticiparon que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta. Una jubilada que participó de las movilizaciones aseguró que recibió facturas de $380 mil y más de $400 mil, mientras que otros usuarios afrontan montos de $500 mil y $600 mil por cada período.
En declaraciones para Radio El Esquiú 95.3, el representante de la Defensoría del Pueblo local vinculó el problema energético con el endeudamiento familiar y aseguró que el organismo ya había advertido al Banco Central sobre el crecimiento de los créditos tomados para afrontar gastos cotidianos y cuestionó las tasas de las billeteras virtuales.
La morosidad de las familias alcanzó niveles preocupantes en Catamarca, que registró un 20,6% de irregularidad y quedó segunda entre las provincias más afectadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central.
El CEPA vinculó el incremento de la mora con el deterioro del poder adquisitivo. Según estimó, el salario real registrado cayó 8,7% desde noviembre de 2023, una pérdida que alcanzaría el 18,7% al utilizar ponderadores de consumo más actualizados.
Escuela tomada en Catamarca: le exigen cuentas claras a Jalil por fondos del comedor
Padres de alumnos de la Escuela N.º 336 “Julio Ricardo Figueroa”, de la localidad de Cóndor Huasi, tomaron este lunes el establecimiento para reclamar respuestas sobre la administración de las partidas destinadas al comedor escolar. La protesta llevó un reclamo por fondos escolares hasta la gestión provincial de Raúl Jalil y puso bajo presión a las áreas responsables de educación y asistencia alimentaria.
Las familias no presentaron públicamente una pericia que pruebe desvío de dinero ni existe una resolución administrativa o judicial que establezca una irregularidad. Su planteo consiste en conocer cuánto recibió la escuela, qué conceptos se pagaron, quién autorizó las erogaciones y cómo se justificó el uso de las partidas mientras el servicio presencial estaba alterado.
Una supervisora educativa se encontraba en el establecimiento durante la medida, pero las familias juzgaron insuficiente esa intervención y reclamaron la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación. La toma fue utilizada como mecanismo para forzar una respuesta provincial y obtener documentación sobre el circuito de los recursos.
El episodio golpea a la administración de Jalil porque el servicio forma parte de una política alimentaria que el Ejecutivo presentó como una de sus inversiones sociales centrales. En mayo, la Provincia anunció que el presupuesto mensual para comedores escolares pasaría de $438.618.000 a $1.079.908.560, una ampliación de $641.290.560 destinada a establecimientos de todo el territorio.