Los 12 proyectos aprobados del RIGI tienen un costo fiscal de 1813 millones de dólares

Tanto el RIGI como su variante Súper conceden un amplio conjunto de beneficios tributarios y aduaneros que reducen los ingresos presentes y futuros del Estado. Al decir del Instituto de Pensamiento y Política Pública (IPyPP), es un esquema que socializa los costos fiscales mientras privatiza la mayor parte de los beneficios económicos a un reducido puñado de empresas. ¿Cuánto representan esos ingresos fiscales no cobrados? ¿Qué otras políticas públicas actualmente desfinanciadas podrían incrementarse con esos recursos?

Estas preguntas forman parte de un reciente trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), escrito por Claudio Lozano, Ana Rameri y Mariana Rivolta, en el que se hace el ejercicio teórico de calcular una posible reorientación de recursos. Si los 12 proyectos aprobados actualmente por el RIGI insumen un costo tributario de 1813 millones de dólares, con ese presupuesto podría multiplicarse por once el presupuesto al Hospital Garrahan, se incrementaría en 130 veces lo destinado a vivienda y urbanismo o mejorar en un 30% todo el presupuesto del PAMI.

Beneficios para unos pocos

La administración Milei sostiene que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) movilizará capitales privados sin comprometer recursos presupuestarios con el argumento de que como antes del RIGI no existían dichas inversiones, el Estado estaría resignando cero pesos. Una falacia más de La Libertad Avanza.

Muchas de las inversiones ya anunciadas forman parte de proyectos previstos mucho tiempo antes de la existencia del RIGI. Aun si fueran nuevas iniciativas, el eje de la discusión pasa por la estructura jurídica de los beneficios que se les estaría entregando a un conjunto de empresas por un prolongado período de 3 décadas:

* La disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias
* La eliminación progresiva de los derechos de exportación
* Las exenciones sobre las importaciones
* El tratamiento preferencial del IVA
* El cómputo ampliado del impuesto al cheque
* La reducción del gravamen sobre los dividendos constituyen formas de gasto tributario.

Además de potenciar una economía de enclave, el trabajo del IPyPP señala que se constituye un escenario similar al de una economía de excepción con ventajas cambiarias, aduaneras y jurídicas, mientras las exigencias sobre generación de empleo, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores nacionales, agregación local de valor y abastecimiento del mercado interno resultan débiles o flexibles.

“Es como si se estuviese viviendo en una economía de excepción que concentra incentivos en minería, hidrocarburos e infraestructura exportadora y que, además de profundizar la especialización primaria, puede desplazar producción nacional mediante la importación favorecida de equipos, insumos y bienes de capital”, puede leerse en el mencionado informe.

La reorientación de los recursos tributarios

Las inversiones de los 12 proyectos aprobados llegarían a los 26.600 millones de dólares. Según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los beneficios fiscales ascenderían a los 1813 millones de dólares en el momento en que los proyectos lleguen a su pico productivo. Estos recursos equivaldrían al 6,8% del monto comprometido. Si se mantuvieran constante esa relación entre inversión y gasto tributario, un volumen total de inversiones acogidas al implicaría una renuncia fiscal cercana a los6800 millones por año.

Desde el IPyPP se tomó el dato del costo fiscal para analizar qué otro tipo de prioridades públicas podrían atenderse las cuales hoy son consideradas incompatibles con el equilibrio fiscal, según la lógica de la motosierra mileista.

Algunos ejemplos:

• Agua potable y alcantarillado: el presupuesto podría aumentar un 1305%, es decir, multiplicarse por 12,8 veces.
   
• Ciencia, tecnología e innovación: podría incrementarse un 178%, equivalente a 1,7 veces el presupuesto actual.
   
• Trabajo: podría aumentar un 288% los recursos del área, es decir, 2,8 veces su presupuesto vigente.
   
• Promoción y asistencia social: podría ampliarse un 82%.
   
• Transporte: podrían incrementarse un 72% los subsidios para la población.
   
• Educación y cultura: podría aumentar un 36%.
   
• Salud: podría incrementarse un 32%.
   
• Vivienda y urbanismo, debido a su presupuesto actual muy reducido, podría multiplicarse por más de 130 veces.

“La magnitud de los beneficios otorgados vuelve razonable exigir contrapartidas igualmente significativas en materia de empleo de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores nacionales, agregado de valor, encadenamientos productivos y sostenibilidad ambiental. Sin mecanismos claros de evaluación y exigibilidad, el riesgo es consolidar un régimen que socializa los costos fiscales mientras privatiza la mayor parte de los beneficios económicos a un reducido puñado de empresas”, puede leerse en el trabajo firmado por Lozano, Rameri y Rivolta.

Con esos mismos recursos, podrían financiarse otros gastos relevantes, como por ejemplo:

• Un incremento presupuestario para el funcionamiento del Garrahan del 1192%
   
•  Una suba de las transferencias corrientes a las universidades del 50%
   
• El Programa 1000 días podría incrementar su presupuesto en un 18.198%.
   
• El pago de salarios del sistema público nacional podría incrementarse en un 14%