INTA: el decreto que publicará Milei elimina un instituto clave y avanza en el negocio inmobiliario

El plan de venta pretende quitarle al INTA cerca del 80% de las hectáreas de cada campo y dejarle solamente un remanente a cada una de las agencias de extensión.

05 de julio, 2025 | 16.17

La Ley Bases constituye la estructura jurídica de la Administración Milei para llevar adelante su programa miseria planifica bajo la falaz fachada del orden macroeconómico y la eficiencia fiscal. Con este paraguas (un complejo esquema de legalidad fraguada), La Libertad Avanza modificará la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y disolverá el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar. Detrás de esta decisión, pergeñada por el equipo que conduce Federico Sturzenegger, ministro de destrucción del Estado, el Poder Ejecutivo avanzará con la venta de bienes inmuebles distribuidos por todo el país en clave negocio inmobiliario.

De acuerdo al borrador del decreto al que accedió El Destape, también se avanzará en la modificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se disolverá el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo.

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El plan

Las modificaciones sobre el INTA apuntan a quitarle su carácter de organismo autárquico y sus funciones pasarán a depender de la secretaría de Agricultura. El objetivo de fondo será modificar el actual esquema de Centros de Investigación, Centros Regionales, estaciones experimentales e institutos de investigación y laboratorios. Es decir, si bien se sostendrá un consejo directivo, el Poder Ejecutivo tendrá una mayor discrecionalidad para incidir sobre la territorialidad del INTA.

El organismo tiene distribuidas por todo el país 258 agencias de extensión que son las encargadas de desarrollar tecnologías, procedimientos, nuevos cultivos y transferirlos a las comunidades de agricultores familiares o a los grandes productores nucleados en las sociedades rurales del país. En su historial cuenta con el desarrollo de más de 970 variedades vegetales en todos los cultivos significativos de la Argentina.

“El INTA tiene una gobernanza en lo institucional, que es fijar políticas públicas y llevarlas adelante, con una toma de decisiones que bajan a los Centros Regionales y de ahí a las Agencias de Extensión y los productores. La extensión territorial del INTA es clave. En Tierra del Fuego se creó recientemente una agencia experimental donde no había. De esta manera generamos soberanía en la isla. Le pedimos a sus gobernadores y gobernadores que se expresen. El INTA está en riesgo”, había manifestado Mario Romero, secretario general de APINTA –el gremio de los trabajadores del organismo- durante la reunión en la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

La defensa del territorio es uno de los objetivos implícitos del INTA, a partir de la investigación y la transferencia de tecnología que incide en la vida de diferentes comunidades y poblaciones, sobre todo en el aspecto de la agricultura familiar.

En un informe técnico previo a la redacción del decreto, el Gobierno sostuvo: “Se estima necesaria la eliminación de la obligatoriedad de los servicios de extensión fomento agropecuario y los consejos locales, integrados por funcionarios técnicos de sus respectivos servicios, productores agropecuarios, representantes de los organismos locales de las provincias adheridas”. Van por la destrucción de todo, o, mejor dicho, la reorientación de las capacidades del Estado hacia el sector privado.

En esta línea, desde La Libertad Avanza entienden otra cosa por “territorialidad”. Por eso, con lo cambios que se introducirán por decreto, se le exigirá al nuevo INTA que le informe a la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE), todos los bienes inmuebles “sobrantes” como consecuencia de la política de desguace.

El negocio inmobiliario oculto

“Primer Semestre 2025 y subsiguientes: desarrollo de operaciones de subasta pública de los inmuebles, continuando en forma semestral con el mismo proceso. Medianos y grandes campos”. Este es el plan de la Administración Milei para el organismo, según surge del denominado “Plan de Acción Comercial según superficies a disponibilizar” presentado en noviembre del año pasado y que ahora Sturzenegger pretende ponerle el acelerador a través de un nuevo decreto.

