En medio del ajuste que también sufren los empleados estatales y jubilados catamarqueños, maestros nucleados en la Unión Docentes Argentinos (UDA) realizaron un “semaforazo” esta semana en pleno centro de San Fernando del Valle de Catamarca para visibilizar su malestar con el gobierno de Raúl Jalil.
El gremio sostiene que la administración provincial condicionó la recomposición salarial a la aceptación de un paquete de titularizaciones, lo que, a su entender, obliga a elegir entre ingresos y estabilidad laboral. La dirigencia de UDA volvió a calificar la propuesta oficial como “extorsiva”.
Según detalló el medio Diario El Norte, la vocal gremial de UDA Estela Urueña le reclamó al gobernador Jalil la aplicación del pago de haberes adeudados la misma celeridad que anunció para el nuevo sistema digital de opción de cargos. Además, remarcó que siguen pendientes los listados de titularización prometidos, un punto clave para miles de docentes que esperan regularizar su situación laboral.
El conflicto se remonta a la paritaria cerrada en marzo. En esa instancia, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta que fijó un salario mínimo docente garantizado de $870.000 por cargo, con un máximo de dos cargos por persona, y un esquema de actualización bimestral atado a la inflación. El paquete incluyó también un proceso de titularización que el Gobierno provincial difundió como parte de un “acuerdo integral”.
En paralelo al reclamo local, la manifestación también fue en rechazo al desfinanciamiento del sistema educativo a nivel nacional que impulsa el presidente Javier Milei y a la quita de partidas presupuestarias que impactan en programas y políticas escolares.
Catamarca: se quintuplicó la morosidad y una de cada cinco personas está en situación límite
Bajo la conducción de Raúl Jalil, la morosidad de las familias alcanzó niveles preocupantes en Catamarca, que registró un 20,6% de irregularidad y quedó segunda entre las provincias más afectadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central.
A nivel nacional, 20,97 millones de personas tenían deudas con bancos y proveedores no financieros de crédito en junio de 2026. De ese total, 5,91 millones se encontraban en situación de mora.
Entre los deudores morosos, 2,90 millones registraban incumplimientos exclusivamente con proveedores no financieros, como billeteras virtuales; 1,66 millones mantenían deudas únicamente con bancos y otros 1,36 millones tenían compromisos impagos con ambos tipos de entidades.
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En comparación con febrero de 2024, la cantidad de personas en mora aumentó en aproximadamente 2,60 millones, mientras que el universo total de endeudados creció en 1,60 millones.
El escenario presenta fuertes diferencias entre las provincias. La Rioja encabezó el ranking nacional con un nivel de irregularidad del 23,1%, seguida por Catamarca y Santa Cruz, ambas con 20,6%. Luego se ubicaron San Luis, con 20,5%, y San Juan, con 20%. En el otro extremo, La Pampa registró el menor nivel de morosidad, con 8,7%, seguida por CABA (10%), Entre Ríos (12,6%), Santa Fe (12,7%) y Córdoba (12,9%).
El CEPA vinculó el incremento de la mora con el deterioro del poder adquisitivo. Según estimó, el salario real registrado cayó 8,7% desde noviembre de 2023, una pérdida que alcanzaría el 18,7% al utilizar ponderadores de consumo más actualizados.