El plan de venta pretende quitarle al INTA cerca del 80% de las hectáreas de cada campo y dejarle solamente un remanente a cada una de las agencias de extensión. Tal es el caso de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Marcos Juárez, un campo para el cultivo de maíz y soja, con una extensión de 1028 hectáreas, de las cuales se pondrían a la venta 895 hectáreas. O el caso de la Estación Forestal Manuel Belgrano, ubicada en Misiones, con una superficie 2239 hectáreas, de las cuales venderían 2000 hectáreas para proyectos de forestación.

También se podría mencionar la situación de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, en LA Pampa, un campo de 3752 hectáreas, de las cuáles quedarían para el INTA apenas 450 hectáreas. Este campo, que posee una distancia de 356 kilómetros con el puerto de Bahía Blanca, es apto para la ganadería bovina y ovina y el cultivo de trigo, maíz, girasol y soja.

Estos son apenas algunos ejemplos de los 100 campos que pretenden liquidarse, de acuerdo al documento al que accedió El Destape.

En contra de la agricultura familiar

El decreto de Sturzenegger también avanza con la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar. La Ley 27.118 (Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar) había creado este instituto para establecer políticas específicas para el sector de la agricultura familiar. Dentro de su articulado, se proponía la creación de un Banco de Tierras, “con el objetivo de contar con tierras aptas para el desarrollo de emprendimientos productivos de la agricultura familiar, campesina e indígena”.

La potencia de este plexo normativo nunca llegó a ponerse en práctica, ya que la ley sancionada en 2014 tardó casi diez años en reglamentarse. El primer golpe se lo había dado la administración Macri, luego durante el interregno del Frente de Todos se actuó bajo la lógica de la parsimonia y ahora Milei viene por la estocada final.

En el fondo, lo que les molesta a los dueños del Poder Económico es la capacidad del Estado y un conjunto de organizaciones sociales de incidir sobre los territorios que son detentados por ese mismo poder económico.

En la Argentina existen cerca de 250.000 establecimiento agropecuarios de los cuales el 63,7% corresponde a la agricultura familiar, es decir, los responsables de producir alimentos a lo largo y ancho del país.

Según los datos Censo Nacional de 2002, la agricultura familiar representaba un 66% de los establecimientos agropecuarios (EAP, con 258.000 unidades) totales y cubrían 23,5 millones de hectáreas. Esto representaba un 13,5% de la superficie total de las EAP.

El Censo de 2018 arrojó que el mismo sector llegaba a 158.946 establecimientos (63,7% del total de establecimientos). En el camino se perdieron casi 100.000 establecimientos de la agricultura familiar.

En la provincia de Buenos Aires existen 36.797 establecimientos agropecuarios, de los cuales el 48,9% (17.985) son de la agricultura familiar y trabajan codo a codo con el INTA. La extensión territorial de este tipo de establecimientos es clave para la producción de alimentos en todo el país.

En el caso de Catamarca, existen 8245 explotaciones de la agricultura familiar, el 81,5% del total de los establecimientos rurales de la provincia; mientras que, en Chaco, las EAP de la agricultura familiar representan el 72,9% del total de establecimientos; en el caso de Formosa, equivalen al 76% y en Jujuy llegan al 84%.

“En términos absolutos, las provincias de Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fe concentran la mayor cantidad de pequeños productores a nivel nacional. Mientras que las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y San Luis concentran la menor cantidad de pequeños productores”, puede leerse en el informe “Pequeños Productores en la Argentina Estudio preliminar en base al Censo Nacional Agropecuario 2018”, publicado en abril de este año.

“Esta reestructuración no tiene un marco de planificación en torno a una propuesta de desarrollo rural, sino que es simplemente un conjunto de acciones ideológicas en torno de mostrar motosierras y de caminar hacia un mayor ajuste fiscal. Es decir, es una reestructuración que no está planteada en una perspectiva de un nuevo modelo de desarrollo rural”, concluyó Diego Montón, dirigente del Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI Somos Tierra) y de la Mesa Nacional Agroalimentaria, en diálogo con El Destape.